Quebradero de cabeza catalán para Zapatero

lunes, 3 de octubre de 2005
Madrid, 3 de octubre (apro) - La aprobación este 30 de septiembre, de un nuevo estatuto de autonomía por el Parlamento de Cataluña, abre un proceso que debe culminar el próximo noviembre con su discusión y definitiva aprobación o rechazo en el Parlamento Español El camino se prevé tortuoso ante la anunciada resistencia de la principal formación de la oposición, el derechista Partido Popular (PP), que ha tildado el texto de inconstitucional y de proyecto secesionista Al respecto, también existe división en las filas del gobernante PSOE que, por boca del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se había comprometido a apoyar el documento --si venía con un alto grado de consenso-- aunque ahora muchos dirigentes socialistas no descartan enmendarlo en el trámite parlamentario Sí, desde que los socialistas obtuvieron la victoria en las elecciones de marzo de 2004, los principales caballos de batalla de la oposición se centraron en el retorno de las tropas españolas destinadas en Irak; en el cambio legislativo que ahora permite las bodas entre personas del mismo sexo con igualdad de derechos, incluida la adopción; o en la proyectada reforma del sistema educativo; y en los últimos meses han empleado toda su artillería en calentar el debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se estaba cocinando entre las fuerzas políticas mayoritarias en esa nacionalidad histórica Esta cuestión ha centrado toda la actualidad política española, eclipsando al resto de los asuntos, incluida la reciente presentación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el 2006 "Ruptura de la unidad nacional", "secesión", "fragmentación del Estado" o "flagrante inconstitucionalidad", han sido los términos más habituales con que los dirigentes del Partido Popular han venido calificando los contenidos que se iban filtrando del nuevo texto, desde mucho antes que se aprobase el pasado 30 de septiembre por parte del Parlamento de Cataluña ?por una abrumadora mayoría de 120 votos a favor y 15 en contra, precisamente los del PP-- Esta aprobación no constituye más que una primera fase, ya que el día 4 de octubre, el presidente de este Parlamento autonómico, Ernest Benach, entrega el proyecto de nuevo estatuto en el Congreso de los Diputados, cuya Mesa abrirá los trámites en un día indeterminado de la próxima semana, y se prevé que será en noviembre cuando sea sometido a debate en plenario para ser aceptado su pase a la fase de discusión en comisiones y enmiendas, en su caso Más de dos meses en total hasta que se produzca una decisión definitiva Pero, incluso el acuerdo que se ha producido, sólo a efectos de su aprobación en las Cortes catalanas, ha seguido un arduo y largo camino La distancia que separaba a las tres fuerzas que componen el gobierno autonómico tripartito ?el Partido Socialista de Catalunya (PSC, federación del PSOE en este territorio), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V, federación de Izquierda Unida)--, del partido con más diputados en Cataluña, Convergencia i Unió (CiU) ?nacionalistas conservadores--, parecían, en principio, insalvables, especialmente, por las exigencias de esta última formación en materia de financiación También el proyecto de nuevo estatuto hubo de salvar los obstáculos que el propio Consejo Consultivo de Cataluña (máximo órgano consultivo catalán en materia legislativa) puso en su camino, dictaminando que varios de los artículos de la primera redacción incurrían en inconstitucionalidad A este respecto fueron especialmente llamativos, y muy comentados, los artículos que hacían referencia a que la sanción definitiva para el nombramiento de presidente de la Generalitat (Gobierno de Cataluña), no fuera efectuada por el rey, que desempeña la función de jefe del Estado español, sino por el presidente del Parlamento catalán; o los que apelaban a los denominados "derechos históricos", como fuente de la legitimidad de las competencias transferidas por el Estado Finalmente, el acuerdo ha sido sellado por los gobernantes PSC, ERC e IC-V, y por el principal partido de la oposición, CiU, sumando 120 votos a la propuesta Sólo el derechista PP, muy minoritario en Cataluña, ha opuesto sus 15 escaños al texto Controvertida soberanía Pero, ¿cuáles son los contenidos que están desatando tanta polémica? En primer lugar, en el preámbulo del nuevo estatuto, se define a Cataluña como una "nación", lo que ha desatado las iras de quienes ven en esta definición una declaración de independencia, aunque en el texto no se reclama un Estado Literalmente, el párrafo del preámbulo dice que "la nación catalana define sus relaciones con los pueblos de España en un marco de libre solidaridad con las nacionalidades y regiones que la conforman, compatible con el desarrollo de un Estado plurinacional" Otro aspecto controvertido se encuentra en la tan debatida financiación El proyecto prevé la creación de una Agencia Tributaria propia catalana y que todos los impuestos sean recaudados por la Generalitat y, desde esta posición, transferir después a la administración central una cantidad en concepto de gastos generales del Estado, y otra en concepto de solidaridad con otras autonomías españolas con una renta per cápita inferior a la catalana Es decir, exactamente lo contrario de lo que sucede en la actualidad, donde es el Estado el agente recaudador y quien, posteriormente, distribuye los fondos entre las distintas administraciones autonómicas y locales También el proyecto es impugnado por su intento de desarrollar un Poder Judicial catalán El texto refuerza ostensiblemente las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en detrimento de las del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional españoles Propone que el Tribunal Superior de Justicia catalán sea la última instancia a la que corresponde, en exclusiva, la unificación de la interpretación del Derecho en Cataluña, y también, la creación del Consell de Justicia de Catalunya y de la figura del fiscal superior de Cataluña, lo que provocaría la modificación de al menos diez artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial española Y la denominada "bilateralidad" en las relaciones con la administración central es otra propuesta que ha levantado ampollas El nuevo estatuto pretende que la Generalitat esté presente con entidad propia en órganos multilaterales, y especialmente en los foros de la Unión Europea, dejando en claro que, en caso de conflicto con el Estado, siempre prevalecerá la legislación catalana En realidad, la lectura política de todo esto se recoge en un "decálogo" que aparece en el preámbulo del nuevo texto, por expreso empeño del presidente de la Generalitat, el socialista Pasqual Maragall, y que podría resumirse en lo siguiente: Cataluña es una nación; Cataluña considera a España un Estado plurinacional; el Derecho catalán será de aplicación preferente; Cataluña, a través del Estado, pertenece a la Unión Europea; Cataluña desea formar parte de una "eurorregión" con otras comunidades del Mediterráneo para defender sus intereses comunes a escala internacional Pero lo que en Cataluña se vive como normal y es aceptado por una amplísima mayoría de su población, no es visto desde el mismo prisma en el resto del país, especialmente en las zonas no periféricas que, a excepción de Madrid, presentan un desarrollo económico inferior al catalán Y ese fantasma es el que llevan meses enarbolando con fuerza desde la estrategia de oposición sin cuartel del Partido Popular, tratando de convencer a los ciudadanos del resto del Estado de que están asistiendo a la desmembración de la Nación española Las reacciones que se produjeron en los medios de comunicación afines al PP el mismo 30 de septiembre, tras conocerse la aprobación del proyecto de estatuto en el Parlamento catalán, no dejan lugar a dudas de que al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le espera un "otoño caliente" político Desde las ondas de la emisora de radio propiedad de la Conferencia Episcopal Española (Cope), el conocido agitador y defensor de los principios de la derecha española más extrema, Federico Jiménez Losantos, proclamaba desde su programa diario que la aprobación del nuevo estatuto constituía "un golpe de Estado" que, con "la complicidad de la política criminal" de Zapatero, lleva a la creación de "un nuevo régimen yugoslavo" en Cataluña El diario El Mundo, en un editorial, recalcaba que "el Parlamento catalán no es quién para autodeterminarse ni para determinar a los demás" El todavía más radical diario La Razón, se hacía eco de unas declaraciones a comienzos de semana, en las que el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, estableció una conexión entre un atentado con explosivos de escasa potencia que hizo estallar ETA en una zona despoblada y la aprobación del nuevo estatuto catalán "Tenía toda la razón --Eduardo Zaplana-- cuando relacionó las últimas bombas de ETA con el Estatut que se cuece en el horno catalán", sentenciaba desde esas páginas el columnista Iñaki Ezkerra Pero esta reacción de los medios afines al Partido Popular ya venía precedida por declaraciones alarmistas de los propios dirigentes de este partido El día 27 de septiembre, el último expresidente del gobierno español, José María Aznar, hablaba de un "cambio de régimen" tras la aprobación del nuevo estatuto El actual presidente del PP y líder de la oposición, Mariano Rajoy, el mismo día 30 de septiembre declaraba que ese texto "rompía la Constitución" Los Legionarios, también Si, para sus intereses como oposición, los estrategas del PP han elegido desde que perdieron el poder un perfil duro, con el asunto del estatuto catalán se está produciendo una nueva vuelta de tuerca, un salto cualitativo en sus manifestaciones A media mañana del 30 de septiembre, el secretario general del Partido Popular y destacado miembro de los Legionarios de Cristo, Ángel Acebes, exigía al gobierno que el texto que el Parlamento catalán remite el 4 de octubre al Congreso de los Diputados, sea tramitado, no como una reforma estatutaria, sino como una reforma constitucional ?lo que cambiaría profundamente las reglas del juego, ya que en ese caso no bastaría con la mayoría simple para su aprobación, sino que se requeriría la aquiescencia de dos tercios de la Cámara, lo que en la práctica significa que los votos del PP serían necesarios-- Para ello, amenazaba con que, en caso que se tramitase como una reforma estatutaria, su partido exigiría la disolución del Parlamento nacional y la inmediata convocatoria de elecciones generales Ante la prensa declaraba que asumían esa postura porque "los ciudadanos españoles deben ser consultados antes que el Congreso tome decisiones irreversibles en un proceso de separación territorial" Así las cosas, no todos los problemas le llegan al presidente del gobierno desde la oposición o los medios de comunicación que se suman a su estrategia En las propias filas socialistas existen disensiones sobre la cuestión El anterior secretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros, vaticinaba a micrófono abierto en la emisora radiofónica Onda Cero, que nos enfrentábamos a "una crisis institucional" tras la aprobación del texto catalán El presidente de la Junta de Extremadura ?la más empobrecida de todas las comunidades autónomas españolas--, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, mostraba públicamente su convencimiento de que José Luis Rodríguez Zapatero "jamás va a permitir que Cataluña sea una nación", y criticaba a sus compañeros de partido catalanes a los que advertía que "saben que lo que están haciendo no va a ningún lado Es un esfuerzo inútil", ya que se mostraba convencido de que el estatuto sería rechazado en su trámite en el Parlamento español Hasta en el propio gobierno se alzan voces contrarias, como la del ministro de Defensa, José Bono, que expresaba su "confianza" en que el término "nación" aplicado a Cataluña sería modificado en el Congreso de los Diputados Pero no opinaba igual el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que según manifestaba en la mañana del 30 de septiembre, comprendía que resultase un asunto "sensible" la denominación de nación catalana pero, a su juicio "no debe preocupar, siempre y cuando no perjudique a la soberanía española, que está en las Cortes Generales, ni a la igualdad de derechos fundamentales" Defendió la legalidad con que se ha llevado a cabo la redacción y el pronunciamiento de los diputados autonómicos: "Es un proceso en curso que está teniendo lugar legítimamente", y criticaba a quienes están tratando la cuestión con "una alarma y un alarmismo que están fuera de lugar Asombra que haya quién declare que esto supondrá el desmembramiento de España" El presidente del gobierno se había comprometido semanas atrás a que el texto del nuevo estatuto recibiría su apoyo, si éste era resultado de un amplio consenso en el Parlamento catalán Ahora que ha llegado con el pronunciamiento favorable de 120 de los 135 diputados autonómicos, Zapatero se ve en la encrucijada de cumplir fielmente su palabra, u optar por soluciones que eviten la división interna en sus filas y dar más munición a la infatigable oposición de la derecha En este sentido pueden resultar reveladoras las declaraciones efectuadas por la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega: "El presidente respaldará el estatuto, pero eso no significa que el texto no pueda retocarse"

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