El llamado "juicio del sexenio", ordenado por el presidente Fox y bautizado como Pemexgate, terminó convertido en un fracaso legal debido a falta de pruebas y a inconsistencias en la integración de los expedientes, cometidas por una serie de funcionarios que encabeza el procurador general de la República La extradición de Rogelio Montemayor sin que pisara la cárcel y la libertad de todos los implicados en el caso redujeron finalmente el megafraude a su dimensión de escándalo político Fallas e inconsistencias en la integración de los expedientes, así como la falta de pruebas para acreditar las conductas delictivas, dieron al traste con la investigación del Pemexgate A poco más de tres años de que el presidente Vicente Fox ordenara investigar y perseguir a funcionarios de Pemex, a operadores del PRI y a la dirigencia del sindicato petrolero, encabezada por Carlos Romero Deschamps, el llamado "juicio del sexenio" resultó un fiasco y quedó reducido a su dimensión de escándalo político De acuerdo con el expediente del caso, al que Proceso tuvo acceso, las acusaciones por delitos graves, como lavado de dinero y peculado electoral, no pudieron comprobarse con rigor jurídico y, peor aún, tales señalamientos terminaron convertidos en meras elaboraciones que los jueces desecharon por inconsistentes Inclusive, el empresario de la Comarca Lagunera Alejandro Gurza, amigo del presidente y de prominentes políticos panistas, responsabiliza de los descalabros judiciales al excontralor Francisco Barrio Terrazas y pide que explique la forma en que se realizaron las investigaciones y cómo reintegraron los expedientes del caso El empresario señala también al actual secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, responsable en tiempos de Barrio de integrar los expedientes del caso -cuando se pregonó que caerían los "peces gordos"-, así como al director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, a quien Gurza menciona como un operador importante en el plan de deslindar a los líderes sindicales del conflicto legal Frente al derrumbe de la investigación, del cual no queda duda luego de que Rogelio Montemayor fue extraditado sin pisar la prisión, en tanto que los jueces otorgaron suspensiones y amparos a todos los artífices de ese megafraude, Gurza sugiere que en la revisión del caso se incluya al procurador Rafael Macedo de la Concha, quien, afirma, debe ser llamado a dar una explicación a los mexicanos "ante esta afrenta", pues Macedo tuvo bajo su responsabilidad la integración y la consignación de los expedientes, tanto en México como en Estados Unidos Alejandro Gurza, quien en diciembre de 1999 advirtió que Rogelio Montemayor llegaba a Pemex para convertir a la paraestatal en "la caja chica del PRI" (Proceso 1207), advierte a este semanario, cinco años después, que tuvo razón, y deplora las contradicciones de la indagatoria, como el hecho de que el IFE haya multado con mil millones de pesos al PRI por no acreditar la utilización de tanto dinero y, por el contrario, no se haya podido encarcelar a ninguno de los funcionarios que orquestaron el fraude -En el descalabro más grave que ha sufrido el gobierno, ¿qué papel jugó el presidente Fox? -El presidente no es culpable Es una gente honesta que yo conozco Él ordenó la investigación, pero los que fallaron fueron las personas que la llevaron a cabo Hay que exigirles una explicación A todo esto hay que añadir que al PRI le debemos las reformas legales que explican por qué los responsables del atraco a Pemex no estén en la cárcel Es lamentable que el delito de peculado no sea grave en este país, y de eso es culpable el PRI, con sus más de 70 años de gobierno Expresa también su indignación por el hecho de que abogados panistas, como Fernando Gómez Mont, encabecen la defensa del exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor Y es que el litigante -quien fue impulsor en el pasado reciente de la reforma que culminó con la división de los delitos en graves y no graves- está identificado con el grupo cercano del senador Diego Fernández de Cevallos, quien varias veces ha sido señalado como un personaje que saca provecho de su posición política para defender casos importantes -¿Es cierto que el verdadero abogado de Montemayor es Diego Fernández? -se le pregunta a Gurza -No lo sé Investíguelo El fracaso Después de dos años de haberse fugado y ser sometido a un proceso de extradición de Estados Unidos, Rogelio Montemayor Seguy regresó a México como si nada hubiera ocurrido Acusado de orquestar la maniobra para desviar dinero de Pemex y financiar la campaña del PRI en 2000, el también exgobernador de Coahuila llegó el jueves 2 al aeropuerto de la Ciudad de México y, luego de pasar una revisión médica, se fue a descansar a su casa como si nada debiera Protagonista del Pemexgate, Montemayor fue acusado de operar con el sindicato la transferencia de recursos bajo el membrete de los préstamos; de haberse puesto de acuerdo con el Consejo de Administración de Pemex para disponer del dinero y de organizar dentro de la empresa todas las redes posibles para concretar el presunto plan delictivo Descubierta la maraña a mediados de 2001, Montemayor huyó del país a finales de mismo año, en tanto la Secretaría de la Contraloría, entonces a cargo de Francisco Barrio, profundizaba en las auditorías contra Pemex, las cuales estuvieron bajo responsabilidad de Roberto Muñoz Leos, hermano de Raúl Muñoz, director de Pemex El encargado de la instrumentación legal del Pemexgate fue Eduardo Romero -actual secretario de la Función Pública-, en su calidad de subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad Ordenada por el presidente Vicente Fox, la investigación determinó que en Pemex hubo toda una confabulación encabezada por Rogelio Montemayor para desviar dinero público a la campaña de Francisco Labastida Para ello, el sindicato sirvió de instrumento al firmar convenios con los cuales se simuló un préstamo por 640 millones de pesos En la integración de sus hipótesis, la Contraloría sostuvo la tesis de que, junto con Montemayor, en esa operación fraudulenta se coludieron otros altos funcionarios de Pemex, entre ellos Juan José Domene Berlanga, Julio Pindter González, Carlos Fermín Juaristi Septién y José Gheno Ortiz Por parte del sindicato, los cómplices del plan, según la indagatoria, fueron Carlos Romero Deschamps y el tesorero Ricardo Aldana, actual senador de la República Estos últimos habrían sido enlaces con cuatro operadores del PRI, responsables de la campaña de Labastida: Jorge Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón Figueroa, Joel Hortiales Pacheco y Carlos Almada López Reconstruida paso a paso en más de 50 mil fojas que conforman el expediente, la operación para sacar el dinero de Pemex y su posterior transferencia al PRI resultó ser una cadena en la que intervinieron decenas de personajes, de los cuales sólo uno pisó la cárcel: Manuel Gómez Peralta Damirón, exsubdirector corporativo de Pemex, quien actualmente goza de libertad Pero este exfuncionario fue aprehendido no porque se le haya probado algo, sino por desatender la obligación de presentarse a firmar el libro al juzgado, ya que estaba sujeto a proceso y contaba con una suspensión provisional Con base en la investigación que construyó la Contraloría y que entregó a la PGR, los primeros pasos para extraer dinero de Pemex se dieron el 8 de junio de 2000, tres semanas antes de la elección presidencial Previos acuerdos entre Pemex y el sindicato, ese día se giró un cheque de la empresa por 640 millones de pesos a favor del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con cargo a una cuenta en Inverlat de la paraestatal El dinero salió de la empresa disfrazado de un préstamo que fue cobijado mediante el convenio administrativo sindical número 9399 La petición del préstamo se hizo con un oficio girado por el sindicato el 31 de mayo de 2000, el cual se dirigió a Carlos Juarista Septién, director corporativo y de Administración de Pemex, en el cual Romero Deschamps y Ricardo Aldana expusieron que el préstamo sería para "solventar demandas laborales, civiles, penales y fiscales que existen en el STPRM, para pagar en un plazo de 20 meses a partir del mes de noviembre del año en curso" (2000) Tal solicitud se atendió, con insólita rapidez, el 5 de junio El préstamo fue formalizado con la celebración de dicho convenio, documento en el cual estamparon sus firmas Rogelio Montemayor, Domene Berlanga y el subdirector de Relaciones Laborales, Julio Pindter Por parte del sindicato, firmaron Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Luego de obtener el dinero, el 8 de junio, Aldana depositó el cheque en una cuenta de Banorte que él mismo abrió con 5 mil pesos y, posteriormente, el actual senador priista giró 14 cheques que sumaban 500 millones de pesos, los cuales fueron cobrados por la red de operadores que trabajaban en la campaña de Francisco Labastida Así, el primer retiro fue de 100 millones de pesos y se hizo el 9 de junio, un día después de que Aldana depositó el cheque en Pemex: el segundo cheque, cobrado el 12 de junio, fue por 52 millones; el tercero, por 48 millones, y luego siguieron otros hasta completar 500 millones de pesos El resto del dinero -140 millones de pesos- fue transferido por el sindicato a una cuenta en Estados Unidos, dizque por temor a que una devaluación de fin de sexenio lo afectara Existen declaraciones y diversos testimonios en el sentido de que el dinero fue trasladado a las oficinas centrales del PRI, en costales de lona, con el apoyo de militares A pesar de todas las evidencias, el gobierno de Vicente Fox perdió el juicio porque no acreditó el delito más grave de toda esta operación fraudulenta: peculado electoral, con el cual hubiera podido encarcelar a Romero Deschamps, a Rogelio Montemayor y a todo el equipo que formó parte del entramado Camino allanado Pero, según el sindicato petrolero, la salida del dinero de Pemex se realizó con apego a la ley porque entre esa organización y Pemex existe un Contrato Colectivo de Trabajo cuya cláusula 246 permite otorgar préstamos que, al no poder pagarse, se garantizan con las cuotas sindicales, tal como ocurrió El mismo Contrato Colectivo establece que, para obtener tales préstamos, pueden celebrarse convenios entre las partes (Pemex y el sindicato), sin que sea una obligación detallar los fines o el destino del dinero, es decir, el sindicato puede hacer con los recursos lo que le venga en gana, de acuerdo con ese criterio Y aunque se comprobó que el PRI rebasó los topes de campaña autorizados por el IFE y no pudo acreditar el origen de tales recursos, solamente se le impuso una multa de mil millones de pesos y no se comprobó el peculado electoral, debido a que el dinero que Pemex entregó al sindicato salió por la vía de los convenios legalmente establecidos entre las partes Ocupada un buen tiempo en acreditar los delitos, la PGR, a través de la desaparecida Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, no pudo probar sus hipótesis y negó el ejercicio de la acción penal por lavado de dinero contra Romero Deschamps y Ricardo Aldana, acusación esta última cifrada en la sospecha de que los 140 millones sobrantes habían sido depositados en Estados Unidos con el propósito de ocultar su origen La PGR tampoco quedó en posibilidades de acusar a Romero Deschamps y a Ricardo Aldana de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado simple y peculado electoral: el líder petrolero, cuya fortuna en dinero y propiedades está bajo sospecha, corrió la suerte de Gómez Peralta Damirón, a quien le revocaron el delito de uso indebido de atribuciones y facultades porque, a criterio del juzgador, el peculado simple absorbía esa conducta delictiva por ser similar Actualmente, Romero sólo enfrenta acusaciones por dos delitos en los que, por cierto, disfruta de suspensión provisional: peculado simple y peculado electoral, por los cuales sigue procesado, aunque en libertad A partir de estas fallas y de las resoluciones judiciales, el camino legal para Rogelio Montemayor quedó allanado El gobierno de Estados Unidos concedió la extradición del político coahuilense a México sólo por dos delitos: uso indebido de atribuciones y facultades y peculado simple Ante las autoridades estadunidenses, la PGR no tuvo elementos para probar que Montemayor incurrió en peculado electoral, pues aunque el dinero de Pemex se hizo llegar al PRI, los recursos públicos salieron con base en los convenios entre sindicato y empresa Tras el descalabro legal que sufrió en el caso Montemayor, la PGR informó que contra el exdirector de Pemex está pendiente de ejecución la orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de peculado electoral, ilícito que no formó parte del proceso de extradición La ley prohíbe que a una persona extraditada se le finquen delitos posteriores que no hayan figurado en el juicio de extradición, pero la PGR expuso que, en el caso de Montemayor, tal posibilidad existe y está siendo analizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con base en el principio de excepción de la regla de especialidad en el Tratado de Extradición -¿Está totalmente derrotada la PGR frente al caso de Rogelio Montemayor? -se le preguntó al subprocurador jurídico de asuntos internacionales de la PGR -" El trabajo se está haciendo todavía Existe la orden de aprehensión por ese delito (peculado electoral); existe nuestra petición formal de extradición para el gobierno de Estados Unidos; sin embargo, dadas las circunstancias de tiempos en los que se resolvió la otra extradición por los otros delitos (uso indebido de atribuciones y facultades y peculado simple), entonces tenemos que modificar esta circunstancia para acudir a la regla de especialidad "Lo que procede ahora es la renuncia al principio de especialidad que se otorga en ejercicio del poder soberano de Estados Unidos y, por ende, ya no es un trámite jurisdiccional, como lo fue la extradición, sino administrativo, en el que Estados Unidos determina si autoriza que se le juzgue por ese otro delito" Por si fuera poco, Rogelio Montemayor tampoco tendrá que molestarse en pensar de dónde sacará 640 millones de pesos para garantizar la reparación del daño ante el juzgado que lo reclama: El 23 de octubre de 2003, Romero Deschamps y Pemex llegaron a un acuerdo: La cúpula sindical reconoció el adeudo ante Pemex y de esa forma se firmó el compromiso de que la paraestatal se cobre el dinero de las cuotas de los trabajadores (Proceso 1452) Ahora sólo falta esperar a que los jueces otorguen las libertades definitivas a los implicados, pero mientras eso ocurre, tanto Romero Deschamps como altos funcionarios de la paraestatal ya caminan de acuerdo en el proyecto para privatizar áreas estratégicas de Pemex Y mientras en la corte se dirime un juicio respecto de si los Contratos de Servicios Múltiples -aplicados para extraer gas de la Cuenca de Burgos- son o no legales, el sindicato guarda silencio ante la ola de despidos de empleados y trabajadores que ha puesto en marcha la empresa, la cual prepara nuevos Contratos de Servicios Múltiples para entregar a empresas privadas extranjeras la extracción de petróleo crudo