México, D F, 22 de julio (apro)- Hasta el 30 de mayo pasado, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) sólo había consignado a Miguel Nazar Haro y a Luis de la Barreda Moreno (aún prófugo), extitulares de la Dirección Federal de Seguridad Proceso publicó el siguiente texto en su edición 1439: **** Los familiares de las víctimas reclaman castigo para quienes desde altos puestos de gobierno ordenaron y solaparon asesinatos, torturas y desapariciones Pero la defensa de los inculpados --entre los que destaca el expresidente Luis Echeverría-- recurre a las lagunas de documentación y, según los exdirigentes estudiantiles, aprovecha la falta de colaboración de instancias como el Ejército y la Presidencia de la República El escepticismo rodea el trabajo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y su titular, Ignacio Carrillo Prieto Pocos son quienes, como Raúl Álvarez Garín (uno de los líderes estudiantiles en 1968), confían en que el expresidente Luis Echeverría "no se puede salvar y terminará en la cárcel" El fiscal señala que, en los dos años y medio que le quedan, el gobierno de Vicente Fox buscará "la verdad histórica" de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y en la llamada guerra sucia, que establecerá en un libro blanco, dejará encaminados los juicios e indemnizará a las víctimas o a sus familiares como reparación parcial por las violaciones de sus derechos humanos durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y de Echeverría Hasta ahora, los resultados de la Femospp no han satisfecho a las partes, debido a la manera en que ese ministerio público ad hoc ha integrado las averiguaciones previas: con información insuficiente, según los representantes de las víctimas; y con prejuicios, de acuerdo con Juan Velázquez, abogado defensor de Luis Echeverría (señalado como el principal responsable vivo de cometer delitos de lesa humanidad), el exsecretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y el general en retiro Juan Sánchez Vargas El señalamiento más grave es el que le hace la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) en Guerrero "La experiencia con la Fiscalía ha sido de un absoluto fracaso a pesar de que le hemos dado la información", dice Julio Mata, secretario ejecutivo de la Afadem "La coadyuvancia no ha existido La aportación de las pruebas ha recaído en los familiares y la Fiscalía se ha negado a citar a implicados o a testigos, con el argumento de que no tiene la dirección", agrega El resultado, secunda Enrique González Ruiz, asesor jurídico de la organización, es que en más de dos años de trabajo el fiscal sólo tiene dos consignaciones con un solo detenido, "el más odiado de todos", el extitular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Miguel Nazar Haro Sin embargo, el otro director de la DFS, Luis de la Barreda Moreno, permanece prófugo Ambos fueron consignados por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro, en el caso de Jesús Piedra, hijo de Rosario Ibarra, coordinadora del Comité Eureka "La Fiscalía --dice el asesor legal-- ha tomado ese caso como una estrategia política por tratarse de un caso muy sonado, pero no se ve que vaya al problema de fondo Sabemos que habrá una nueva consignación relacionada con Guerrero, por la desaparición de Jacob Nájera Hernández, pero también tiene que ver con Eureka" El problema, dice González Ruiz, es que tan sólo en el municipio de Atoyac de Álvarez se registraron aproximadamente 450 de los más de 800 desaparecidos que hubo en el estado, y no hay ninguna consignación todavía Obstáculos La segunda consignación de la Femospp, por la que ambos exdirectores de la DFS también están implicados, tiene que ver con la desaparición del fundador de la Liga 23 de Septiembre, Ignacio Salas Obregón Su esposa, Graciela Mijares López, se apoyó en la abogada Bárbara Zamora para hacer la denuncia ante la Fiscalía El expediente ya está en el Juzgado Séptimo de Distrito de Naucalpan, Estado de México, donde Salas fue detenido y hecho desaparecer Zamora se queja a su vez: "En lugar del interés para integrar bien el expediente con el fin de ejercitar la acción penal, nos encontramos con muchos obstáculos de la Fiscalía, al grado de que tuvimos que interponer un amparo para que realizara las diligencias que se negaba a hacer", como citar al Ministerio Público que integró la averiguación sobre la balacera en que Salas fue herido, y llamar a los médicos que lo atendieron en el hospital de Tlalnepantla Más extraño todavía fue que "llevamos a una persona cuyo testimonio, sobre el caso de Salas Obregón, fue integrado al de Jesús Piedra Ibarra, cuando nunca declaró en ese expediente Una petición a la que nunca accedieron fue la de citar a Luis Echeverría como máximo responsable de los organismos de seguridad y de las Fuerzas Armadas Tampoco accedieron a nuestra solicitud para que se hiciera una inspección ocular en el Campo Militar número 1, porque el testigo que presentamos afirma que allí habló con Salas Obregón" El fundador de la Liga 23 de Septiembre fue detenido en 1974 y el testigo asegura que conversaron en un lugar del campo militar conocido como "el metro", porque era subterráneo Allí se identificaban por la voz, pues no se podían ver, asegura Eso ocurrió en 1977, "es decir, que para esa fecha todavía estaba detenido", colige la abogada Zamora solicitó a la Fiscalía información sobre un oficio membretado de la Secretaría de Gobernación, integrado en el expediente, que cita un informe según el cual el jefe guerrillero murió en un enfrentamiento y después fue inhumado "Además, les pedimos que buscaran acceso a los archivos del Ejército y no se conformaran con las piezas de información que la Secretaría de la Defensa Nacional envió al Archivo General de la Nación En la Fiscalía nunca aceptaron nuestras peticiones De la Fiscalía ya no esperamos nada", agrega Carrillo Prieto responde: "Hay casos extremos, como el de Salas Obregón, en los que es imposible intervenir, porque hay una actitud preconcebida para que las cosas sólo sean de cierta manera Ese autoritarismo privado es igualmente pernicioso que el autoritarismo público; es ajeno al funcionamiento de la Fiscalía y lo rechazo tajantemente" Abunda: "Los dolores y sufrimientos no pueden convertirse en autoritarismo Si es así, no se aprendió nada del dolor y del sufrimiento Esas necedades no ayudan a la causa de la justicia Respeto mucho a los denunciantes, como las opiniones de Rosario Ibarra No coincidimos con lo que ella opina y con otros coadyuvantes Pero me parece raro que haya quejas en este caso porque está dictado el auto de formal prisión contra quien atentó en la integridad corporal, la libertad y posiblemente la vida de Salas Obregón Me parece frívola e improcedente esa afirmación de Graciela Mijares" La defensa acusa No obstante, el trabajo del fiscal también es mal visto desde el lado de los inculpados El abogado Juan Velázquez descalifica no sólo el trabajo de la Femospp, sino también la validez de los documentos con los que se han integrado las averiguaciones "Conozco muy bien los expedientes de 1968 y 1971, y hasta la semana pasada no hay ni una sola prueba contra Luis Echeverría Hay periódicos, libros, revistas y chismes, pero ninguna prueba legal", sostiene En las publicaciones sobre los hechos que se investigan "hay interpretaciones a partir de documentos del Archivo General de la Nación que son absolutamente erróneas y subjetivas Muchos de los documentos que se interpretan carecen totalmente de eficacia probatoria Algunos no tienen ni membrete Lo publicado no es documentación oficial, para que lo sea tiene que provenir de autoridad cierta en el ejercicio de sus funciones", argumenta Velázquez El 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, continúa, hubo enfrentamientos, daños en propiedad ajena, lesiones y homicidios "Que a los responsables se les finque una investigación, pero no de una manera prejuiciada como la del fiscal, quien desde el primer día dijo que los responsables eran fulano y zutano, y que, por lo tanto, los iba a consignar" La razón de ser del fiscal especial -considera el abogado de Echeverría- es investigar y descubrir, en todo caso perseguir lo que estuviera fundamentado, no inventar Y en cuanto a la vigencia de los delitos imputados, "los hechos del 2 de octubre y el 10 de junio están absolutamente prescritos a los 14 años de haber sucedido En el extremo, el de genocidio, a los 30 años, porque no se habla de desapariciones forzadas, sino de hechos ocurridos en ese momento" A juicio de Velázquez, Carrillo Prieto tuerce la lógica jurídica y corre el riesgo de que le pase lo mismo que al fiscal especial del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, que tuvo que recurrir a una adivina Por eso, explica el litigante, "le aconsejé a Luis Echeverría que se presentara a la Fiscalía pero que no declarara, porque lo que diga, lo que sea, lo van a distorsionar Y en caso de que sea consignado tenemos la defensa en los tribunales o de plano que los jueces la desechen, porque sería notoriamente frívola y, por lo mismo, improcedente" Para Raúl Álvarez Garín, este silencio de Luis Echevería y de otros implicados obedece al supuesto de que no se podrán encontrar suficientes documentos probatorios para fincar los cargos Por eso propone que el expresidente sea llamado como testigo, no como indiciado, para que esté obligado a declarar Reitera: "Cualquier investigación bien hecha tiene que concluir que Echeverría tiene responsabilidades muy altas en los hechos del 2 de octubre, porque era responsable del gabinete en esa época En el caso del 10 de junio también, porque ordenó al regente Alfonso Martínez Domínguez que transfiriera el mando de los 'Halcones' al general Jesús Castañeda Gutiérrez Además, dio órdenes para la creación de la Brigada Blanca, que empezó a funcionar desde mediados de los setenta" El exdirigente estudiantil asegura que, en el caso de la Brigada Blanca, el actual delegado del Cisen en el DF, José Luis Valles --involucrado en el escándalo Ahumada--, puede tener información muy importante, pues cuando trabajó como secretario en ese "cuerpo represivo irregular" hubo ejecuciones extrajudiciales Por lo pronto, los exdirigentes estudiantiles ya solicitaron a la Secretaría de Gobernación que entregue las listas de todos los funcionarios de mediano y alto nivel de esa época, petición que, según Carrillo Prieto, será satisfecha Hasta ahora, los exdirigentes estudiantiles han señalado ante la Femospp a 70 personas y preparan "otro paquete bastante grande", formado por personajes que antes eran secundarios y que ahora pueden estar ocupando posiciones relevantes Álvarez Garín insiste en que a la Fiscalía le ha faltado la participación institucional, ya que, dice, "el Ejército entregó un desorden de papeles al Archivo General de la Nación y se quedó con la información completa" Al respecto, la ONG estadunidense Human Rights Watch le ha insistido a Vicente Fox que ordene a los militares que lleven a cabo una "activa colaboración" con la oficina de Carrillo Prieto La última carta se entregó en Los Pinos en marzo pasado El organismo también recomendó al presidente que solicite al gobierno de Estados Unidos la información que éste posee en "cientos de documentos concernientes a la guerra sucia" de México