El Salvador, en el banquillo de la CIDH

lunes, 31 de octubre de 2005 · 01:00
* "El país más impune de América Latina" San Salvador, 31 de octubre (apro) - "La impunidad que se mantiene en El Salvador está causando un grave desprestigio al país ante la comunidad internacional", dijo María Julia Hernández, directora de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador "Este país no ha hecho nada para juzgar los crímenes de guerra, debido a una amnistía vigente que ha sido cuestionada por todo el mundo No ha habido arrepentimiento por el asesinato del arzobispo Óscar Romero, lo que hace a El Salvador el país más impune de Latinoamérica", añadió En la década de los 70, Hernández fue asistente del arzobispo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba una misa en una capilla de un hospital para cancerosos Tras la muerte del prelado, Hernández encabezó la Tutela Legal del Arzobispado y realizó gestiones para encontrar y castigar a los responsables del homicidio Precisamente por la impunidad que prevalece en este país, el crimen de Romero terminó en los archivos Hernández llevó la causa a través de Tutela Legal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, a fin de buscar "una luz de esperanza" El pasado 20 de octubre, esa comisión, integrada por abogados notables y personalidades defensoras de los derechos humanos, como el chileno José Zalaquet; el salvadoreño Florentín Meléndez y Clare Kamau Roberts, de Antigua y Barbuda, quien actualmente preside el organismo, llamó al Estado salvadoreño a una audiencia, a fin de que rindiera un informe sobre el cumplimiento de sus recomendaciones giradas en el Informe número 37/100, del 13 de abril de 2000, sobre el caso del asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero y Galdámez "Las recomendaciones tienen tres puntos básicos", señaló Hernández: "Realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las violaciones" en el caso de Romero Además, las recomendaciones contemplan la reparación a las víctimas y, finalmente, la adecuación de la legislación salvadoreña a la Convención Americana (de Derechos Humanos), a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General de 1993 "Estábamos en un recinto, en la sede de la comisión en Washington, en el cual los comisionados se colocan frente a las delegaciones citadas Los representantes del Estado salvadoreño estaban sentados frente a frente con los demandantes, en este caso Tutela Legal del Arzobispado y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)", explicó Hernández narró cómo, ante los representantes del Estado salvadoreño, llegaron a "defender lo indefendible" ante los comisionados, entre ellos Roberts y Zalaquet "El doctor Óscar Santamaría, quien encabezó la delegación oficial que negoció los acuerdos de paz con la guerrilla para poner punto final a la guerra civil (1980-1992), llegó a argumentar que no era posible juzgar el crimen contra Romero, porque existía la vigencia de la amnistía general de 1993, y que esta amnistía era consustancial con los acuerdos de paz y con el proceso de paz en El Salvador", añadió la activista salvadoreña "Luego, el representante de la Fiscalía General de la República, Miguel Ángel Francia, aseguró que el caso de Romero estaba archivado, pero que además había mucha oscuridad, y que no existían pruebas para acusar a alguien por el crimen cometido, que conmovió al mundo", afirmó Hernández sostuvo que, al finalizar la intervención de los representantes del gobierno, el comisionado chileno José Zalaquet tomó la palabra y advirtió a la delegación estatal que las recomendaciones de la CIDH no pueden ser evadidas, además de expresarles que la comunidad estaba pendiente de que El Salvador cumpliera "Diplomáticamente, se les requirió ante el hecho de llegar a decir a ciencia cierta que no les importaba la Convención Interamericana y que van a continuar con la amnistía", aclaró Hernández, quien este año fue galardonada por la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, con un doctorado honoris causa en derechos humanos Argumentos rebatibles David Morales, abogado especialista en derechos humanos y exprocurador adjunto de Derechos Humanos en El Salvador, aseguró a Apro que los argumentos del gobierno para no cumplir con las recomendaciones de la CIDH son totalmente rebatibles "El argumento de que la amnistía sea consustancial al proceso de paz, es una farsa El doctor Santamaría fue firmante de los acuerdos de paz, en los que se contempla explícitamente, en el capítulo de superación de la impunidad, el procesamiento judicial de quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad "En cuanto a que no existen pruebas, según los argumentos de la Fiscalía, también hay una falsedad Tenemos el caso de una condena en un tribunal de Fresno, Estados Unidos, en el que se sentenció civilmente al capitán Álvaro Saravia por su participación en el asesinato de monseñor Romero, el cual se tiene documentado que fue ordenado por el ya fallecido mayor Roberto D´Aubuisson", dijo Morales Y finalizó: "De mantenerse la impunidad prevaleciente, la democracia no es sustentable en El Salvador, porque la justicia no protege a las víctimas Por otra parte, El Salvador se ha convertido en un paraíso para los criminales de guerra, mientras en el resto del mundo, y aun en el vecindario, los criminales reciben sanciones ejemplares por la violencia cometida en el pasado Es inaudito que D´Aubuisson y el coronel Domingo Monterrosa, el llamado héroe de la ?tierra arrasada?, sean convertidos en héroes nacionales"

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