Poco más de medio millar, las recomendaciones contra la tortura

martes, 27 de julio de 2004
* Investigadores de la CNDH presentan libro sobre el tema México, D F, 26 de julio (apro)- El ombudsman nacional reconoce que, pese a todo, la tortura continúa siendo aplicada en el país, ya sea como instrumento de investigación en el procedimiento judicial o como castigo en los casos de persecución de delitos políticos, así como sistema disciplinario en las prisiones A lo largo de su existencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las 32 comisiones estatales han emitido un total de 588 recomendaciones en casos relacionados con la tortura Tan grave ha sido y es el problema, que la CNDH, a lo largo de sus 14 años de existencia, ha recibido por ese motivo 84 mil 689 quejas Los datos son contundentes Las seis principales autoridades destinatarias de esas recomendaciones son las procuradurías locales, con 49%; Procuraduría General de la República, 14; alcaldías, 5; dirección o Coordinación de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito en todo el país, 3; Procuraduría Militar, 2, y Procuraduría capitalina, 2 En el restante 25% se encuentran incluidas diversas autoridades De esas recomendaciones, 49% están totalmente cumplidas; 21%, parcialmente cumplidas; en 6% su cumplimiento fue insatisfactorio; otro 6% no fueron aceptadas, y 18% se encuentra en estado diverso Durante la presentación del libro “Algunas notas sobre la tortura en México”, los investigadores de la CNDH, Ricardo Hernández Forcada y María Elena Lugo Garfias, coincidieron en señalar que el problema de la tortura difícilmente se podrá erradicar Explicaron que la obra, que da fe de la gravedad del problema de la tortura en el país, detalla las acciones emprendidas en contra de ese flagelo a partir de la creación de la CNDH, hace 14 años En su análisis se puede favorecer la creación de un diagnóstico y dar pie a propuestas concretas que contribuyan a la supresión de esa práctica Se señala que en México, tras la firma de diferentes convenios internacionales, se han tomado medidas radicales en ese sentido, incluyendo las legislativas, que establecen sanciones de tipo penal Sin embargo, la numeralia que presentan es elocuente: Los autores destacan que en 65% de los casos han sido elementos de la Policía Judicial, del ámbito federal o local, los servidores públicos que torturaron Así mismo, que a 92% se le torturó en busca de obtener una confesión que permita involucrar a los agraviados en delitos; en 23%, la intención fue involucrar a los agraviados en delitos contra la salud; en 20%, en homicidio; en 20%, en robo, y en 6%, en secuestro En 76% de los casos la tortura se concretó durante la detención, mientras el agraviado se encontraba bajo custodia del agente aprehensor En 46% se realizó en las instalaciones policiacas, y en 26% en lugares diversos Los autores recurren a la historia constitucional para precisar el momento en que se prohíbe la tortura como pena o como instrumento de investigación El trabajo reúne los tipos penales de tortura en cada una de las entidades federativas y analizan sus semejanzas y diferencias Explicaron que los métodos que más se emplearon para torturar fueron: a) físicamente: golpes, 27%; vendar los ojos, 8%; aplicación de agua simple o gaseosa en la nariz, boca u orejas, 7%; aplicación de descargas eléctricas, 6%; colocación de bolsa de plástico en la cabeza, 6%, y atar de manos y pies, 5%; y b) mentalmente: amenazas, 69%; desnudar a las víctimas, 15%, y colocar un arma de fuego en la sien, 7% Los investigadores tratan también el derecho internacional, particularmente lo referente a los instrumentos de tortura y el Protocolo de Estambul y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura Relatan cómo los organismos públicos de derechos humanos conocen de cerca los casos de algunas de las víctimas de tortura, y han recibido sus quejas y solicitado informes a las autoridades respectivas Destacan cómo una vez concluido el análisis y luego de reunir evidencias contundentes de dicha violación a los derechos humanos, se emiten las recomendaciones correspondientes

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