México, D F, 17 de enero (apro)- Si en algún área de la administración federal se puede medir con claridad la creciente derrota del Estado mexicano frente al narcopoder, ésta es la de los penales Sobre todo, aquellos considerados como “de máxima seguridad”: La Palma, en el municipio mexiquense de Almoloya, el de Puente Grande, Jalisco, y el de Matamoros, Tamaulipas Los últimos acontecimientos revelan que la “máxima seguridad” no es para la sociedad, sino para los propios capos de la droga que en menos de tres años lograron permear, como una cabeza de hidra, todos los niveles de gobierno de las cárceles: desde los custodios hasta los propios directivos La lección no parece haberse aprendido En lugar de enfrentar el desafío abierto que implica el autogobierno de los capos en estos sitios, el gobierno de Vicente Fox decide ignorarlo y recurrir a una medida extrema que amenaza con expandir el poder corruptor de este enorme negocio hacia las fuerzas armadas Si de autogobierno se trata, basta recordar que Osiel Cárdenas, jefe del cartel del Golfo, tenía a su disposición en La Palma una red de 60 personas a su servicio, incluyendo a Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”, y que incluía, al parecer, a los hermanos Cerezo, acusados de vínculos con el EPR, según las revelaciones más recientes El involucramiento de las fuerzas armadas, aun cuando se plantee en forma “temporal” y como medida “emergente” para reforzar a la nueva dirección de La Palma, presenta, por lo menos, dos escenarios negativos: 1 Por un lado, el uso y abuso de las fuerzas militares, por encima de los propios reglamentos que dominan este tipo de instituciones carcelarias, puede generar, a muy corto plazo, un problema de violaciones a los derechos humanos de los propios reclusos, tal como han denunciado los familiares en los últimos días Ya sabemos que en México confundir eficacia con “mano firme” casi siempre es sinónimo de discrecionalidad, maltrato y abusos selectivos para aparentar que el problema está resuelto 2 Por otro lado, ya se sabe que el poder corruptor del narcotráfico no ha dejado exento al ejército Ahí está el caso de los sicarios que forman la banda de Los Zetas, surgida precisamente con integrantes de los cuerpos de elite del ejército que desertaron para prestar sus servicios al cartel de Tijuana No es descabellado pensar que para garantiza la continuidad del enorme negocio que implica controlar las rutas del narcotráfico desde las cárceles de “máxima seguridad”, los capos estén dispuestos no sólo a eliminar a sus rivales, sino a involucrar al ejército en esta estrategia, a cambio de módicos “cañonazos” El riesgo mayor es que ahora se realice de manera “institucionalizada”, con el aval de las autoridades civiles y sin mecanismos de fiscalización y transparencia claros Estos dos escenarios negativos corresponden a la propia dinámica y a los hechos que han venido marcando el derrotero del narcopoder en México Cada vez que se descabeza a un capo, surge otro que acumula y expande el poder del otro A cada “golpe espectacular” que se ejecuta contra ellos (recuérdense los de la era de Carlos Salinas de Gortari) le corresponde un “contragolpe” corruptor que le permite al narcopoder introducirse hasta las más altas esferas En aquellos lugares donde las fuerzas armadas se han involucrado para combatir el narcotráfico, los mandos medios y altos acaban siendo perneados (recuérdese el caso del general Gutiérrez Rebollo, el flamante zar antidroga mexicano que “prestó” servicios a Amado Carrillo Fuentes) Negar esta dinámica es permitir que se repita, pero ahora con un grado mayor de desafío Desde la fuga de El Chapo Guzmán de Puente Grande, el narcopoder ha demostrado que tiene la suficiente habilidad y dinero para lograr burlar todos los controles posibles y permitir la fuga de los capos; para mantener sus privilegios en las cárceles de máxima seguridad; para continuar las vendettas en los propios reclusorios (tres homicidios en menos de un año se registraron en La Palma) y para demostrar que son capaces de generar una situación de ingobernabilidad ¿Qué hacer frente a esta cabeza de hidra? Por supuesto no existen medidas fáciles, rápidas y menos unilaterales El primer paso es reconocer el tamaño del desafío En segundo lugar, evitar las medidas espectaculares, de fuerza, que sólo sirven para encubrir el problema real En tercer lugar, plantear en términos serios la profesionalización del personal carcelario, el involucramiento de otros sectores sociales en la vigilancia y la fiscalización Y, sobre todo, nombrar a funcionarios sin un pasado tan sospechoso, como el del nuevo subsecretario de Seguridad, Miguel Ángel Yunes, quien, en los hechos, ya se asume de facto como el supremo comandante de una operación que muy pronto puede demostrar el verdadero rostro de “narcoalmoloya” Comentarios: jvillamil@procesocommx