* ONG y legisladores promueven modelo alternativo al sistema tutelar, pues éste no funciona México, D F, 1 de julio (apro)- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el ombudsman capitalino (CDHDF) y la Red por los Derechos de la Infancia en México, coincidieron hoy en señalar que incrementar sanciones y reducir la edad penal no es sinónimo de mayor justicia Tales organismos, junto con senadores y diputados, impulsan un modelo de justicia penal juvenil adecuado a la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que erradique el actual sistema tutelar, el cual, afirman, no funciona Tras coincidir en que aumentar castigos y reducir la edad penal no significan más justicia, expresaron que el sistema tutelar en el país no funciona y se aplica el de los adultos, lo cual viola los derechos de la infancia Dilcya García Espinosa de los Monteros, directora de Reformas Legislativas e Institucionales de UNICEF en México, afirmó que reducir la edad penal no contribuye a disminuir los índices delictivos, violaría las garantías de la niñez y vulneraría la vida de los adolescentes, ya que los centros de reclusión no están hechos para ellos, sino para los mayores Categórica, afirmó que no es cierto que los adolescentes cometan delitos cada vez más graves y más violentos Aseguró que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), los adolescentes no realizan siquiera 10% de los delitos; y de éstos, ni 1% son violentos, siendo de carácter patrimonial, robo simple y daño en propiedad ajena “Las autoridades, en una búsqueda desesperada de soluciones y en aras de las demandas sociales, pretenden, mediante la reducción penal y otras medidas ejemplares, bajar la incidencia delictiva; sin embargo, a partir de las cifras antes mencionadas no podrán lograr nada”, indicó La funcionaria de UNICEF consideró que la reducción de la incidencia delictiva está en la aplicación de una política social para atacar las causas y no los efectos “Las personas que están cumpliendo una sentencia por la comisión de un delito tienden a encontrarse en situaciones de marginación y exclusión”, manifestó Por su parte, la CDHDF se refirió a la necesidad de diseñar una política pública distinta, en la lógica de la participación y el derecho de los menores a expresar su opinión Señaló cuatro elementos que pueden hacer más efectiva esta participación: el empoderamiento de los niños, las niñas y jóvenes; atender la agenda de los niños, no tenerles miedo y construir una nueva cultura que no esté basada en el control por parte de los adultos, sino en el respeto, y generar procesos y no eventos de participación Refirió datos contenidos en el documento que se presentó, y dijo que casi siete de cada diez jóvenes no asisten a la escuela en el Distrito Federal; sólo la mitad está por encima de la instrucción básica (y se supone que es la entidad que tiene más capital educativo, instituciones, oferta educativa y condiciones); uno de cada tres adolescentes y jóvenes tiene instrucción media superior completa o incompleta, y 12% de los jóvenes no estudia ni trabaja El titular de la CDHDF expresó que 5% de los jóvenes en esta ciudad vive en graves condiciones de pobreza o desigualdad, de ahí la vinculación del tema de la pobreza y la juventud, factor que al no ser atendido va a tener sus implicaciones cuando sean adultos, cuando estos jóvenes busquen trabajo, busquen casa, construyan una familia “Lo que no se haga ahorita va a tener su efecto posterior”, dijo Subrayó que la pobreza, la violencia intrafamiliar e institucional --esta última que se da en los consejos tutelares--, y el maltrato infantil, son situaciones críticas que padecen los menores de la capital; lo mismo sucede en situaciones como los niños en situación de calle, el problema de las embarazadas adolescentes, el problema del abuso sexual, la prostitución y tráfico de menores, los niños migrantes en la ciudad Por su parte, Gerardo Sauri Suárez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, señaló que los programas de seguridad desplegados por las autoridades en el Distrito Federal no están funcionando “Es grave escuchar a la iniciativa privada en torno a que los empresarios se tienen que armar porque no hay seguridad, y son niños y niñas quienes están adquiriendo este tipo de armamentos, y en lugar de articular una política local y federal para combatir este tipo de prácticas, lo que se hace es culpabilizar a los menores, convertir a los maestros y padres de familia en policías, y convertir a las escuelas en centros de reclusión”, evaluó