Exige la CNDH acabar con privilegios en cárceles del país

martes, 14 de septiembre de 2004
* Se pronuncia en contra del uso de celulares en las prisiones * Persisten corrupción por parte de servidores públicos México, D F, 13 de septiembre (apro)- La Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó de los tres niveles de gobierno y de todas las autoridades involucradas un esfuerzo de decisión y de coordinación especialmente enérgico para poner fin a los privilegios en el interior de los centros penitenciarios del país Al presentar hoy su informe especial sobre 445 centros de reclusión dependientes de gobiernos locales y municipales del país, el organismo autónomo defensor de los derechos humanos, de entrada, se pronunció en contra del uso de teléfonos celulares, ya que permite a muchos delincuentes planear, dirigir y participar en operaciones criminales a pesar de estar en prisión Para la CNDH, organismo que preside el doctor José Luis Soberanes, el sistema penitenciario sigue siendo el último eslabón y el más olvidado en la cadena de la seguridad pública, formada por la prevención del delito, la procuración y por la administración de justicia El informe especial fue elaborado sobre la base de los hallazgos realizados durante 960 visitas de la CNDH a los reclusorios estatales y municipales en 32 entidades del país, en el periodo comprendido de 2000 a 2004 “No deben existir definitivamente teléfonos celulares ni satelitales en los reclusorios; su tolerancia en prácticamente todos los reclusorios visitados viola de manera directa el derecho humano que tiene la sociedad para recibir un mejor servicio de seguridad pública”, manifestó en conferencia de prensa el tercer visitador general de la CNDH, José Antonio Bernal Guerrero Dijo que el interno tiene derecho a comunicarse, sólo mediante teléfonos oficiales y hacerlo con quienes cumplan con los requisitos establecidos en los reglamentos, y aun en casos de emergencia, únicamente pueden hacer uso de teléfonos oficiales, sobre los que siempre debe existir control Al referirse al olvido en el que han caído la mayoría de los centros de reclusión, precisó que en los más de los casos esto se debe a la escasa inversión pública en ellos y a una falta de voluntad por parte de las autoridades para enfrentar las severas distorsiones en su funcionamiento, lo que provoca que las entidades con menor calificación, de acuerdo con los criterios aplicados, resultan aquéllas que tienen mayor sobrepoblación y hacinamiento en sus penales, como Distrito Federal, Estado de México, Quintana Roo y algunos reclusorios de Jalisco En contraparte, entre las entidades que muestran avances en la mejoría de sus centros penitenciarios están Aguascalientes, Nuevo León, Zacatecas y Tlaxcala En el informe especial se establece que persisten corrupción y privilegios, cobros indebidos a los internos por parte de servidores públicos que laboran en los centros y de quienes conforman el “autogobierno”, tráfico y consumo de narcóticos, insuficiencia de actividades laborales, carencia de actividades educativas, escasez de personal en las áreas de psicología y trabajo social Así mismo, falta de separación y clasificación entre procesados y sentenciados, instalaciones que no garantizan la seguridad y la realización de actividades propias de un centro de reclusión dependientes de autoridades municipales, malas condiciones de las instalaciones e insalubridad, sobrepoblación y hacinamiento, golpes y maltratos a los internos por el personal de custodia o encargados del “autogobierno” De igual forma señala que existe insuficiencia de alimentos en calidad y cantidad para los internos, pésimas condiciones de higiene y mantenimiento de cocinas, falta de utensilios indispensables para elaboración y manejo de comida, imposición y ejecución indebida de sanciones disciplinarias, especialmente el aislamiento; falta de reglamento interno, deficiencias en la prestación del servicio médico, insuficiencia de medicamentos y de material de curación, falta de programas de prevención, detección oportuna y tratamiento de enfermedades infectocontagiosas, así como expedientes clínicos deficientemente integrados La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye que los gobiernos federales y estatales son responsables de garantizar la seguridad pública y de organizar el sistema penitenciario sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, como medios para la readaptación social del delincuente, lo que no se cumple debido a las irregularidades en los centros de reclusión, que se traducen en violaciones al derecho humano a la seguridad pública de la sociedad mexicana y vulneran las garantías fundamentales a la readaptación social a recibir trato digno, a la legalidad y a la seguridad jurídica y a la protección de la salud en agravio de los internos

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