San Salvador, (apro) - En El Salvador antes y durante la guerra civil (1980-1992) no había prácticamente ser humano que se salvara del peligro de ser víctima de torturas o de morir ejecutado por “escuadrones de la muerte” o por comandos guerrilleros Después de concluido el conflicto bélico esta pequeña nación centroamericana se declaró libre de tales crímenes de lesa humanidad Sin embargo, una reciente denuncia de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Beatrice de Carrillo, pone en entredicho el respeto a las garantías fundamentales que supuestamente se profesa en El Salvador y coloca a este país en una senda de cuestionamientos a su proceso democratizador Carrillo denunció, a través de un amplio y estremecedor documento, las irregularidades que se han cometido en el proceso de investigación del asesinato de Gilberto Soto, de 49 años de edad, de nacionalidad estadunidense y de origen salvadoreño Soto era un destacado líder sindical de la International Brotherhood of Teamster (IBT), Nueva Jersey, y su ejecución ocurrió el 5 de noviembre de 2004, sin que hasta el momento los motivos de su homicidio se hayan esclarecido El crimen contra Soto, que se ejecutó al estilo de los “escuadrones de la muerte” ocurridos en décadas pasadas en la ciudad oriental de Usulután, de donde era originario y donde se encontraba visitando a familiares tras un viaje que había hecho desde New Jersey, su lugar de residencia y trabajo desde hace tres décadas El texto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) dice: El señor Gilberto Soto fue ejecutado por sicarios en la ciudad de Usulután, en las afueras de la casa de su hermana y frente al Centro Penal de la misma ciudad, donde permanece personal de seguridad armado; el atentado ocurrió a eso de las 18:00 horas del día 05 de noviembre de 2004 El señor Soto fue mortalmente lesionado por el impacto de dos proyectiles de arma de fuego en cuello y espalda, falleciendo veinte minutos después del ataque en un centro asistencial Sus asesinos le dispararon directamente en tres ocasiones, sin tentativas de cometer robo, por lo que resulta evidente que su objetivo era privar arbitrariamente de la vida a su víctima Los victimarios fueron tres hombres, uno de los cuales dejó abandonada una bicicleta tipo “montañesa” en el lugar No obstante las particularidades de la ejecución, Carrillo aseguró en su denuncia que las autoridades salvadoreñas no han querido investigar posibles motivaciones políticas en el crimen de Soto, quien al momento de su muerte realizaba labores en beneficio de trabajadores portuarios y del transporte en naciones centroamericanas Tras el asesinato de Soto han ocurrido dos hechos que trascienden las fronteras de El Salvador: la protesta y el reclamo de importantes sectores de Estados Unidos para que se esclarezca el crimen y, por otra parte, el sistema judicial del país ha demostrado graves deficiencias, a tal grado que la PDDH ha denunciado la práctica de torturas en contra de los supuestos responsables intelectuales y materiales del homicidio Protestas en Estados Unidos El asesinato de Soto ha ocasionado un revuelo no visto quizás durante el proceso de transición de la guerra a la democracia, es decir, desde 1992 --cuando se firmó el acuerdo de paz-- hasta la fecha En anteriores ocasiones, durante el conflicto, numerosas delegaciones de políticos y líderes estadunidenses viajaron a El Salvador preocupados por los las violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo, la Comisión Moakley, que presidía el congresista Joe Moakley, y que se encargó de investigar la masacre de seis sacerdotes jesuitas, el 16 de noviembre de 1989, por un comando especial del ejército En la actualidad, por el caso de Soto han protestado sus compañeros del sindicato International Brotherhood of Teamster: “El señor Gilberto Soto fue por mucho tiempo un organizador con el International Brotherhood of Teamsters, sindicato de transportistas, uno de los más grandes del mundo y de Estados Unidos, basado en New Yersey Él estaba a cargo de la organización de los motoristas de contenedores de la zona noreste de Estados Unidos Él estaba actualmente organizando motoristas en Elizabeth, New Yersey”, detallan los sindicalistas estadunidenses para demostrar quién era Soto Además, aseguran que estaba trabajando directamente en un proyecto conjunto con el Sindicato de Dinamarca (SID) para documentar “las violaciones sistemáticas de los derechos de los trabajadores de Maersk, una de las compañías navieras más grande del mundo” Igualmente Soto “estaba empezando a organizar su trabajo en Centroamérica donde fue asesinado Él se iba a encontrar con trabajadores portuarios y motoristas en El Salvador, Honduras y Nicaragua Sin embargo, su interés real era encontrarse y asistir a los motoristas que trabajan para la compañía Maersk En El Salvador las condiciones son muy malas, con turnos excesivos y bajos salarios”, expresa la denuncia Entre otras gestiones internacionales, el 16 de noviembre de 2004, el presidente de los sindicalistas Teamsters, James P Hoffa, y el presidente de la Federación Americana de Trabajo y del Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), John Sweeney, se reunieron con el embajador de El Salvador en Estados Unidos, René León, para “solicitar ayuda en presionar a las autoridades salvadoreñas para que intensifiquen la investigación del asesinato” de Soto En ese entonces las versiones oficiales afirmaban que Soto había sido asesinado víctima de la delincuencia común que azota a El Salvador y, además, se sospechaba que se trataba de rencillas personales Hubo voces oficiales como las del mismo embajador León que indicaban que se intentaba vincular el crimen con hechos políticos para obstaculizar la firma del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, conocido como CAFTA, por sus siglas en inglés Los sindicalistas llegaron, incluso, a ofrecer una recompensa de 75 mil dólares a quienes dieran información que esclareciera el asesinato En tanto, varios miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al entonces secretario de Estado, Colin Powell, para solicitarle que le exigiera al presidente de El Salvador, Antonio Saca, el esclarecimiento del asesinato de Soto Finalmente entre el 30 de noviembre y 2 de diciembre pasados, una importante delegación encabezada por la congresista federal de California, Linda Sánchez, arribó a El Salvador para presionar por una investigación profunda del crimen contra Soto La delegación sostuvo entrevistas con familiares de Soto, así como con altas autoridades del país, tales como los ministros de Trabajo, de Gobernación y de Relaciones Exteriores; el fiscal general de la República y la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos Los presuntos asesinos Además de las características particulares que tuvo el crimen del sindicalista, la PDDH ha denunciado un procedimiento que se creía ya inexistente en El Salvador, las supuestas torturas a que han sido sometidas las personas a las que se les achaca la autoría intelectual y material del asesinato Las autoridades fiscales y policiales han negado las torturas contra los procesados en reiteradas oportunidades “Fueron incomunicados durante varias horas y llevados a lugares desolados, donde se les sometió a interrogatorios ilegales y a tortura física y psicológica La tortura habría consistido en actos que preferentemente no dejasen mayores daños físicos”, dice el texto de Carrillo, quien detalla que las torturas consistieron en “asfixia, vejaciones sexuales y amenazas graves de muerte” Los acusados por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General son: la señora Rosa Elba Zelaya (suegra de Gilberto Soto), presunta autora intelectual, así como Santos Sánchez y Herber Joel Gómez, presuntos autores materiales del crimen, quienes habrían actuado como “sicarios”, asesinando a Soto con varios disparos, frente a sus familiares Éstos habrían llegado enmascarados y lograron huir Además del procedimiento de torturas, que se creía inexistente en la policía, la procuradora denunció que durante dos semanas no se permitió a su institución hacer una verificación directa de la investigación contra los acusados en un crimen que ha tenido connotación internacional La procuradora Carrillo señaló a los agentes de la División Especial contra el Crimen Organizado (DECO) como los responsables de los vejámenes contra los presuntos asesinos de Soto; además, señala a la fiscalía y al tribunal que ventiló el caso, como instituciones que validaron los procedimientos policiales y no investigaron las denuncias de torturas No obstante, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) promovió un reconocimiento médico en dos de los acusados y se encontraron evidencias de maltratos y hasta de vejámenes sexuales La PDDH también señala que posee elementos de convicción de que “al menos uno de los testigos que han recibido criterio de oportunidad y que son la base de las acusaciones contra las personas sometidas a instrucción penal, pudo haber sido objeto de procedimientos ilícitos de coacción como los antes descritos” Agrega que “toda la información relevante que ha fundamentado la acusación contra los hoy detenidos, está basada en informantes secretos o confidenciales, esto es, en fuentes de información cuya veracidad o mera existencia no puede ser verificada Son testigos o informantes sin rostro, ante quienes no puede ejercerse ninguna garantía de defensa o de corroboración de su dicho” El crimen de Soto ha recordado en El Salvador los homicidios selectivos que ocurrieron durante las dictaduras militares que tuvieron vigencia en la mayor parte del siglo pasado, represión que se desencadenó y condujo a una guerra civil que duró 12 años (1980-1992), con un saldo de 75 mil muertos, 8 mil desaparecidos y un sinnúmero de torturados, huérfanos y viudas