Una red de corrupción integrada por agentes de Migración, de la Policía Federal Preventiva y de otras corporaciones es investigada luego de iniciarse una operación de limpieza para detener el tráfico ilegal de personas, la mayoría extranjeros que utilizan a México como puente para llegar a Estados Unidos Sus actividades ilícitas incluso han costado la vida a varios migrantes Planeada para desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de indocumentados de diversas nacionalidades, una investigación de las autoridades mexicanas desembocó en las entrañas mismas del Instituto Nacional de Migración (INM) -organismo federal encargado, entre otras cosas, de regular la situación migratoria de los extranjeros que entran a territorio nacional-, donde fue descubierta una intrincada red de corrupción que protegía a bandas de polleros, en la cual tomaban parte decenas de servidores públicos y en la que, según la Procuraduría General de la República, podrían estar implicados incluso funcionarios de alto nivel Como parte de las pesquisas emprendidas, que continúan hasta la fecha, alrededor de 150 servidores públicos del INM -organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación- son investigados por su presunta participación en el negocio del tráfico humano, consistente sobre todo en la movilización ilegal de personas de diversas nacionalidades hacia Estados Unidos, independientemente de los 44 funcionarios y exfuncionarios que en marzo pasado fueron detenidos con base en las mismas indagatorias Entre el grupo de detenidos se encuentra Artemisa Aguilar Moreno, quien trabajaba en Migración como secretaria Su caso ha sido polémico porque se trata de la suegra de un expublicista del presidente Vicente Fox, Santiago Pando, quien asegura que ella es inocente y que los delitos que se le imputan fueron fabricados por la Procuraduría General de la República (PGR) En la investigación referida, que comenzó en 2002, participan la Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de la Función Pública y la PGR Actualmente, las pesquisas se concentran sobre todo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en la delegación del INM en el estado de Tabasco, asegura un funcionario que toma parte en las indagatorias y quien pidió ser mantenido en el anonimato Las formas de operar de las redes de corrupción asociadas al tráfico de personas son complejas y están bastante depuradas De acuerdo con información obtenida de diversas fuentes que están al tanto de las investigaciones, se detectó que varias autoridades se dividen las parcelas de corrupción en el aeropuerto y que ahí mismo algunos agentes de Migración "controlan" el tráfico de indocumentados en las salas internacionales, en tanto que los de la PFP lo hacen en las salas nacionales, especialmente con migrantes centroamericanos Todos esos oficiales, a su vez, con el dinero ilícito que obtienen de los traficantes, hacen una polla para repartirla entre elementos de otras corporaciones asignadas a la estación aeroportuaria La mayor parte de los movimientos ilegales de extranjeros en el aeropuerto se realizan prácticamente todos los días en la Puerta Frontera, que se ubica cerca de la Sala 18, en donde se encuentra un puesto de control de Migración y, no lejos, otro de la PFP Lo extraño es que todos estos movimientos se efectúan en un aeropuerto que cuenta con 170 cámaras de circuito cerrado de televisión Un funcionario que interviene en las pesquisas asegura que, en el caso del estado de Tabasco, el personal de Migración protege el tráfico de personas procedente de Guatemala a través de las poblaciones El Martillo, Francisco I Madero, La Palma, Jolochero, El Chamizal, El Tinto, Cenote, Revancha y Arroyo -en la frontera Tenosique-Balancán-, como lo establece un resumen de la investigación denominada "Dos/Verde", efectuada por inteligencia militar y la Secretaría de la Función Pública y cuya copia tiene este semanario Igualmente, el documento advierte sobre la presencia de más actividades ilícitas en las comunidades Sueños de Oro, La Palma y Gregorio Méndez, en las que operan traficantes, y revela que los apagones que ocurrían cada semana en la comunidad El Martillo eran provocados por "la red de protección del tráfico humano" que encabezaba el agente Guillermo Ancona -detenido el 19 de marzo pasado- para permitir el paso masivo de inmigrantes También se encuentra bajo investigación el personal de la Coordinación de Regulación Migratoria del INM, por ser el área encargada de autorizar todos los permisos de permanencia y regulación del estatus migratorio a los extranjeros que se encuentran en territorio mexicano En la actualidad, dicha oficina es dirigida por Joaquín Blanes, vinculado al equipo del exsubsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Javier Moctezuma Barragán En dicha área, las autoridades detectaron el robo de formas migratorias que son vendidas ilegalmente a los polleros, quienes las usan como documentos oficiales para proteger el tráfico humano, considerado por los gobiernos de Estados Unidos y México como la actividad delictiva más redituable, después del narcotráfico Jalando los hilos En entrevista con Proceso, José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), confirma que la investigación continúa y alcanza incluso a funcionarios de alto nivel "(La investigación) sigue y nos falta Seguimos investigando (El aeropuerto) lo tenemos en investigación; aún hay 13 órdenes de aprehensión pendientes de cumplirse, incluso de algunos funcionarios de mayor jerarquía que están involucrados", señala, y añade que "la corrupción de algunos de los funcionarios ya detenidos o que están bajo investigación provocó hechos tan lamentables como la muerte de 18 personas en Victoria, Texas", ocurrida en mayo de 2003 El 23 de marzo último, los secretarios de Gobernación y de la Función Pública, Santiago Creel y Eduardo Romero Ramos, respectivamente, y el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, anunciaron la captura y consignación de 44 funcionarios y exfuncionarios de Migración, entre ellos elementos de algunas corporaciones policiacas, como parte de lo que llamaron "Operación Limpieza" Todas esas personas formaban parte de una red de protección institucional de traficantes que operaba en 12 estados del país Incluso, algunos servidores públicos fungían como polleros Creel y Romero Ramos dijeron entonces que la citada operación continuaba y que aún estaban pendientes de ejecutarse 13 órdenes de aprehensión contra cómplices del grupo "Los servidores públicos apoyaban el arribo y traslado de inmigrantes hacia la frontera norte del país, proporcionaban documentos oficiales en forma ilegal y facilitaban también el ingreso de cientos de personas al territorio estadunidense de manera ilegal", explicó el secretario de Gobernación A partir de las primeras investigaciones, el gobierno de Estados Unidos inició sus propias pesquisas sobre esta red de corrupción y sus nexos con las organizaciones del tráfico de personas, de acuerdo con indagaciones de Proceso Esas pesquisas se iniciaron poco antes de la crítica que, el 14 de junio pasado, lanzó el secretario de Estado Colin Powell al dar a conocer el Informe anual 2004 sobre el tráfico de personas, en el que colocó a México en "una lista de observación", toda vez que, según las autoridades estadunidenses, en este país persiste el problema del tráfico de personas para la explotación sexual y laboral, con un control policial "disparejo" A partir de una denuncia que el organismo civil Sin Fronteras presentó en 2002 sobre diversas irregularidades detectadas en la estación migratoria de Iztapalapa, unos 150 agentes de la PFP y de la Secodam irrumpieron en dicho centro la madrugada del 12 de octubre de 2002, retomaron el control del mismo y detuvieron a 60 agentes migratorios y extranjeros implicados Las autoridades actuaron con base en las declaraciones de tres extranjeros: un cubano, un venezolano y un angoleño (este último identificado como Jeremías), quienes revelaron las irregularidades imperantes en la estación migratoria, que era controlada por un ciudadano hindú y los agentes de Migración En esa acción, la policía aseguró 300 armas blancas, casi 20 teléfonos celulares, dinero en efectivo, cajas de medicinas, droga, fotografías de una red de prostitución por Internet y credenciales del Instituto Federal Electoral en proceso de falsificación Se obtuvieron evidencias de que los agentes del INM exigían dinero a los extranjeros detenidos en dicha estación para sacarlos de allí mediante documentos migratorios autorizados ilegalmente Vasconcelos sostiene que después de esa operación, la subprocuraduría a su cargo recibió más testimonios e información anónima sobre la corrupción en el INM, una parte de la cual fue corroborada por la PFP y la PGR "Desde entonces, se siguió jalando el hilito y muchas investigaciones han ido a dar al corazón del Instituto Nacional de Migración, porque algunos empleados corruptos permiten la actuación de las organizaciones del tráfico de personas", explica Incluso antes de que se hiciera el anuncio de la Operación Limpieza, la Coordinación de Inteligencia para la Prevención de la PFP ya llevaba un año y medio realizando su propia investigación sobre el asunto, de la cual este semanario tiene una copia El objetivo principal de la investigación fue "Juan Hernández Ramírez (El Bigotes), supervisor de Servicios Migratorios del INM, quien aparte de traficar con indocumentados sustraía y realizaba manejo ilegal de documentos oficiales desde el interior de la Coordinación de Control y Verificación Migratoria a la que estaba asignado" Conectado con las principales organizaciones de polleros en las fronteras norte y sur, "Hernández traficaba con personas de nacionalidad brasileña, salvadoreña, cubana, ecuatoriana, checoslovaca, húngara, argentina y china, entre otras" Por ejemplo, la Federal Preventiva obtuvo pruebas de que, el 14 de agosto de 2002, un individuo de nombre Ramón Amandi le solicitó a Juan Hernández que lo ayudara a sacar de la estación migratoria a cuatro cubanos que habían sido asegurados el día anterior en el aeropuerto capitalino antes de abordar el vuelo 240 de Aeroméxico, con rumbo a Matamoros, Tamaulipas El 16 de agosto, los cuatro cubanos -Roberto Calzadilla Aedo, Karen Roque Vidal, Mirel Monroy Oliva y Yamilka Teijiro Fernández- abandonaron dicho centro porque "acreditaron" estar legalmente en el país, ya que presentaron autorizaciones firmadas por Héctor Partida Caballero, jefe del Departamento Técnico Operativo, para salir del territorio nacional Otro caso documentado por la PFP en el que apareció de nuevo el nombre de Juan Hernández fue cuando las autoridades detuvieron a cuatro ecuatorianos en el aeropuerto de Tijuana, Baja California, el 26 de septiembre de 2002 De los extranjeros detenidos -tres mujeres y un hombre-, dos traían consigo documentos falsos proporcionados por Hernández; la PFP había registrado que el funcionario del INM avisó por vía telefónica a un contacto que los ecuatorianos viajarían en un vuelo de Aviacsa Además, según la investigación de la Federal Preventiva, la red de El Bigotes también brindaba protección institucional a propietarios de centros nocturnos de la Zona Rosa, en la Ciudad de México, en especial donde trabajan mujeres extranjeras, como el club Solid Gold, ubicado en la calle de Londres y con una sucursal en la zona de Copilco "Por esa actividad de protección, Juan Hernández acude a recibir de manera personal, los días 20 de cada mes, una cantidad de dinero en efectivo no especificada por parte de la administración de Solid Gold", apunta el documento Prueba de ello, agrega, es que el jueves 21 de agosto del mismo año Juan Hernández recibió comunicación de un oficial de la Coordinación de Control y Verificación Migratoria, quien le avisó de un operativo que tendría verificativo en La Zona Rosa al día siguiente Hernández, a su vez, se comunicó con un hombre identificado sólo como "Rubén", quien le advirtió de la realización del "Operativo Zona Rosa" Pese al pitazo, las autoridades aseguraron a 36 extranjeras -checoslovacas y húngaras- en otros establecimientos Los contactos de El Bigotes dentro del INM no sólo se circunscribían a la estación migratoria, sino que "tiene relaciones con la capacidad de emitir ilegalmente documentos oficiales, como son oficios de salida, formas FMT (turista) y FM3, con el fin de brindar protección a los inmigrantes indocumentados; tiene contactos con elementos de la PFP en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)", apunta el documento El "modus operandi" La organización de Juan Hernández, El Bigotes, controlaba diversas rutas y operaciones, denominadas "Isla, Castro, Bodega, Frijoles, Custodia, Europa y Expulsión"; el nombre dependía del tipo de documento requerido o la ruta de traslado del inmigrante que pagaba los "servicios" Por ejemplo, la operación "Isla" consistía en la tramitación y autorización de formas migratorias mexicanas para cubanos que deseaban llegar a Estados Unidos El trámite se hacía por medio de una agencia de viajes cubana La operación "Bodega" tenía que ver con la venta ilegal de documentos migratorios a los extranjeros detenidos en la estación de Iztapalapa, quienes, al adquirirlos de esta manera, podían comprobar su residencia "legal" en el país y, así, salir de él Después, agentes y polleros llevaban al inmigrante a la frontera norte Y en cuanto a la operación "Frijoles", ésta consistía en que Hernández y sus cómplices enviaban por mensajería documentación migratoria a los polleros para que éstos, a su vez, la entregaran a sus clientes Después, los migrantes eran introducidos a Estados Unidos por las aerolíneas Taca, Copa, Aeroméxico, Mexicana y Aviateca Proceso buscó telefónicamente a la familia de Juan Hernández, pero la esposa, Guadalupe Maciel Vázquez, pidió tiempo para consultar con su abogado la conveniencia de conceder una entrevista Sin embargo, el reportero recibió un mensaje en el que se le anunció que la familia saldría de la ciudad, por lo que no se concretó la plática La investigación de la PFP incluye a Hernández y a otros 16 funcionarios y exfuncionarios que fueron detenidos como parte de la Operación Limpieza Los otros 27 consignados por esta operación forman parte de investigaciones adicionales de la PFP, de la entonces Secretaría de la Contraloría, del Cisen y de la PGR Además, en la investigación de la PFP aparecen 12 personas ligadas a Juan Hernández y cuyos nombres no figuran en la lista de los 44 detenidos que fueron presentados el 23 de marzo Entre esas 12 personas sobresalen su yerno, Jorge Oñate Romo, "encargado de realizar pagos a miembros de la organización, como son policías de la PFP y polleros que se encuentran dentro de la organización de Juan Hernández" En el documento de la Federal Preventiva también se hace referencia a los líderes de dos organizaciones de traficantes: uno es Christopher Juárez Lee, quien opera en el estado de Tamaulipas, y el otro es Jorge Luis Samaniego Valenzuela, que realiza sus actividades en Agua Prieta, Sonora Así mismo, Hernández está asociado con Carlos René Loyola, un salvadoreño que mientras se efectuaba la investigación mexicana fue detenido en Estados Unidos y hoy se encuentra recluido en una prisión de Texas Según la PFP, este traficante, que operaba en Reynosa, Tamaulipas, manejaba indocumentados chinos, árabes y centroamericanos; estaba ligado con "el señor Chen", el principal traficante de origen chino, y con Paulo Roberto Machado Freire para el traslado de inmigrantes brasileños Por lo demás, entre funcionarios del INM detenidos se hallan Fabián Cruz Hernández, supervisor de Servicios Migratorios adscrito a la estación de Iztapalapa, quien "protege a los migrantes cuando llegan a la Ciudad de México; en colaboración de la Policía Federal Preventiva del AICM, agiliza a pasar a los indocumentados por los filtros del aeropuerto y los traslada al abordaje del avión" Otra red desarticulada operaba en Chihuahua Juan Manuel Cortés García, supervisor del INM, era uno de los principales cabecillas de esa organización Proceso obtuvo información del Registro Público de Chihuahua en la que se le acreditan a esta persona cinco propiedades, tres de ellas en los fraccionamientos residenciales Córdova-Américas, Pradera Dorada y Las Montañas de Ciudad Juárez