Análisis político: López Obrador, legalidad y política

viernes, 27 de agosto de 2004
México, D F, 26 de agosto (apro)- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, concita muchas antipatías en México y fuera del país Es lógico, ni en las dictaduras existe unanimidad López Obrador, como todas las autoridades de cualquier nivel y de todos los signos partidistas, está sujeto a las leyes, y no puede actuar a capricho A diferencia de los ciudadanos, que podemos hacer todo lo que la Constitución y las leyes no prohíban, los gobernantes sólo pueden hacer lo que expresamente se les ordena A menudo los adversarios de López Obrador le atribuyen un desprecio sistemático a la ley Lo curioso es que no lo documentan El caso más claro fue el del paraje San Juan, mediante el cual un pillo quiso enriquecerse de manera fácil Se elevó el coro del desprecio a la ley, pero una vez que se acreditó la maniobra fraudulenta, sobrevino el silencio Ahora ocurre lo mismo con el predio El Encino, que es preciso conocer para emitir una opinión fundada Al revisar el expediente queda clara la animosidad política del gobierno de Vicente Fox, que es ya esquizofrénica El asunto es viejo Comenzó antes de que López Obrador asumiera el cargo, ante el Juzgado Nueve en Materia Administrativa a raíz de la emisión, en septiembre del 2000, del “Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe”, que ordenó construir dos vialidades que involucraban al predio El Encino Para ese efecto se emitió un decreto de expropiación, en noviembre de ese mismo año, a la empresa propietaria de El Encino, Promotora Internacional Santa Fe, cuyo propósito era abrir esas avenidas y un camino al hospital ABC Fue como consecuencia de ese decreto que la empresa solicita un amparo ante el Juzgado Nueve en Materia Administrativa el 4 de diciembre del 200, un día antes de que tomara posición López Obrador Desde que se presentó la demanda quedó claro que existían dos taludes de tierra y una malla ciclónica, que es el origen del presunto desacato de López Obrador a la orden del juez Armando Cortés Galván La empresa señaló a 11 autoridades como responsables del decreto de expropiación, pero la suspensión provisional que inicialmente le fue negada por el juez, finalmente fue concedida el 13 de diciembre “…para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de bloquear y cancelar los acceso al predio de la quejosa” Sólo hasta el 14 de marzo del 2001 el juez concedió la suspensión definitiva “para el único efecto de que las autoridades responsables paralicen los trabajos de apertura de vialidades sólo en la parte de las fracciones expropiadas que sirvan de acceso al predio denominado ‘El Encino’…” La autoridad, según oficios del gobierno capitalino, acató la resolución del juez y dejó las cosas tal como se encontraban Pero el 17 de agosto, la empresa afectada denunció la supuesta violación a la suspensión definitiva La respuesta del gobierno al juez fue probar que había acatado el fallo Así lo demuestra la inspección ocular del actuario judicial adscrito al Juzgado, realizada el 28 de agosto del 2001, quien documentó las condiciones de acceso al predio Extrañamente, dos días después de esta inspección ocular, el juez fue sustituido por Álvaro Tovilla León, quien declaró fundado el incidente de violación, que es el que tiene a López Obrador a un paso de ser despojado de sus derechos políticos El Gobierno del Distrito Federal se inconformó con la resolución y, el 12 de septiembre, el secretario general de Gobierno, en ese entonces, José Agustín Ortiz Pinchetti, argumentó que “esta autoridad no ha dictado ningún acuerdo, orden, resolución u oficio, ni ejecutado u omitido acto alguno que implique un desacato a la suspensión definitiva” Pero el 23 de enero del 2002, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito, en votación dividida, confirmó la resolución del juez noveno, pero insólitamente ordenó a la autoridad garantizar los accesos no sólo para personas, sino también para vehículos, accesos que no existían al concederse la suspensión definitiva De acuerdo con diversos oficios, el gobierno capitalino acató el fallo, aun cuando el propio juez lo modificó para que fuera retirada también la maquinaria y equipo de construcción del área expropiada, y no sólo de los accesos al predio El Encino El 20 de febrero del 2002, Ortiz Pinchetti, en ausencia del jefe de Gobierno, informó al juez de las acciones tomadas para dar cumplimiento a su orden y le remitió las constancias que así lo acreditan Paralelamente, el juez concedió amparo contra la expropiación de una fracción de El Encino, que fue confirmada por el Tribunal, en abril del 2002 El gobierno capitalino lo acató y publicó el decreto que dejó sin efecto la expropiación Pero resulta que la Procuraduría General de la República (PGR) resolvió que era preciso proceder contra López Obrador al configurarse el delito de abuso de autoridad por no acatar la orden del juez, algo que no ha pasado en casos idénticos, como el del exalcalde de Jalpan de Serra, Querétaro, quien desobedeció la orden judicial para frenar la construcción de un centro de atracciones La PGR, directamente desde la oficina de Rafael Macedo de la Concha, resolvió en el caso de Querétaro que el Código Penal no contempla sanción para la violación del artículo 206 de la Ley de Amparo, y el asunto se murió Todo lo contrario en el caso de López Obrador, en el que la PGR, de manera insólita, solicitó el desafuero para procesarlo por un delito que no tiene sanción De actuar con apego a la ley, como pregona el gobierno de Fox, la PGR debió haber resulto igual que en Querétaro Claro, aquí se trata de liquidar políticamente a un adversario, aunque para ello se evidencie el sonsonete oficial de apego al Estado de derecho El gobierno de Fox está al nivel del uso faccioso de la ley de Carlos Salinas Si actúa conforme a le ley, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la instancia que procesa el desafuero, deberá desechar la solicitud de la PGR Lo contrario sería convalidar el atropello contra un político, pero al que estamos expuestos todos los ciudadanos Comentarios: delgado@procesocommx

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