Colima, Col , 24 de junio (apro)- Luego de que una mujer acusara de secuestro y extorsión a elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) destacados en la entidad, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) desmintió los hechos y aseguró que las acciones de esa dependencia “se ciñen a lo establecido por el marco jurídico vigente, salvaguardando y respetando, por la vía de los hechos, el Estado de derecho y la plena observancia de la ley y la justicia” Claudia Guzmán Ortega denunció ayer ante la prensa local que el día 22 de junio de 2004 le fueron embargados sus bienes por una deuda que tenía con elementos de la AFI, pues ésta era parte de la extorsión que dijo haber sufrido por parte de agentes de la corporación Narró que en diciembre de 2003 su hermano Julio César Guzmán fue detenido por elementos de la AFI en un taller de bicicletas donde se expendía droga, y lo acusaron de estar implicado en la venta de enervantes Cuando ella se enteró de la detención de su familiar, dijo, se presentó en las instalaciones de la PGR y se entrevistó con miembros de la AFI, quienes le exigieron 50 mil pesos para dejarlo libre, de lo contrario lo trasladarían al penal y podría recibir una sentencia de 10 a 15 años de prisión Entre los presuntos implicados mencionó al comandante Juan Carlos Funnes y al licenciado Reynaldo Guzmán Hernández, quienes al ver que no podía conseguir el dinero, le rebajaron la cantidad a 25 mil pesos Después de empeñar un lote, sólo consiguió 15 mil pesos, que le fueron recibidos y le hicieron firmar un pagaré por diez mil pesos para dejar libre a su hermano Posteriormente, manifestó la denunciante, apareció el licenciado Samuel García Cervantes con el pagaré endosado a su nombre exigiendo el pago, y al no hacerlo le embargaron sus bienes Respecto de esta denuncia, la PGR emitió un comunicado en el que precisó que a las 12:30 horas del 10 de diciembre de 2003 elementos de la AFI detuvieron a Julio César Guzmán Ortega y a otras dos personas en un taller de bicicletas ubicado en la colonia El Salatón de esta ciudad, en cumplimiento a una orden ministerial originada por una denuncia ciudadana Según la corporación, Guzmán Ortega y sus compañeros previamente habían arrojado al suelo un envoltorio con clorhidrato de metanfetamina y a fin de esclarecer los hechos y por la flagrancia del delito se decretó la retención de los inculpados, según lo establece el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales “En la declaración ministerial del inculpado, consta que negó haber traído o poseído el envoltorio con el psicotrópico asegurado en el lugar de los hechos Así mismo niega ser adicto y acepta que lo fue En el Dictamen de Integridad Física y Toxicómana realizado a Guzmán Ortega, el mismo día a las 13:10 horas, se concluye que no es farmacodependiente al consumo de metanfetamina”, señala el comunicado La corporación refirió que el 11 de diciembre de 2003, a las 08:30 horas se decretó libertad provisional bajo caución a Guzmán Ortega, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos del párrafo segundo del artículo 135 del Código Federal de Procedimientos Penales “La Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Colima subraya que, en todo momento, sus acciones se ciñen a lo establecido por el marco jurídico y reglamentario vigente, salvaguardando y respetando, por la vía de los hechos, el Estado de Derecho y la plena observancia de la ley y la justicia”, puntualizó