Ciudad de Guatemala -- Poderoso durante tres décadas de conflicto armado, el ejército guatemalteco enfrenta su ocaso Un agresivo plan concluido por el gobierno de Oscar Berger redujo de 27 mil a 15 mil 500 el número de efectivos de la institución armada Así, su tamaño es ahora de una tercera parte de lo que fue en el momento de la firma de la paz en 1996, cuando contaba con más de 46 mil efectivos El plan de reducción emprendido por Berger dejó satisfechas a organizaciones civiles y misiones internacionales, pero generó resquemores entre grupos de militares que ven en la acción gubernamental la ultima embestida para desaparecer al ejército, y entre organizaciones civiles que estiman que la reconversión se quedó a medias Lo cierto es que no es el mejor momento para las fuerzas armadas guatemaltecas, que emergieron triunfantes de la sangrienta guerra que por 36 años dividió al país Ganaron militarmente, pero no políticamente: la Comisión de Esclarecimiento Histórico los señaló como responsables del 85% de los 200 mil muertos que dejó la guerra de 1962 a 1996 Más aún: El muro de inmunidad que se mantuvo en torno a la institución armada durante los dos gobiernos posteriores a la firma de la paz, comenzó a resquebrajarse En los últimos meses, altos jefes militares, generales, coroneles y oficiales, entre los que se incluyen el exgobernante de facto Efraín Ríos Montt, a su hijo, Enrique Ríos Sosa, y a tres exministros de la Defensa, enfrentan inéditos procesos que los mantienen arraigados, encarcelados y con procesos judiciales por irregularidades en el manejo de recursos de la institución armada, así como por los disturbios que en julio encabezó el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) Así, es por malos manejos de recursos que estos hombres pueden pisar la cárcel, pero no por su responsabilidad –de ellos y de otros muchos más—en crímenes cometidos en la guerra civil “Nuevo modelo” El plan de reducción del ejército anunciado el primero de abril por el presidente, Oscar Berger, propuso una reducción de 27 mil a 14 mil 500 efectivos, incluyendo 170 militares de alto rango --generales, coroneles, tenientes coroneles-- a un costo de 400 millones de quetzales (50 millones de dólares) Para indemnizar a los oficiales de alto rango que se acogieron al plan de retiro voluntario, se aprobaron indemnizaciones des 45 mil a 53 mil dólares A los 8 mil soldados despedidos no les fue tan bien: obtuvieron indemnizaciones de apenas 625 dólares La iniciativa gubernamental redujo además el presupuesto aprobado por el anterior gobierno del FRG para la institución armada en 2004, de 157 millones a 97 millones de dólares Atendió así al compromiso establecido en los Acuerdos de Paz de ajustar el presupuesto militar en un 033 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) La decisión de reducir el aparato militar hizo desaparecer zonas y destacamentos militares que permitieron durante la guerra civil un amplio despliegue territorial del ejército, especialmente en las zonas consideradas conflictivas Seis de las 14 zonas militares fueron desactivadas Con la reestructuración, el ejército quedó organizado en cinco plataformas en los departamentos de Petén, Zacapa, Jutiapa, Huehuetenango y Suchitepéquez El proceso fue descrito por Berger, en su discurso del 1 de abril, como “mucho más que una simple reducción y readecuación de fuerzas Significa una mayor capacidad de despliegue y movilización, transparencia en el manejo presupuestario, una nueva doctrina y la búsqueda de eficiencia y eficacia para adecuarse a un entorno que demanda la salvaguarda de fronteras, la protección del medio ambiente y contribuir de manera temporal a la seguridad ciudadana” “Los tiempos del conflicto armado son cosa del pasado El ejército de Guatemala requiere una concepción diferente de sus funciones, una nueva doctrina, un modelo operativo distinto del que impuso la lógica del enfrentamiento armado interno Ya no existe la amenaza frontal contra el estado, y ha desaparecido el uso de la violencia como instrumento político para llegar al poder”, justificó el mandatario El 30 de junio, durante el acto del 133 aniversario del Ejército, el presidente Berger y el Ministro de la Defensa Cesar Méndez Pinelo, encabezaron, en la Brigada Mariscal Zavala, de la capital guatemalteca, el acto en el que concluyó oficialmente el proceso de reducción Mientras adentro, frente a cientos de soldados que soportaron estoicos la lluvia y jefes militares con sus familias luciendo sus uniformes de gala, el presidente Berger se refería a la contribución del Ejército a la democracia y reconocía el papel de la institución como “garante de la independencia y la soberanía”, afuera jóvenes descendientes de desaparecidos pertenecientes a la organización HIJOS, se manifestaban con calaveras y cruces para recordar los excesos de los militares y demandaban el enjuiciamiento de los involucrados en crímenes Nos utilizaron” La decisión de reducir drásticamente el número de efectivos militares suscitó la inconformidad de organizaciones como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) y el Instituto de Previsión Militar (IPM), pero también de altos oficiales que cuestionaron la falta de información y consenso sobre este plan Militares de más bajo rango expresaron su molestia por el bajo monto de las indemnizaciones ofrecidas En un anónimo, los “Oficiales de la Montaña”, una vieja organización contrainsurgente, criticó al “finquero Berger” por la reducción del presupuesto militar y le recriminó: “ustedes los políticos firmaron la paz con la guerrilla y el trato que nos dieron fue de un ejército vencido, cuando en realidad luchamos por muchos años para evitar que el comunismo tomara por las armas el poder y a que a usted y a los demás ricos --azucareros, cafetaleros, ganaderos, industriales, comerciantes-- no les quitaran sus propiedades “Por mantener la propiedad privada, por mantener la democracia, ahora somos juzgados como criminales, somos humillados, vilipendiados, y ahora usted, con lineamientos de Estados Unidos y algunos países europeos, pretende darnos el golpe final, ahorcándonos con el presupuesto, reduciéndonos a la mitad de efectivos, haciendo chinche nuestras propiedades y quebrando la previsión militar” El documento, en poder de la corresponsal, acusa a Berger de dejarse influir por activistas civiles incorporados a su gobierno, como Frank La Rue, Rigoberta Menchú, Helen Mack y el vicepresidente Eduardo Stein Del gobierno estadounidense --que manifestó su beneplácito por el proceso de reducción y ofreció asesoría en el proceso--, acotan: “los gringos señalan al ejército de haber violado los derechos humanos, pero deben recordar que fueron ellos quienes pusieron el armamento, los vehículos, las aeronaves, fortalecieron inteligencia militar, financiaron al ejército, nos entrenaban en Panamá…nos utilizaron, envenenaron el alma con su odio al comunismo, hicieron matarnos entre hermanos, y ahora que ya no somos útiles, nos desechan Ahora sus intereses son el narcotráfico, el terrorismo, los ilegales e invadir países por intereses económicos” El general José Luis Quilo, vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avelmigua) dice a Apro: “Ha sido un proceso mal planificado, ejecutado un plazo corto, violento, dejó lagunas difíciles de cubrir en seguridad, lugares de conflictividad agraria y social, como las regiones norte y occidental, en la frontera con México, prácticamente descuidados Esto ha obligado al ejército mexicano a reforzar su frontera” Para Quilo, está claro que el gobierno de Berger emprendió una estrategia “encaminada a la abolición del ejército” influido, dice, por cuadros de tendencias marxistas “que comparten el poder con el presidente” Entrevistado por la corresponsal, el ministro de Defensa, Méndez Pinelo, se dijo respetuoso de las divergencias y protestas frente al proceso de reducción “Todas las personas tienen su derecho a manifestarse, tienen su particular punto de vista y soy respetuoso de ellos” Aseguró que el proceso de reconversión “se desarrolla con normalidad, hay sentimientos encontrados entre la oficialidad” Analista de la Fundación Myrna Mack, Carmen Aída Ibarra sostiene que entre las manifestaciones de descontento hay que identificar distintos grupos y orígenes: “han surgido anónimos, pero concretamente quien ha dado la cara ha sido Avemilgua, con un enfoque todavía muy contrainsurgente y con la carga de confrontación ideológica del conflicto armado interno Según su lectura, el ejército está siendo deliberadamente debilitado porque lo que quieren es acabarlo” Estima: “Si hay inconformidad, diría que no es generalizada Hay un grupo de oficiales en la cúpula militar, conjuntamente con los civiles del gobierno, tomando este tipo de decisiones, que no son del agrado de oficiales que están dentro y fuera del ejército, pero no dejan de ser expresiones aisladas de malestar Aquí la única oposición clara es la de Avemilgua, una organización que está fuera del ejército pero con una fuerza política militar importante, porque si bien no tienen ellos el control de las armas, si constituyen un grupo de militares que en su momento tuvieron liderazgo y jerarquía dentro del ejercito y mantienen algunos lazos hacia adentro” La analista señala a otros grupos inconformes: “los vinculados a redes criminales, militares y oficiales del Ejército en situación de retiro que utilizaron a la institución armada para acumular capital de manera ilegal No necesariamente quieren mantener al ejercito robusto y fortalecido por ser un poder militar, lo quieren fuerte e intocable, para que bajo el amparo de las estructuras militares puedan enriquecerse ilícitamente y poner en marcha actividades criminales” No hay que dejar de lado, destaca Ibarra, que “hay muchas actividades que se desprenden de las redes contrainsurgentes que se organizaron en los tiempos más cruentos del conflicto armado interno, que sufrieron su propia transición y al terminar la era de la contrainsurgencia, cuando no había mas guerrilla que perseguir, se fortalecieron como estructuras criminales Como ya habían controlado a las instituciones del Estado sabían como sacar provecho de ellas e hicieron crecer el crimen organizado, básicamente el contrabando y los secuestros” Tras las rejas De manera paralela a la reducción del ejército, la vieja impunidad militar empezó a resquebrajarse Prominentes jefes militares, incluidos exministros de la defensa, han visto caminar con inusual rapidez en los últimos meses procesos judiciales en su contra, principalmente por corrupción Con un presupuesto a la baja tras la firma de los Acuerdos de Paz, la institución armada reportó durante los cuatro años de la gestión del FRG un repentino auge en sus finanzas Ahora las autoridades sospechan que parte de las millonarias transferencias al ejército pudieron ser desviadas a cuentas abiertas en Panamá por Alfonso Portillo y sus principales allegados en el gobierno En abril, el entonces Comisionado presidencial de Seguridad y Defensa, general Otto Pérez Molina, presentó ante el fiscal general Juan Luis Florido una denuncia por desvíos superiores a los 50 millones de dólares de las arcas del Ministerio de Defensa en 2001 Entre las irregularidades detectadas: compras de municiones que nunca ingresaron a las bodegas del ejército, pagos a personal fantasma y ventas anómalas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, así como transferencias aprobadas que nunca ingresaron al Ministerio de la Defensa El fiscal Florido adelantó una hipótesis: parte del monto desviado fue a parar al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), el banco estatal, y trasladado a Panamá para alimentar las cuentas abiertas en ese país por Alfonso Portillo, su cuñado y sus exfuncionarios más cercanos, incluido el exvicepresidente Juan Francisco Reyes López A partir de la denuncia de Pérez, el Ministerio de la Defensa permitió a elementos de la Fiscalía contra la corrupción revisar documentos financieros de la institución Fue la primera vez que la entidad castrense permitió el acceso a ese tipo de información, pues suelen resguardarse en el secreto militar, destacó Florido Semanas después, Avemilgua denunció a altos jefes militares por el desfalco de 22 millones de dólares hacia el Instituto de Previsión Militar, recursos entregados a la financiera Pension Found of América (PFA) de Florida, entidad no registrada para vender inversiones ni planes de seguros dentro de Estados Unidos Otro proceso se mantiene abierto por compras de suministros a presuntas empresas fantasma en la Fuerza Aérea Guatemalteca, como parte del cual fueron apresados los generales Mario René Silliézar, exviceministro de la Defensa y Erick Leonel Hasse Mendoza, excomandante de la Fuerza Aérea Guatemalteca, así como el coronel Edwin Estuardo Sosa Lara Otros dos coroneles implicados lograron libertad bajo fianza Por los tres casos abiertos, más de 30 militares --generales y coroneles-- enfrentan actualmente investigaciones del Ministerio Público y procesos judiciales, entre ellos, los exministros de la Defensa Eduardo Arévalo Lacs, Alvaro Lionel Méndez Estrada y Robin Macloni Morán, a quienes se les vincula con las transferencias irregulares Otro general, Enrique Ríos Sosa, exjefe de finanzas del Ministerio de la Defensa, está sujeto a investigaciones judiciales por transferencias anómalas y fraude contra el Instituto de Previsión Militar, de cuya Junta Directiva formó parte El 29 de abril, el jefe de la fiscalía contra la corrupción, Celvin Galindo, declaró al diario local El Periódico que fondos transferidos al ejército pudieron ser desviados a cuentas de Portillo en Panamá, México y Estados Unidos “Ellos se valieron de la confidencialidad del manejo de gastos para mover el dinero”, estimó Uno de los principales artífices de las denuncias, retirado de la Comisión de Seguridad, Otto Pérez Molina, aseguró a la corresponsal que en la denuncia entregada al fiscal general hay elementos que prueban que dinero desviado del ejército “fue a parar a manos del expresidente Alfonso Portillo y otros allegados, especialmente en el curso de 2001, en donde se dieron transferencias al ejército por 700 millones de quetzales (875 millones de dólares) Tuvimos información que de estas transferencias, 400 millones de quetzales (50 millones de dólares) habían sido puestos en partidas secretas y se reportaron gastos de 190 millones de quetzales (237 millones de dólares) en compra de municiones que no entraron nunca a ninguno de los almacenes del ejército” --¿Qué tan salpicado resultan el general Efraín Ríos Montt y su hijo en estos escándalos? --Su hijo (Enrique Ríos Sosa) fue jefe de Finanzas del Ejército Ellos tienen una responsabilidad administrativa y tendrán que responder por esos millones Las denuncias y procesos abiertos que han llevado a altos jefes militares, incluidos exMinistros de la Defensa, a investigaciones, arraigos y procesos judiciales, son inéditos en la historia del ejército guatemalteco, concede Pérez Los pendientes Concluida la reducción del ejército, el gobierno de Berger empezó a difundir este logro buscando obtener la suspensión del embargo de ayuda militar impuesto al país por el gobierno de Estados Unidos desde 1977 Una misión encabezada por el ministro de la Defensa, César Méndez Pinelo, y el vicepresidente Eduardo Stein, partió a Washington el 20 de julio, en busca de apoyo financiero para el ejército --¿No es una contradicción que estén reduciendo al Ejército, pero buscando invertir más en su equipamiento?, cuestionó la corresponsal al Ministro Méndez: --No estamos hablando de armas ni equipo letal, sino de equipo de transportes y telecomunicaciones”, acotó el funcionario Pérez Molina, uno de los impulsores de la iniciativa, precisó: “es parte de la modernización Si sólo reducimos personal y no se logra equipar al ejército, quedaría una institución costosa pero que no podrá cumplir con sus obligaciones El ejército está muy débil en fuerza aérea, en marina, en movilidad terrestre, en comunicaciones e incluso en equipo individual Esos son los principales renglones a los que esperaríamos se asignen en los próximos cuatro años los recursos comprometidos en el plan de modernización, equivalentes al 010% del PIB del presupuesto, (125 millones de dólares)” Y es que, asegura Pérez, desde la firma de la paz, no se invirtió prácticamente nada en equipar al ejército Otro elemento que está generando debate, es la definición de las nuevas tareas que deberá asumir el ejército reducido En su discurso a los militares despedidos, el 30 de junio, Berger habló de una nueva y más eficiente institución que deberá salvaguardar la integridad territorial y apoyar en la seguridad interna y externa, incluyendo el combate al narcotráfico, a redes de tráfico de migrantes y de robo de automóviles “No creo que el ejército tenga que estar involucrado en temas de la seguridad interna, a pesar de que la Constitución todavía le da esa misión, pero prioritariamente es un tema de la policía Nosotros diseñamos que éstas reformas fueran de la mano con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad civil, que el ejército colaborara solo en los dos primeros años del gobierno del presidente Berger y que después tomara distancia de tareas de seguridad ciudadana para dedicarse a lo que realmente le corresponde: la defensa del territorio, la seguridad externa, la integridad territorial y, con unidades élite, contra el narcotráfico”, detalla Pérez Molina Atole con el dedo Directora de Análisis de la Fundación Myrna Mack, Carmen Aída Ibarra asegura que el proceso emprendido por el gobierno de Berger se ha quedado en una mera reducción, y no alcanza a ser una reconversión de la institución armada Critica que no se esté tocando a militares enquistados en el Ministerio de la Defensa, miembros de grupos criminales Dice: “mientras este gobierno no tenga claro el concepto de crimen organizado, difícilmente podrá diseñar planes específicos de combate; mientras no entienda que hay estructuras ilegales, que tienen un sesgo ideológico, que vienen de la contrainsurgencia y que hacen tanto violencia común como violencia política, no van a poder diseñar un plan” Añade: “nos están dando atole con el dedo, nos están dando una modernización del ejercito cuando debiera ser reconversión del Ejército, porque así lo dicen los Acuerdos de Paz Debieron darnos un proceso integral que incluyera una nueva Ley Constitutiva del Ejército, un nuevo régimen de justicia militar, reformas al régimen educativo, a la doctrina, a la política de defensa Cerrar zonas militares está muy bien, es bueno que haya habido una reducción, hay demasiados coroneles y muchísimos tenientes coroneles y pocos puestos, la institución ni aguanta con esa macroencefalia, pero en realidad lo que están ofreciendo son medidas aisladas que no apuntan realmente a imprimir un cambio sustantivo en el poder militar, eso puede afectar el proceso de reconversión si se agota la voluntad política del Estado” Y advierte: “no bastaron que hayan abierto las investigaciones de la FAG, el IPM o por los 400 millones de quetzales, hace falta que aporten toda la información para que la lucha contra la corrupción en el ámbito militar llegue con éxito a los tribunales de justicia, que pueda haber un esclarecimiento de los hechos y que por primera vez los militares vayan al banquillo por corruptos, habría que ver si quieren investigar aún más”