México, D F, 21 de julio (apro)- La posibilidad de llevar a juicio penal a quienes en la década de los setenta fueron las autoridades responsables de reprimir movimientos sociales y armados, que buscaban un cambio radical del modelo político y económico del país, ha revivido viejas heridas que necesitan ser curadas definitivamente Sólo así el proceso de democratización del país podrá dar ese paso definitivo en esta transición en la que el pasado es más fuerte que el futuro Muchas voces hemos escuchado nuevamente Los militares, los partidos políticos, el gobierno, algunos exguerrilleros y familiares han presentado posiciones que no son nuevas pero que siguen siendo válidas Muchas de ellas están encontradas y van más allá del método elegido para tratar de sanar viejas heridas: fiscalía o comisión de la verdad Lo que en el fondo se debate son las consecuencias que traerá consigo si se decide por un castigo ejemplar o el perdón a quienes tuvieron en sus manos el poder y la fuerza del Estado y lo aplicaron en contra de civiles Los militares ya hablaron, aunque el general Clemente Vega diga ahora que al mencionar el perdón no se refirió a los miembros del Ejército que participaron en la guerra sucia, sino a todos los mexicanos El general priista Alvaro Vallarta, sin embargo, fue más explicito y habló de cerca de 300 soldados y policías que murieron a manos de la guerrilla, y advirtió que si al Ejército se le juzga por la muerte de algunos inconformes, también se tiene que llevar a juicio a quienes asesinaron a estos efectivos Por eso el Ejército se inclina por el perdón Los partidos políticos han manifestado también sus posiciones: el PRI ya fijó la defensa al expresidente Luis Echeverría Alvarez y a los miembros del Ejército señalados como parte de la represión Pero más allá del respaldo a sus militantes, el priismo de Roberto Madrazo tiene sobre todo un interés electoral en la búsqueda del perdón institucional al exmandatario Los del PAN no quieren saber nada del asunto, y los perredistas en su mayoría han optado por el castigo a quienes actuaron desde el gobierno, y el Ejército, en la guerra sucia Luis Echeverría Álvarez, Mario Moya Palencia y Julio Sánchez Vargas son los hombres que están en las postrimerías de ser consignados por petición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), pero hasta el momento no se tiene seguridad de que se les vaya a aplicar la justicia Tan es así, que ya se maneja la salida legal de que a pesar de que sean consignados, nunca pisarán la cárcel, por la mayoría de edad que tienen, como lo quisieran las familias de los afectados y sectores amplios de la sociedad No obstante estas excusas legales, lo fundamental en este caso es que se actúe y se aplique la ley que corresponde, a quienes de manera consciente del poder que tenían, lo utilizaron para desaparecer, asesinar o torturar a los que se habían inconformado contra el statu quo Se podría cuestionar si están dadas las condiciones políticas para actuar en contra de quienes gobernaron este país por siete décadas y que aún mantienen un fuerte poder en diversos sectores, como en las Fuerzas Armadas También se podría preguntar si es posible que una parte de la sociedad mexicana estaría dispuesta a perdonar a los autores de páginas vergonzosas de la historia contemporánea, con la única finalidad de no poner en peligro la frágil gobernabilidad de la gestión de Vicente Fox Borrón y cuenta nueva, proponen algunos Justicia y cárcel, exigen otros El viernes 24 es la “fecha fatal” para el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto Pero lo es también para Vicente Fox Ese es el día marcado para pedir o no la consignación del expresidente Echeverría, el exsecretario de Gobernación, Moya Palencia, y el exprocurador Sánchez Vargas, por la represión del 10 de junio de 1971 en la que murieron 39 personas Es el tiempo de saldar cuentas con el pasado para que ya no siga siendo un lastre en el presente No hay tiempo para perdonar la impunidad que por mucho tiempo ha roto la imagen de las autoridades que gobiernan el país De no aplicarse la justicia como se merece, el registro en la historia para el gobierno de Fox será que no tuvo el valor para actuar y castigar a quienes usaron el poder del Estado de manera perversa Y con ello se perderá un paso necesario para la transición democrática