Una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, aprobada por la alianza PRI-PAN en el Senado, fue congelada por los diputados y será regresada a la Cámara alta, entre otras cosas porque pretendía reservar información hasta por 30 años, "privatizar" actividades de espionaje, otorgar sólo a los senadores el control de las acciones del Cisen e inclusive facultar al gabinete de seguridad para destruir los datos que considerase inconvenientes A la vieja usanza, y con el apoyo del PRI en el Senado, el gobierno de Vicente Fox intentó "madrugar" al Congreso para aprobar una Ley de Seguridad Nacional que otorga excesivas facultades al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que ignora a los otros servicios de inteligencia civiles y militares en sus actividades de espionaje y que marca un severo retroceso en el acceso a la información gubernamental Más aún, la iniciativa de ley aprobada por la mayoría del PRI y del PAN en el Senado pretendía dar al Cisen facultades para conceder a empresas privadas la intervención de comunicaciones, emisiones e imágenes en los casos de seguimiento de personas Ante esas y otras pretensiones, un grupo de especialistas en seguridad nacional de diversas instituciones logró que la iniciativa fuera congelada en la Cámara de Diputados Al respecto, la diputada del PRD Socorro Díaz Palacios informa a Proceso que la ley será devuelta al Senado, entre otras cosas, porque en los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD en la Cámara baja hay consenso para detener el plan gubernamental de reservar hasta por 30 años la información de seguridad nacional Los diputados buscan también que exista un control bicamaral de las actividades del Cisen y que esa función no corresponda sólo al Senado, como lo proponen dicho organismo y los senadores de la mayoría "Hay un acuerdo inicial entre las bancadas de la Cámara de Diputados para rechazar los 30 años de reserva porque consideramos que ese período es un grave atentado a la transparencia Otro acuerdo es que exista un control bicamaral, pues no existe razón alguna para que el Senado tenga esta facultad exclusiva", precisa la diputada, integrante de la Comisión de Gobernación que, junto con la de Justicia y Derechos Humanos, deberá dictaminar la propuesta "Lo más seguro es que se regrese esta iniciativa al Senado El tema es lo suficientemente delicado y grave para resolverlo sobre las rodillas o en un terreno de opacidad Podría prolongarse incluso hasta el período ordinario de febrero próximo", agrega la legisladora perredista A su vez, la consejera presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Marván Laborde, se dice incluso preocupada por las intenciones de regulación, pues se pretende que los propios integrantes del gabinete de seguridad nacional -integrado por el presidente de la República y los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, Relaciones Exteriores y de la Función Pública, así como por el procurador general de la República y el director del Cisen- sean los que clasifiquen qué información es de seguridad nacional, cuál puede darse a conocer y, sobre todo, qué datos pueden destruirse "No por el solo hecho de que un funcionario diga que una información es de seguridad nacional, los ciudadanos tenemos que creerlo Deben demostrarlo en términos legales, y por eso hay que hacer patente el daño presente, probable y específico de la información La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece para esta información un período de 12 años, renovable; es decir, cuando culmina ese plazo, se revisa si las causas que dieron razón a la reserva siguen existiendo o no", explica Marván Laborde en entrevista La responsable del IFAI alerta en particular sobre la intención de que la información de seguridad nacional "sea destruida por voluntad unipersonal del director del Cisen" Y en un llamado público que hizo el pasado jueves durante una conferencia en el Colegio de México (Colmex), pidió al Congreso detener esa ley Argumentó: "Si sacrificamos temporalmente nuestro derecho fundamental de acceso a la información, a cambio tenemos el derecho de saber qué fue lo ocurrido y por qué se decidió actuar de determinada manera una vez que el peligro dejó de existir Los ciudadanos no estamos sujetos a una minoría de edad en la que sólo los gobernantes toman las decisiones acerca de lo que se puede difundir y lo que no" "Privatizar el espionaje" Sin embargo, el director del Cisen, Eduardo Medina Mora, defiende la propuesta de ley al definirla como "democrática y transparente y sujeta a la rendición de cuentas" Reacio a las apariciones y declaraciones públicas, el funcionario participó en la conferencia organizada por el Colmex y la UNAM para analizar la iniciativa En el debate, sólo él y uno de los promotores de aquélla, el senador priista Antonio García Torres, la respaldaron, mientras que académicos de diversas instituciones, la diputada Díaz Palacios y Marván Laborde, mostraron las deficiencias y peligros de esa regulación Según Medina Mora, se trata de una ley que cumple con la transparencia, pues en los estándares internacionales se aceptan los 30 años de reserva Incluso sugirió que la propuesta es benevolente, ya que en países como Turquía, Grecia, España, Italia, Francia o Alemania la reserva puede ser hasta de 120 años En cuanto al "espíritu democrático" de la ley, mencionó los informes que, gracias a ella, podrá recibir el Senado sobre las actividades del Cisen; las observaciones que podrá hacer a la agenda nacional de riesgos; la supervisión de los acuerdos de cooperación; la aprobación del presupuesto; la formulación de recomendaciones y el acceso a las auditorías del Cisen Pero el investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM Raúl Benítez Manaut cuestionó: "Estamos ante una ley que se trató de aprobar con los métodos del pasado En el Senado, la ley pasó sin discusión y en la Cámara de Diputados se pretendió hacer lo mismo No fue nada democrático el método utilizado para legislar en una materia que es vital para el Estado y su relación con los ciudadanos" Sergio Aguayo, destacado estudioso de la seguridad nacional en el país e investigador del Colmex, lo respalda: "Los senadores se quisieron adelantar en un tema que es poco conocido por los legisladores Quisieron madrugar" Al respecto, la diputada Socorro Díaz recuerda que, luego de que la iniciativa fue aprobada en el Senado, el pasado mes de abril trataron de hacerla pasar sin discusión en un período extraordinario que duró un solo día Y aunque la iniciativa fue patrocinada por los senadores priistas Enrique Jackson y García Torres cuando, el 30 de octubre de 2003, la presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores, la legisladora Díaz advierte a Proceso: "No hay que ser demasiado perspicaces para darse cuenta de que el Cisen hace suya esa ley Es claro que hubo un buen acuerdo con senadores panistas y priistas para que se aprobara y, sobre todo, para que fuera presentada como una iniciativa propia de los legisladores" Díaz Palacios alerta, así mismo, sobre la peligrosa idea de privatizar el espionaje "Es muy delicado que se subrogue la actividad de inteligencia del Estado mexicano No creo en la conveniencia de privatizar las tareas de escucha" La iniciativa estipula que, "cuando así se requiera", las intervenciones telefónicas o de otros medios podrán hacerse "con el apoyo de las empresas de comunicaciones que expresamente designe el titular del centro (el Cisen)" o de las personas que "éste autorice por escrito" Según Benítez, un verdadero control de los servicios de inteligencia debe ser bicamaral, con la participación de ciudadanos reconocidos que designe el Congreso, mediante la supervisión del presupuesto y sin la destrucción de archivos, como ocurre en la mayoría de los países, incluidos Guatemala, Perú y Brasil en América Latina Además de Aguayo y Benítez, los investigadores Leonardo Curzio (UNAM), José Luis Piñeyro (UAM) y Jorge Chabat (del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE) coinciden en que es un avance querer legislar en la materia, pero no como lo proponen el gobierno de Fox y la mayoría en el Senado, debido a la confusión y a las amplias facultades que se dan al organismo Consideran que no se trata de una verdadera ley de seguridad nacional, sino de uno de los servicios de inteligencia del Estado mexicano que deja fuera las actividades que realizan la PGR, Hacienda, Migración, la Sedena y la Marina De esos servicios, dice Benítez, "no se habla de forma deliberada, pues es un tema que no quiere ni tocarse"