En su afán de acabar con quienes consideraba sus enemigos, el régimen de Luis Echeverría Álvarez no solamente dejó como herencia su ignominiosa cuota de muertos, sino que trascendió del tal modo que el miedo aún domina a muchos de los deudos y sobrevivientes de la masacre del 10 de junio de 1971 Por eso, apenas media docena de personas, se atrevieron a denunciar ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) a quienes planearon y ejecutaron la matanza, refiere Proceso en su edición de este domingo 22 de agosto En consecuencia, fueron muchos los que no respondieron al llamado de la fiscalía “Todavía faltan como 100 muertos, pero los familiares no quieren denunciar”, asegura Dalid Moncada, sobreviviente de la masacre Conocer el número exacto de víctimas fatales se ha imposibilitado, incluso para la propia fiscalía Un informe de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) estableció que habían sido 40 los muertos, pero en las indagatorias ministeriales numerosas de las actas de defunción no aparecieron El temor ha impedido incluso que exista una organización de familiares de víctimas o sobrevivientes del 10 de junio de 1971, a diferencia del Comité del 68 y de las asociaciones de familiares de víctimas de la guerra sucia, como la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México o el Comité Eureka, que preside Rosario Ibarra y que acaba de cumplir 27 años, expone Proceso en su edición que circula a partir de este domingo 22 de agosto