* No sólo el DF enfrenta altos niveles delictivos; son diversas regiones, dice México, D F, 25 de junio (apro)- La ineficacia del sistema de justicia producida por los elevados índices de impunidad, corrupción y falta de profesionalización de sus operadores, son algunas de las causas por las que se ha agudizado el clima de inseguridad no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país, afirmó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Más aún, esta situación, dijo el organismo, ha provocado violaciones de los derechos humanos como la tortura o al debido proceso, vulnerando así el Estado de derecho Frente al actual debate sobre el tema de la inseguridad pública en el país, la CMDPDH sostuvo que es cierto que existe un clima de inseguridad, empero no sólo en la Ciudad de México, sino en diversas regiones del país que merma la convivencia social y el orden público, por lo que expresó su preocupación por el creciente número de víctimas del delito Consideró que esta situación se debe, por un lado, “a la ineficacia del sistema de seguridad pública que no ha logrado implementar medidas de prevención para la atención de los delitos; y, por otro, a la ineficacia del sistema de justicia producida por los elevados índices de impunidad, corrupción y falta de profesionalización del trabajo de los operadores del sistema de justicia, la cual provoca violaciones de los derechos humanos como la tortura o las violaciones al debido proceso, vulnerando así el Estado de derecho” Resultado de lo anterior, añadió, es la creciente falta de credibilidad de la ciudadanía frente a las instituciones, lo cual es un síntoma grave en nuestra sociedad que requiere ser atendido con medidas efectivas, como una reforma adecuada en materia de justicia penal Consideró que dicha reforma debe ser democrática atendiendo al sistema de administración y procuración de justicia, y al de seguridad pública hacia las causas estructurales que producen las ineficiencias de los sistemas Sostuvo que para ello se deben tomar en cuenta las diversas recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos, entre los que se encuentran el Diagnóstico sobre la Situación de Derechos Humanos elaborado en el marco del Acuerdo de Cooperación Técnica firmado entre México y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU Igualmente, el proceso de reforma estructural y la implementación de políticas públicas, debe encaminarse a disminuir los índices de delincuencia para asegurar una inclusión de los estándares internacionales en materia de derechos humanos Afirmó que es fundamental reiterar que la implementación de un sistema de justicia y seguridad pública eficaces no se opone al respeto irrestricto de los derechos humanos, pues existen claros estándares internacionales que establecen: cómo los funcionarios responsables pueden y deben evitar el uso excesivo de la fuerza; adecuados mecanismos de investigación, persecución, prevención y sanción del delito; y capacitación adecuada a los funcionarios, a fin de combatir las malas prácticas que reproducen los operadores del sistema de justicia Apuntó que para erradicar las prácticas viciadas se requieren, entre otras cosas, adecuados y transparentes procesos de selección de los funcionarios y debida capacitación a los mismos, que permitan la asimilación efectiva de la cultura del respeto de los derechos humanos La dicotomía entre mejorar la seguridad pública y el respeto de los derechos humanos es un falso debate que deja a un lado las discusiones más importantes, que tienen que ver con la transformación del sistema de procuración y administración de justicia y de seguridad pública, así como el profesionalizar a los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, abatir la impunidad y revertir las causas estructurales que provocan la inseguridad Está comprobado que el endurecimiento de las penas o mecanismos de represión como método de lucha contra la inseguridad no provoca que disminuya la delincuencia La CMDPDH consideró importante que se desarrolle un debate sobre el tema de la seguridad pública en el que se planteen soluciones eficaces que realmente contribuyan a fortalecer un sistema de seguridad pública democrático y respetuoso de los derechos humanos, que garantice el derecho de las víctimas a una justicia pronta y eficaz “Nos solidarizamos con el dolor de las víctimas del delito, rechazamos la impunidad de la que han sido objeto, por ello, exhortamos al Estado en su conjunto a que promueva propuestas sobre la implementación de programas efectivos y adecuados de prevención que impidan prácticas violatorias de los derechos humanos y a que realice propuestas que no se reduzcan al incremento de penas que no garantizan la solución de los problemas de seguridad pública y comisión de delitos “Del mismo modo, hacemos un atento llamado a la ciudadanía a que siga de cerca este proceso y no acepte medidas que restrinjan sus derechos humanos frente a un falso argumento y sensación de mayor seguridad pública El Estado está obligado a procurar a la ciudadanía seguridad pública y garantía plena para el ejercicio de los derechos humanos y es un derecho de la ciudadanía impedir que el equilibrio entre ambos se pierda”, señaló el organismo