* Amparan a diputados a quienes se les negó el derecho de demandar a funcionarios panistas Guanajuato, Gto , 27 de enero (apro)- Un juez de distrito otorgó un amparo a los cuatro diputados del PRD en el Congreso local, a quienes la Procuraduría local les negó la posibilidad de demandar penalmente a funcionarios panistas presuntamente involucrados en delitos cometidos en el ejercicio del erario La fracción del PRD había presentado sendas denuncias penales por diversas anomalías detectadas en el ejercicio del presupuesto del Instituto de Ecología del estado, en la gestión de Rodrigo Estrada Muñoz --que finalmente fue cesado pero contra quien no se emprendió acción alguna--, y en la administración municipal de San Luis de la Paz en el periodo del panista Armando Rangel, actual diputado federal por este partido Ambos fueron rescatados por la bancada del PAN que, con su mayoría, rechazó las propuestas del PRD de impulsar una denuncia a fin de deslindar responsabilidades penales, y se limitó a dictaminar las auditorías sólo con “faltas administrativas” en ambos casos Tan sólo en el Instituto de Ecología, la auditoría que practicó la entonces Contaduría Mayor de Hacienda (hoy convertida en Órgano Superior de Fiscalización) detectó diversas irregularidades por casi 8 millones de pesos durante el ejercicio del 2000 Mientras que en el caso de San Luis de la Paz, los diputados presentaron denuncias por posible peculado y abuso de autoridad en el ejercicio del Fondo 33 federal --Infraestructura social y fortalecimiento municipal--, que se habrían cometido entre junio del 2001 y junio del 2002 Sin embargo, cuando los cuatro diputados del PRD decidieron acudir por su cuenta ante el exprocurador Miguel Valadez, a fin de presentar una demanda y abrir una investigación, éste les respondió que, de acuerdo con una consulta hecha a jueces de la entidad, los legisladores no contaban con la personalidad para demandar hacerlo, en virtud de que ya existía un dictamen aprobado por la mayoría del Congreso exonerando a los funcionarios, según su apreciación El entonces procurador Valadez también pretextó que este proceso debía regirse por la Ley de Fiscalización Superior del estado, y no por el reglamento de la Contaduría Mayor de Hacienda, que estaba vigente cuando se practicaron las respectivas auditorías Al recurrir al amparo, el juez segundo de distrito, Salvador González Baltierra, determinó la protección de la justicia federal, al concluir que ninguno de estos dos argumentos de la Procuraduría son válidos, por lo que los diputados pueden seguir adelante con las demandas, y tienen a salvo su derecho de acudir como ciudadanos a denunciar algún posible ilícito cometido por servidores públicos en perjuicio del erario Al respecto, la coordinadora del grupo, Carolina Contreras, dijo a Apro que esta determinación puso en tela de juicio la imparcialidad de la justicia en Guanajuato Y anunció que se proseguirá con las denuncias hasta fincar o deslindar las responsabilidades de los funcionarios, “a quienes la mayoría panista y el propio gobierno del estado querían salvar Ahora los evidenciados son ellos, por haber rechazado con tanta rapidez y celeridad las denuncias, y cuando la justicia federal nos está dando la razón”