Fobaproa, nueva oportunidad

domingo, 25 de julio de 2004
Aunque causa escepticismo la celebrada "reducción" del monto de deuda del Fobaproa mediante los nuevos contratos de Hacienda y el IPAB con los banqueros, el titular de la Auditoría Superior de la Federación y varios analistas esperan que las nuevas auditorías deriven -esta vez sí- en un inflexible rechazo de créditos ilegalmente incluidos en el rescate y en sanciones para los responsables de las irregularidades detectadas La Auditoría Superior de la Federación no avala, por el momento, los contratos firmados por la Secretaría de Hacienda y el IPAB con los banqueros, a través de los cuales se pretende que el gobierno absorba y legalice como deuda pública 107 mil millones de pesos para cerrar así el capítulo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) En entrevista, Arturo González de Aragón, titular del organismo auditor, manifiesta más dudas que certezas sobre el tema y revela que no le han entregado dichos contratos, por lo que carece de "evidencias" para saber si lo anunciado se apega a la ley Incluso, revela, ha solicitado a "un instituto de reconocido prestigio" -el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM- un estudio sobre el Fobaproa que incluiría una opinión sobre la legalidad de la forma en que se llevó a cabo el rescate bancario El analista financiero Mario Di Constanzo, quien fue secretario técnico de la primera comisión para investigar las operaciones del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), explica: La forma que la propia ley del IPAB establece en su artículo 5 transitorio para hacer el intercambio de pagarés Fobaproa que tienen los bancos por pagarés IPAB que le extendería el gobierno -con lo cual se cerraría y legalizaría el "saneamiento" bancario- se divide en dos partes La primera es que se realicen auditorías a las operaciones del Fobaproa y se finquen las responsabilidades económicas y legales que de ella deriven En función de ello, se evaluaría la aceptación o el rechazo de los créditos que fueron comprados por el gobierno a Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC (antes Bital) a través del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) Sin embargo, el secretario técnico de la Junta del IPAB, Mario Beauregard, comentó en diversas entrevistas, tres días después de firmado el acuerdo con los banqueros, que sólo "se revisarán las carteras y no las operaciones del fondo, pues la auditoría de Michel Mackey hizo lo segundo De la de Mackey se tuvo que haber desprendido el fincar responsabilidades" El mecanismo A raíz del rescate bancario y del PCCC, los bancos tienen en su poder los llamados pagarés Fobaproa, que suman en total 223 mil millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Dichos documentos vencen en septiembre de 2005 y en 2006, de ahí la urgencia de los bancos para intercambiarlos por papeles IPAB, ya que al momento en que la deuda se vuelva pública el gobierno tendrá que pagar ese dinero a las instituciones de crédito De acuerdo con el convenio anunciado el 15 de julio por la SHCP, de los 223 mil millones de pesos, el gobierno "recuperó" 116 mil millones Los restantes 107 mil millones quedarán sujetos a auditorías que se realizarán en un plazo no mayor de seis meses y los documentos que sean validados se sumarán a la deuda pública cuando el gobierno le extienda a los bancos un pagaré del IPAB Pero, ¿dónde quedaron los 116 mil millones de pesos o quién los pagó? El auditor superior de la Federación, con base en la información que dio a conocer Hacienda, explicó que el monto "recuperado" está constituido por tres bloques: 49 mil millones que los bancos están obligados a pagar y que representan una cuarta parte de los créditos que no se han podido cobrar; 62 mil millones de pesos que sí se cobraron y que se encuentran en un fideicomiso registrado en el informe financiero del IPAB; el resto -aproximadamente 5 mil millones- son producto de los llamados "créditos relacionados", los cuales nunca se autorizó incluir en el Fobaproa, por lo que con el nuevo contrato los bancos se comprometieron a absorber esa cantidad Por esa razón, detalla a su vez Mario Di Constanzo, es falso que con el nuevo convenio se haya logrado disminuir la deuda del Fobaproa en más de 50%, es decir 116 mil millones de pesos, pues la mayor parte de ese dinero se encuentra en un fideicomiso Al respecto, el auditor superior de la Federación considera que sí hay una primera aceptación de deuda por parte de los bancos en lo relativo a los créditos relacionados Pero se muestra escéptico, pues "se nos informa que fueron pagados por los bancos; pero queremos ver cómo: si lo absorben, si será una reducción del pagaré o si los bancos aceptaron los créditos y automáticamente viene la reducción o si hubo una liquidación Lo tenemos que averiguar" Tiros de precisión Un día antes del anuncio de la firma de los contratos con los banqueros, el auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Roberto Salcedo Aquino, envió un oficio al subsecretario de Hacienda, Alonso García Tamez, y al secretario del IPAB, Mario Beauregard, donde establece que "la ASF considera que el citado documento (canje de pagarés) presenta una ruta que busca cumplir con lo establecido en la ley del IPAB" Pero Arturo González de Aragón aclara que ello no implica que la ASF avale los contratos "Sólo decimos que ésta puede ser una buena vía, pero puede haber otra Mientras no tengamos toda la información no seremos tan irresponsables de pronunciarnos Antes sería un absurdo, no hay elementos, no contamos con los contratos, y para decir si están cumpliendo con el 5 transitorio hay que ver todo Nosotros vemos las particularidades del nuevo programa, a lo mejor en algunos casos vamos a estar de acuerdo y en otros no" El mismo programa anunciado por el secretario de Hacienda Francisco Gil establece que se da cumplimiento a las observaciones que González de Aragón hizo al Fobaproa en las cuentas públicas de 2000, 2001 y 2002, y la carta de Roberto Salcedo establece que se da cumplimiento a "la mayoría" de los señalamientos "Decimos en su mayoría porque el nuevo programa que nos enviaron señala que han sido consideradas -acota González de Aragón-; sin embargo, aquí no están, por ejemplo, los mil 800 millones de pesos de intereses moratorios de Banamex que, según nosotros, no deben ser considerados en los pagarés El gobierno argumenta que la Secretaría de la Función Pública ya los dio por solventados (los justificó), pero para nosotros no están solventados porque nunca nos han dado las evidencias que lo demuestren" Aunque ya se enviaron tres oficios a la SFP, hasta el momento no han justificado nada, "y necesitamos tiros de precisión", agrega el auditor Así mismo, la ASF sostiene que no debieron incluirse en el PCCC 37 mil 144 millones de pesos (a valor histórico) De ese monto, el gobierno insiste en que los aludidos intereses moratorios a Banamex sí se justifican; 9 mil 600 millones de pesos son irrecuperables y corresponden a bancos que ya desaparecieron (el auditor no está de acuerdo en su totalidad); 4 mil millones son de créditos relacionados, que según la información de hacienda los bancos ya aceptaron absorber; aproximadamente mil 700 millones corresponden a créditos menores de 100 mil pesos que se incluyeron en el Fobaproa y en este caso se deberán evaluar en las nuevas auditorías, junto con otros 20 mil millones de pesos en créditos que están en litigio y que, según el auditor, nunca debieron entrar en la panza del Fobaproa Para González de Aragón, la información disponible permite apreciar dos avances: lo que se ha recuperado o tendrá menor costo fiscal es lo relativo a los créditos relacionados, que en valor real significan 9 mil 500 millones de pesos, y por otra parte los bancos se desistieron de los amparos que impedían la realización de nuevas auditorías En las próximas auditorías, según el titular de la ASF, se deberán integrar los resultados de la realizada por el canadiense Mackey, que detectó irregularidades mucho mayores que las observadas por el propio González de Aragón Lo mismo propone para la investigación que realizó el excontralor del IPAB Fortunato Álvarez, quien detectó ilegalidades adicionales -los llamados "papeles de trabajo" y los banks reports de Mackey-, así como todas las observaciones de la ASF Y es que el auditor comenta que la Secretaría de la Función Pública se ha negado a explicarle qué harán con la investigación de Fortunato Álvarez, que el propio IPAB ordenó Pero aclara que estos procedimientos deben aplicarse sólo para establecer cuáles créditos deben descontarse legalmente de los pagarés La primera parte del artículo 5, referente a la "operación" del Fobaproa, es producto de una "interpretación jurídica", detalla Responsabilidades Ante el desconocimiento de los contratos, las dudas sobre el procesamiento de documentos que sustentan otras irregularidades y la certeza de que los responsables del saneamiento bancario excedieron sus facultades, González de Aragón solicitó una opinión jurídica especializada sobre la legalidad del Fobaproa El auditor acepta que el rescate bancario fue una decisión "política y económicamente indiscutible", el problema fue cómo se instrumentó Recuerda que cuando se solicitó información, le fue negada por bancos y autoridades con el argumento de que se trataba de un fideicomiso privado; "la pregunta que les hicimos fue: si era privado ¿por qué, gobierno, diste el aval?" La Secretaría de la Función Pública justificó así la actuación de los miembros del Fobaproa, quienes aceptaron a los bancos créditos que nunca debieron incluirse "El comité técnico del Fobaproa tenía todas las facultades para establecer las reglas Para nosotros fue un gran desaseo, porque no se entiende que un fideicomiso de esa envergadura, con este impacto económico para la nación, no atendiera a la transparencia Los operadores del fideicomiso debieron haber considerado una revisión a tiempo y dejar constancia de por qué actuaron o cambiaron los criterios originales que ellos mismos se habían dado Preguntamos por las bases y no se nos dio nada, porque actuaron de manera discrecional", relata el auditor Lo más grave, añade, "es que no hay manera de cuestionar válidamente, desde el punto de vista jurídico, que no debieron haber sido rescatados algunos bancos Y volvemos a entrar al problema de que era un fideicomiso privado, con un comité que podía tomar ese tipo de atribuciones Tengo preocupación con relación a eso y por eso estamos pidiendo a una institución muy prestigiada las interpretaciones jurídicas" Un ejemplo Según las bases del comité técnico, los bancos que tuvieran un nivel de capitalización de 8% no debían ser rescatados Y no se ha demostrado que Banamex y Bancomer estaban por encima de 8% Aún más revela González de Aragón: de los 25 bancos, "la mayoría tenía índices superiores a 8%", por lo que no debieron rescatarse En el mismo sentido se pronuncia el ministro en retiro, Juventino Castro y Castro: "El problema Fobaproa-IPAB es artificial, se ha enredado porque lo manejan los que son especialistas en economía y en financiamiento, y ocultan las cosas" Se va más atrás: Nunca hubo tal error de diciembre En 1994 se cumplía una deuda ya negociada, los bancos tenían cartera vencida y era evidente que iban a quebrar, entonces el gobierno decide hacer el rescate a los ahorradores, pero en realidad era el rescate a los banqueros porque éstos ya no iban a tener dinero Castro y Castro se pregunta quién impulsó al gobierno que se metiera a ayudar a los bancos, cuando su deber es ayudar a los pobres Ahora resulta, sostiene el ministro, que el gobierno sí tiene dinero para un nuevo acuerdo con los bancos, para querer hacerse de una deuda pública, y no para rescatar al Instituto Mexicano del Seguro Social Coincide con el auditor en que el fideicomiso nunca debió ser privado, "pero antes de eso, si era con fondos públicos es evidente que necesitaba el permiso de la Cámara de Diputados Ahora, si lo hicieron con fondos públicos para un fideicomiso privado, pues a mí me parece que hay un monstruoso fraude nacional" Castro y Castro considera que como consecuencia de la forma errónea en que operó el Fobaproa, sus primeros integrantes están hoy en el IPAB "para deshacer responsabilidades Como tenía tantos frentes falsos el Fobaproa, se les ocurrió el ingenio de hacer el IPAB Así, éste le pasa a aquél responsabilidades bajo ciertas condiciones, y una de esas condiciones es, evidentemente, deshacer la responsabilidad que estaba atrás" Y resume: "Si aquello (el Fobaproa) era fraudulento, éste (el IPAB) es fraudulento; aquello no fue autónomo, tampoco éste" Aunque evita hacer un análisis jurídico sobre si el IPAB está cumpliendo cabalmente la aplicación del artículo 5 transitorio de la ley que lo regula para realizar el canje de pagarés, el ministro aclara que la obligación del instituto es no interpretar la ley y cumplir paso a paso lo que se dice Un artículo transitorio no se interpreta, una ley sólo la interpreta un poder "Los problemas vienen porque no se entiende que fue una toma indebida de fondos del erario para un fin distinto, que nadie había autorizado Si nos ponemos a discutir adelante (como lo que hoy hacen el IPAB y los bancos sobre los créditos, y no la operación el fondo) nos estamos olvidando de la esencia, y la esencia es que todo de origen está mal Pero empieza a pasar de una mano a otra, y en los pasos que dan todavía dicen: 'Y si no tienes muy claro lo que vas ha hacer, las mismas personas involucradas en esto desde un principio son las que te van a explicar' Evidentemente, van a hablar a favor de los intereses que representan", sostiene Advierte que en el origen fraudulento del Fobaproa intervinieron muchas autoridades para llevarse el dinero público, y ahora todo mundo pide "perdón y olvido La mejor palabra que encuentro para esto es que hubo un contubernio entre autoridades y banqueros" Por lo tanto, establece, nadie debe nada del Fobaproa, ni los mexicanos ni el gobierno Banqueros y autoridades fueron los autores intelectuales del fraude y la Cámara sigue con su indolencia La solución a esto es política y la única que puede impugnar todo lo que está ocurriendo es la Cámara de Diputados con las herramientas que le dé la Auditoría Superior de la Federación Para concluir, González de Aragón advierte que tras la firma de las auditorías, la ASF revisará todas las operaciones y hará uso de la opinión jurídica que solicitó Quienes realicen la revisión deben tener mucho cuidado, porque un solo peso que se entregue en forma ilegal va a generar daño a la nación, lo que derivará en responsabilidades económicas, administrativas y penales

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