* Gestión Pública procede contra titulares de las Julcas, en la ciudad de León Guanajuato, Gto , 22 de septiembre (apro)- La corrupción en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (Julcas) afloró ante las autoridades estatales, después de varias quejas y denuncias presentadas por la presencia de “coyotes”, así como por diversas anomalías en el trámite de los casos que se ventilan en las cuatro juntas que funcionan en la ciudad de León, y que concentran 70% de los casos de todo el estado Una investigación efectuada por la Secretaría de la Gestión Pública en las cuatro juntas de León (una Junta local y cuatro especiales), dio como resultado la destitución de la directora estatal del Trabajo y Previsión Social, Susana Nieto, así como de los cuatro presidentes, 13 actuarios y un perito grafoscópico, a quienes se les inició un proceso que incluso podría derivar en responsabilidades de tipo penal El secretario de la Gestión Pública, Jorge Romero Hidalgo, informó que después de revisar los procesos en poco más de mil expedientes (una muestra de un total de 6 mil 308) en un lapso de un año a partir de julio del 2003, en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de León se detectó un severo rezago en varios casos, en los que se suspendieron o difirieron audiencias; una falta de control y, por ello, la pérdida de varios expedientes; otros sin las firmas de los representantes obrero-patronales; relaciones posiblemente de complicidad entre abogados litigantes y funcionarios de las Julcas, y hasta la “clonación” o duplicación de expedientes con firmas falsificadas para “denunciar” a un patrón “Hemos concluido que dichas juntas estaban muy lejos de las condiciones óptimas para la justicia laboral”, dijo Romero Hidalgo, luego de la investigación que involucró a un equipo de abogados, contadores, técnicos y asesores en personal y procesos administrativos que revisaron desde el tiempo de se lleva atender a los usuarios, hasta el perfil y situación del personal Recién llegado al cargo, el secretario de Gobierno, Ricardo Torres Origel, dijo que ante las anomalías encontradas por la Secretaría de la Gestión Pública, procedió a solicitar la renuncia de la directora del Trabajo y Previsión Social del estado, Susana Nieto Acevedo –quien ya tenía varios años como titular-- y del personal arriba mencionado, debido a que hubo en principio una falta de supervisión y un descuido en sus responsabilidades En su mayoría, estos funcionarios serán sustituidos luego de una convocatoria para concursar los cargos Anunció además que entre las medidas que se tomarán se incluye un programa de combate al “coyotaje”, mismo que “ahí sigue, yo mismo fui testigo el viernes que fui, y se me acercaron para ofrecerme facilidades en los trámites”; además, también se establecerá un control en el desahogo de las audiencias; un programa de profesionalización del personal, y extender la investigación al resto de las juntas que operan en la entidad, y que se ubican en Irapuato, Celaya y Guanajuato capital El secretario de la Gestión Pública dijo que actualmente están en proceso alrededor de 80 auditorías a diversas dependencias y organismos descentralizados del gobierno estatal, pero en ninguno de ellos se ha presentado “un caso de focos amarillos o rojos” como éste A pesar que la investigación terminó en julio, esta mañana fueron presentados apenas los resultados preliminares, pues el informe final estará listo hasta octubre El secretario de la Gestión Pública admitió que al llegar a este cargo –hace menos de un año-- encontró varias denuncias interpuestas por la actuación de los funcionarios de las Julcas, mismas que debió retomar porque no habían sido atendidas, y que dieron origen a la investigación a cargo de la dependencia