PGR: Persecución selectiva del delito

martes, 27 de julio de 2004 · 01:00
* Van con todo para procesar a AMLO, pero en Querétaro un caso similar sobre un predio no tiene castigo México, D F, 26 de julio (apro)- La Procuraduría General de la República (PGR) mide con dos varas la presunta comisión de un mismo delito: En el Distrito Federal solicitó quitar el fuero al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para ser procesado, presuntamente, por haber incurrido en el delito de abuso de autoridad por desacatar la orden de un juez sobre el predio El Encino; pero en Querétaro, en un caso igual sobre un predio denominado Caldera Vieja, simplemente no ejerció acción penal para el alegato de que el mismo delito no tiene castigo Un juez de Distrito en Querétaro acreditó que el alcalde de Jalpan de Serra, el priista Leodegario Ruiz Esquivel, y otros funcionarios municipales desacataron su orden de suspender provisional y definitivamente obras en el predio del que indebidamente se apropiaron para construir un centro recreativo con toboganes y alberca Sin embargo, aunque la PGR reconoció que si bien el juez encontró la verdad legal y se cometió desacato, tal como acusa a López Obrador por abrir una calle para un hospital, difirió de esa “apreciación” y decidió no ejercer la acción penal por el delito de abuso de autoridad Justificó su decisión bajo el argumento de que el Código Penal no establece específicamente la pena, a cuya conclusión llegó luego de revisar los 12 supuestos que configuran el delito y las sanciones que prevé El Ministerio Público Federal en Querétaro afirmó, al respecto, que no existe “supuesto alguno que tuviera adecuación en el caso de la violación a una suspensión decretada en el juicio de amparo, ante lo cual debe estimarse que en ese sentido existe una falta de penalidad para el supuesto, ya que si bien se hace referencia a que será sancionada conforme a las penas que se establecen para el delito de abuso de autoridad, en la misma forma no hace referencia alguna a cuál o cuáles de las fracciones o diversos supuestos equivaldría la penalidad para este caso” El dictamen del agente del Ministerio Público Federal de San Juan del Río, Gerardo Cruz Bedolla, fue ratificado por el delegado de la PGR, Armando del Río Leal, y por Alfredo Acosta Ramírez, auxiliar del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha “Este un caso igual a lo que está pasando con El Encino y se evidencia que la conducta de la PGR varía dependiendo a quién se tiene en el otro lado”, afirma Hilda Vargas Macedo, abogada de los afectados, María Teresa Díaz de Montes y su hijo Manuel Montes Díaz --¿Dos varas para un mismo delito? --Sí Es una circunstancia igual En este caso, al político lo tuve como acusado y soy un simple particular Y allá la circunstancia es diferente, por las pugnas políticas entre dos partidos Aquí se evidencia la línea Son cuestiones de disfraz jurídico Compara: “El procurador Macedo de la Concha dice que la PGR busca en el caso de López Obrador la verdad legal Y en nuestro caso el propio Ministerio Público Federal reconoce que el juez encontró la verdad legal, al demostrarse que hubo desacato Pero no hizo nada” Caldera Vieja La historia del caso de Caldera Vieja, semejante al de El Encino en el Distrito Federal, comenzó en febrero del 2002, cuando el Ayuntamiento de Jalpan de Serra, un municipio ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro, se apropió de una porción de 36 mil 435 metros cuadrados del predio, propiedad de la señora Teresa Díaz viuda de Montes La señora demandó al ayuntamiento y, aunque perdió en primera instancia, un tribunal estatal resolvió que, efectivamente, la propiedad era de ella y que la donación que alegaban los funcionarios municipales era falsa, por lo que se ordenó la entrega del predio con todos los bienes El 3 de abril, acompañado de un notario público, se hizo la entrega de la propiedad Pero un par de horas después, al regresar de comer, el señor Montes Díaz se encontró con dos patrullas y agentes que le obstaculizaron el ingreso al predio, donde se había iniciado la construcción de un parque recreativo denominado “Bosque de la solidaridad” Los afectados procedieron a presentar una demanda de amparo que recayó en el Juzgado Segundo de Distrito, cuyo titular, Rodolfo Pedraza Longi, ordenó el 25 de abril la suspensión provisional, con el fin de que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y no sea desposeída del predio” la propietaria, mientras resolvía si otorgaba la suspensión definitiva Sin embargo, de acuerdo con el expediente del que Apro tiene copia, el ayuntamiento siguió con las obras, como lo reconoció ante el juez el alcalde priista Ruiz Esquivel, quien declaró, el 27 de mayo, que “…seguían desarrollando obras dentro del parque…”, lo que acreditó que se violó la suspensión ordenada por el juez Los trabajos para la construcción del centro recreativo, que contaría con alberca, toboganes y palapas, continuaron, aun después de que las autoridades municipales fueron notificadas por el juez de la suspensión provisional, el 20 de mayo del 2002 Los afectados presentaron, en junio de ese año, una queja ante el juez, sobre la violación de la suspensión provisional, aunque en esta ocasión el alcalde dijo que, si bien el ayuntamiento conservaba la posesión del predio, “por parte de éste no se han ejecutado actos que violen la suspensión concedida” y que las obras las hacía la Secretaría de Turismo del gobierno del estado Para entonces ya se había emitido el decreto para expropiar el predio, según oficio del gobierno del estado del 8 de mayo, y del cual los afectados fueron notificados hasta un mes después, el 8 de junio Fue hasta casi un año después, el 28 de marzo del 2003, que el juez, una vez que conoció los informes de las autoridades responsables y desahogadas todas las pruebas, emitió su fallo: “Es fundada la violación a la suspensión provisional denunciada por la quejosa María Teresa Díaz de Montes, atribuida a las autoridades responsables” El presidente municipal, Leodegario Ríos Esquivel, los regidores María Soledad Velásquez Ibarra y Quintín Zárate González, así como el secretario del Ayuntamiento, José Luis Flores Palacios, no combatieron la sentencia, por lo que quedó firme “El amparo que habíamos solicitado se sobreseyó, porque el decreto cambió la situación jurídica del predio, pero se demostró el desacato a la orden del juez El delito se cometió y la PGR se lavó las manos”, explica la abogada Vargas Macedo En efecto, como el Ministerio Público Federal no actuó después de haber sido notificado del fallo del juez, el afectado Manuel Montes Díaz presentó una denuncia de hechos, el 4 de junio del 2003, a la que le añadió los delitos contra la administración de la justicia, falsedad en declaraciones y lo que resulte, cuya averiguación previa quedó registrada con el número 101/D/2003-VIIA El 28 de agosto, el agente del Ministerio Público de San Juan del Río, Gerardo Cruz Bedolla, dictó un acuerdo mediante el cual ordenó consultar el no ejercicio de la acción penal, pese a que reconoció que el juez acreditó que se había violado su orden de suspender la obra El juez no tiene razón: PGR El Ministerio Público, de plano, no estuvo de acuerdo con el fallo del juez: Es de estimarse que esta representación social difiere de la apreciación realizada por el Juzgado de Distrito al resolver la denuncia de violación de suspensión provisional y si bien dicha resolución se encuentra firme y tiene carácter de irrevocable, la misma no vincula a esta fiscalía de la Federación Ni supedita la actuación de la investigación y persecución de los delitos conferidos por imperativo constitucional al Ministerio Público, dado que se estima que no se encuentran debidamente satisfechas las exigencias para que concurra en la especie de delito de abuso de autoridad por violación a la suspensión provisional, y si bien la determinación de la autoridad judicial establece la verdad legal, no menos cierto es que la investigación de conductas ilícitas tiene como finalidad el esclarecimiento de la verdad histórica para el efecto de determinar si una persona ejecutó o no una conducta que la propia legislación penal describe de manera abstracto (sic) y por tanto sea típica, culpable y punible Enseguida, “poniéndose como abogado de los responsables”, dice la abogada Vargas Macedo, el Ministerio Público apunta: Lo anterior es así dado que en el supuesto de la verdad legal puede ocurrir que por falta de la debida atención y asesoría jurídica de las personas involucradas en la litis, pudieran dejar de impugnarse resoluciones que no son del todo ajustadas a derecho, como se advierte que sucedió en el caso concreto que se estudia, puesto que no se interpuso medio de impugnación en contra de la determinación judicial que resolvió la denuncia de violación a la suspensión, aun y cuando, como más adelante se precisará, no se colmaron debidamente los supuestos procesales que el propio tribunal de amparo refirió ser necesarios para tener por justificada dicha violación El fiscal de San Juan del Río explica que si bien el artículo 206 de la Ley de Amparo señala que “la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado será sancionado en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”, ese delito tiene diversos supuestos Luego de enumerarlos, concluye que ninguno de ellos tiene adecuación al en el caso de la violación a una suspensión decretada en juicio de amparo, “ante lo cual debe estimarse que en ese sentido existe una falta de penalidad para el supuesto, ya que si bien se hace referencia a que será sancionado conforme a las penas que se establecen para el delito de abuso de autoridad, en la misma forma no hace referencia alguna a cuál o cuáles de las fracciones o diversos supuestos equivaldría la pena en este caso” Tampoco, detalló, se cometieron otros delitos y, por tanto, procedió a consultar el no ejercicio de la acción penal al delegado estatal de la PGR, Armando del Río Leal, y al auxiliar del procurador Rafael Macedo de la Concha, Alfredo Acosta Ramírez, quienes respaldaron el dictamen, el 30 de septiembre del 2003 Pero ahora, ya no aludieron al delito de abuso de autoridad, sino contra la administración de justicia, y concluyeron que no fueron las autoridades municipales las que estaban a cargo de la obra en Caldera Vieja, “sino a cargo de un contratista y derivado por el contrato de obra pública, celebrado entre el gobierno del estado de Querétaro, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con la empresa Jardinería y Arquitectura del paisaje, SA de CV” Pero como el gobierno del estado y esa secretaría “no fueron señaladas dentro de la demanda de amparo como autoridades responsables”, no puede haber “violación a la suspensión provisional” y por tanto se cometió el delito contra la administración de la justicia “Todo ha sido un cúmulo de irregularidades”, dice la abogada Vargas Macedo, quien inclusive entregó el expediente al presidente Vicente Fox para enterarlo, pero no ha pasado nada en un caso, insiste, que es semejante al que enfrenta López Obrador con el predio El Encino Cuando todavía está pendiente el pago por la expropiación, concluye: “Nos estamos peleando con el poder Es un enjuague de intereses”

Comentarios