Tuxtla Gutiérrez, Chis , 10 de noviembre (apro)- Organismos no gubernamentales lamentaron hoy que el Estado mexicano, representado por el presidente Vicente Fox, no haya cumplido aún con varias de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés); el Centro de Derechos Humano "Fray Bartolomé de Las Casas"; el grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, exigieron hoy al gobierno mexicano valorar el señalamiento que, el pasado 28 de octubre, le hizo la CIDH, al concluir su 123 período ordinario de sesiones, realizado en Washington En su informe final, al referirse a México, la CIDH lamentó que el gobierno no haya estado presente en la reunión de trabajo convocada para dar seguimiento a sus recomendaciones en el caso del general José Francisco Gallardo En su informe --43/96, de 15 de octubre de 1996--, la CIDH declaró que "el Estado mexicano dejó de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, y protección judicial del general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez" Así mismo, "la detención y sometimiento del general a 16 investigaciones y ocho causas penales de manera continuada y sin propósito razonable lógico y justificable", constituía una violación a diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos En un comunicado de prensa, el organismo internacional también criticó que el Estado mexicano no haya cumplido con sus recomendaciones en el caso de las hermanas González Pérez, supuestamente ultrajadas por militares en un campamento de Chiapas Al respecto, indicó: "La Comisión Interamericana verificó, en presencia de las partes, que siguen pendientes de cumplimiento las recomendaciones sobre la investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana, para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos, en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González, así como las correspondientes reparaciones" El caso se refiere a tres hermanas indígenas detenidas arbitrariamente, violadas y torturadas supuestamente por miembros del Ejército mexicano, mientras su madre era testigo de los hechos Dos de ellas eran menores de edad al momento de los hechos En agosto de 2001, la CIDH consideró que el Estado mexicano debía realizar una investigación "seria y exhaustiva" para reparar los daños a las víctimas La CIDH dijo que, no obstante, 12 años después, "el Estado no ha determinado ni sancionado a los responsables, y se niega a cumplir con las reparaciones ordenadas, argumentando cuestiones de derecho interno, en la medida en que no discutirá las reparaciones hasta tanto no se llegue a una condena por los hechos denunciados" La posición del Estado mexicano ha generado que la CIDH, en sus dos últimos informes anuales, señale a México como un Estado que no cumple con sus compromisos internacionales Durante el período de sesiones de la CIDH, el Estado mexicano también fue convocado para tratar el caso de la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de Reyes Penagos y las torturas sufridas por Julieta y Enrique Flores, en 1995, por miembros de la policía judicial del estado de Chiapas y del Ejército mexicano También, el caso de Gilberto Jiménez Hernández, ejecutado extrajudicialmente cuando intentaba huir, junto con su familia, de la incursión militar realizada por una patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería del agrupamiento "Yabur", en Chiapas Por ello, esos organismos no gubernamentales lamentan "profundamente" la actitud del Estado mexicano frente a un órgano de supervisión de los derechos humanos de carácter hemisférico, como la CIDH "Si bien es cierto que México ha dado un paso significativo en la firma y ratificación de importantes instrumentos internacionales (como el Estatuto de Roma y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes), eso es insuficiente si en la práctica no se garantiza el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales derivadas de su incorporación a un tratado de derechos humanos", dice la misiva de las organizaciones no gubernamentales