México, D F, 10 de octubre (apro)- En su libro Derecho cultural mexicano (Problemas jurídicos), el abogado Francisco Javier Dorantes Díaz, maestro en derecho constitucional y administrativo por la UNAM, plantea lo que sería, en su opinión, el inicio de una verdadera reforma jurídica del sector cultural, que tendría como consecuencia lógica la creación de una Ley General de Cultura Así lo explica en el prólogo de éste volumen de 136 páginas, el también abogado Raúl Ávila Ortiz, fundador y expresidente de la Academia Mexicana para la Educación, el Derecho y la Cultura, AC, de la cual Dorantes Díaz es coordinador de Proyectos Legislativos Y ahora que el Ejecutivo ha presentado ante el Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, vale recordar que el abogado constitucionalista ha expresado sus opiniones en contra porque se ha pronunciado no por una ley que legitime sólo al Conaculta, sino por una reforma integral del sector Ávila Ortiz señala que, para Dorantes Díaz, el primer paso será que el Estado asuma a la cultura no sólo como una obligación, sino como un derecho fundamental, en el cual se pondere "el concepto de interés legítimo y no simplemente de interés jurídico, de tal suerte que se propicie su tutela judicial efectiva (y su exigibilidad administrativa) en un contexto que maximice las oportunidades culturales para las generaciones venideras y considere la composición pluricultural de la nación" El jurista ha explicado que sería fundamental reformar el artículo tercero constitucional para establecer ese derecho El segundo paso será catalogar las industrias culturales "como actividad prioritaria para el desarrollo nacional, debido a su valor económico e impacto político" Para ello, propone reformar el artículo 28 de la Constitución y enmarcar esas industrias en lo previsto por los artículos 25, 26, 27, 28 y 73 Luego, continúa Ávila Ortiz, se establecería una reserva de ley en el artículo 27, que "ofrezca soporte constitucional a las modalidades de interés público que, respecto del patrimonio cultural, se fijan en las declaratorias administrativas de monumentos, previniendo así sus vicios procedimentales y sus reiteradas inconstitucionalidades" Finalmente se tendría que modificar el artículo 73 de la Constitución para establecer un sistema de facultades concurrentes entre el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, pero reservando como exclusivo para el primero lo arqueológico, histórico y artístico de interés nacional "Estos ajustes, ciertamente, darían pie a una Ley General de Cultura, así como a leyes de cultura en el ámbito de las entidades federativas", dice Para Dorantes Díaz, es difícil explicar por qué el ámbito cultural, en materia jurídica, ha quedado rezagado con respecto a otras materias Su conclusión es que "lo cultural no forma parte de las reformas estructurales del Estado mexicano", pese a que, tanto en lo académico como entre la comunidad cultural, se ha reconocido la necesidad de regular la cultura Por ello invita, mediante éste libro, editado por la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, a reflexionar sobre "las enormes carencias jurídicas que actualmente existen en este ámbito" La obra se divide en cinco apartados: I- La necesaria reforma integral de la Constitución en materia cultural; II- La administración pública independiente en el sector cultural en México; III- Una secretaría de Estado para el sector cultural; IV- El patrimonio natural y cultural, convergencias y divergencias, y V- Algunos problemas jurídicos en torno a la Ley de Patrimonio Cultural mexicano En ellos aborda, entre otros temas, el derecho a la cultura, desglosa lo que es un derecho difuso, colectivo y de tercera generación Habla de las industrias culturales, las modalidades del patrimonio cultural Distingue las leyes generales, la gestión cultural, la autonomía regulatoria, los usos para los bienes culturales y reglas concretas para la exportación e importación de bienes culturales Pero el libro, dice el propio Dorantes Díaz, sólo "habrá cumplido con su objetivo cuando en nuestro país se genere la inquietud suficiente entre los distintos tipos de interlocutores culturales, para crear una legislación cultural acorde a las necesidades de nuestro México"