México, D F, 19 de julio (apro)- El colmo del cinismo Ahora resulta que quienes más perdieron con el “acuerdo” entre los cuatro bancos más grandes del país y el gobierno a través del Instituto de Protección al Ahorro (IPAB), antes Fobaproa, son los banqueros Resulta que hay que darles las gracias al los banqueros por haber “aceptado” dicho “acuerdo” para dejar de, supuestamente, tener en vilo al sistema financiero mexicano y la viabilidad del presupuesto federal para el 2005 El pasado 15 de julio se anunció de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Francisco Gil Díaz, que por fin se había llegado a un acuerdo entre bancos e IPAB para el intercambio de pagarés, y que gracias a dicho acuerdo, de los 223 mil millones de pesos que valen los pagarés que tienen en su poder los bancos y que fueron otorgados por el gobierno federal en tiempos de Ernesto Zedillo --con el aval del PAN--, se recuperarán 116 mil millones de pesos Para ser más claros, hace algunos años se nos dijo que los mexicanos debíamos pagar esos 223 mil millones de pesos, hoy esa deuda se nos redujo a 116 mil millones de pesos Supuestamente, en el “excelente” acuerdo los bancos acordaban asumir el pago de 107 mil millones de pesos a cambio de que sus pagarés Fobaproa se intercambiaran por documentos IPAB y que, incluso, se desistirán de sus amparos para que se les pueda auditar En franca violación a la ley del IPAB y con un cinismo que raya en el insulto de parte del Instituto que tiene como cabeza a Francisco Gil Díaz, este oscuro personaje que cada día da muestras de que sólo sirve a los intereses de los banqueros, interpretó la ley a su conveniencia y de los banqueros De acuerdo con la ley del IPAB para poder realizar el intercambio de pagarés Fobaproa por documentos IPAB, los bancos Banamex, Bancomer, HSBC (antes Bital) y Banorte deberían someterse a las llamadas auditorías de gestión, existencia y legalidad (GEL), revisar lo que incluyeron en el ya célebre Programa de Compra y Capitalización de Cartera que no fue sino el instrumento utilizado por el Fobaproa y estos bancos para incluir en él todos los créditos irregulares que luego pasaron a facturarse a la población en general Si los bancos aceptaban dichas auditorías quedaría una mayor evidencia de que los 223 mil pesos que valen sus pagarés Fobaproa no son legales, que abusaron de la ley y que el gobierno realizó un “salvamento” a todas luces ilegal Y como consecuencia de ello, las irregularidades se descontarían de sus pagarés Fobaproa reduciéndose de manera considerable los documentos IPAB Pues bien, tanto la junta directiva del IPAB como Gil Díaz interpretaron la ley y consideraron que primero se hacía el intercambio y luego las auditorías, lo cual resulta a todas luces ilógico Es sólo una muestra de que el gobierno de Vicente Fox está convencido, igual que Gil Díaz que la población es poco menos que retrasada mental y se va a creer aquello del gran acuerdo con beneficios para la ciudadanía Nada más falso Hoy los bancos se ufanan del “convenio” para el intercambio de pagarés y hasta se dan el lujo de hacerse los buenos samaritanos alegando que ellos perdieron más con esa firma, pues los jueces les habían dado la razón de que no se requiere otra auditoría, “y a pesar de ello, por el bien de la Nación, aceptan someterse a ella pero antes el, intercambio de pagarés” Lo que no se dice es que están violando la ley como ya se dijo aquí; pero, además, que no es cierto que los jueces les hayan dado la razón, puesto que los amparos que habían interpuesto para evitar ser auditados todavía no concluyen; pero, sobre todo, y lo más importante es que a los únicos a los que les interesaba y urgía el intercambio de dichos documentos es a los bancos y no a la población; y mucho menos a un gobierno democrático La razón es que dichos pagarés Fobaproa vencen este año y como carecen de valor alguno, para que realmente surta efecto su valor se tienen que trasportar a documentos IPAB, sin embargo, como ya se dijo, para hacer esto la ley dice que primero hay que auditarlos y si se dejaban los bancos, pues su documento valdría menos porque saldrían a la luz pública que todo el dinero que en los famosos PCCC se incluyó fue ilegal Pero cómo fue que se llegó a este acuerdo en el IPAB, el cual durante años se había resistido a realizar esta violación a la ley, pues gracias a la limpia que del organismo realizó Francisco Gil Díaz, todo empezó con despidos, renuncias por encargo hasta amenazas de muerte Así, limpió el organismo; y con gente a fin a él se aceptó interpretar la ley en favor de los banqueros para salvarlos de regresar al erario todo el dinero que impunemente se robaron y que, por cierto, el mismo auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, había considerado desde las revisiones de las cuentas públicas del 2001 y el 2002 que se actuó de manera ilegal y que los documentos no valían lo que los bancos sostienen, pero que hoy Gil Díaz ha aceptado El tema es para ripley y sólo en México con este tipo de gobierno ocurren atropellos de esta magnitud y que no hacen sino insultar a cualquier persona