* Debe anularse el contrato que benefició al empresario Fernando Cano, opina candidato de AN Tampico, Tamps , 27 de julio (apro)- El aspirante a la gubernatura, Gustavo Cárdenas, consideró que el contrato con el que el fideicomiso Nuevo Santander vendió mil 600 hectáreas de terrenos industriales de Altamira al empresario Fernando Cano debe ser anulado, porque el patrimonio estatal no debe ser utilizado para beneficiar a particulares En conferencia de prensa, el también senador se comprometió a dar seguimiento a este caso el cual es investigado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión La venta de los terrenos del puerto industrial de Altamira, que habían sido donados por la Federación, fue concretada desde el 2002 a un precio de 87 centavos el metro cuadrado a favor del empresario de la construcción, Fernando Cano, quien ha sido señalado como prestanombres del gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba La fracción panista de la Cámara de Diputados solicitó un punto de acuerdo para realizar una investigación sobre este caso, el cual se encuentra actualmente en comisiones “Seguiré muy de cerca este caso en el Congreso de la Unión, que se apegue a la normatividad, porque es de interés para la ciudadanía saber si la venta fue fraudulenta o no, y si se están lesionando los intereses del pueblo”, dijo Agregó que de acuerdo con el decreto de donación de la Federación al estado, el terreno debió ser destinado para la promoción, desarrollo comercial e industrial no contaminantes, “situación que no se ha dado”, refirió “Este tema como muchos otros no pueden pasar desapercibidos; como legislador me toca actuar porque no podemos jugar con el patrimonio de los tamaulipecos, y como próximo gobernador no permitiré se lesione la hacienda pública estatal”, afirmó Cárdenas Gutiérrez se pronunció por que el contrato de compra-venta se anule si éste beneficia a una sola persona y no a toda la comunidad En la rueda de prensa, el senador estuvo acompañado del diputado local Luis Alonso Mejía, quien presentó una denuncia en la Procuraduría de Justicia del estado en contra del gobernador por la supuesta venta fraudulenta de los terrenos, que habían sido expropiados desde 1982 a grupos ejidatarios con fines de utilidad pública