Embajador en descrédito

domingo, 27 de noviembre de 2005
A la serie de derrotas y pifias diplomáticas que ensombrecen la gestión del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, se suma ahora la obcecación del canciller por convertir en embajador en la OEA a un desacreditado diplomático Propuesto al Senado para ocupar el cargo, Alejandro García-Moreno fue demandado por no haber denunciado hace 10 años la presencia en San Antonio, Texas, de Manuel Muñoz Rocha, implicado en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha convertido en un dolor de cabeza para el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista Tras su derrota en su intento por dirigir el organismo interamericano, ahora se vislumbran dificultades para que el Senado ratifique su propuesta para nuevo representante mexicano ante la OEA Alejandro García-Moreno Elizondo, director general de la cancillería para América Latina y el Caribe, fue propuesto el pasado jueves 3 por el Ejecutivo federal como embajador extraordinario y plenipotenciario y representante permanente de México ante la organización García-Moreno tuvo a su cargo las fallidas negociaciones para impulsar la candidatura de Derbez a la Secretaría General del organismo, la que finalmente obtuvo el chileno José Miguel Insulza De acuerdo con el excónsul mexicano en San Antoio, Texas, Humberto Hernández Haddad, la oficina de García-Moreno también le recomendó al presidente Vicente Fox que en la IV Cumbre de las Américas pusiera énfasis en el libre comercio, en lugar de referirse a los temas de empleo y eliminación de los subsidios, como estaba previsto en la agenda acordada, lo que a final de cuentas propició el desencuentro con los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, y Hugo Chávez, de Venezuela Al proponer a Alejandro García-Moreno como representante de México ante la OEA -el documento respectivo fue turnado el pasado 28 de octubre al Senado- se desestimaron una demanda penal y un proceso administrativo disciplinario que el diplomático tiene abiertos en su contra debido a que, hace una década, presuntamente no informó de la presencia en San Antonio, Texas, del diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, implicado en el caso del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, quien fue secretario general del Partido Revolucionario Institucional En las acusaciones contra García-Moreno también está involucrado el exsecretario de Relaciones Exteriores José Ángel Gurría Treviño, actualmente propuesto por el gobierno de Fox como secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) La propuesta de García-Moreno está aún pendiente de dictamen por parte de las comisiones de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales del Senado, presididas por los legisladores panistas Fernando Margáin Berlanga y Carlos Medina Plascencia, respectivamente Sin embargo, el hecho de que estas comisiones estén controladas por senadores de Acción Nacional no garantiza que el nombramiento sea ratificado El propio senador Margáin anticipó que se hará una revisión cuidadosa de las denuncias presentadas por Humberto Hernández Haddad, quien era cónsul de México en San Antonio durante los días en que fue visto por última vez Muñoz Rocha en esa ciudad texana No se puede pasar algo contra la ley, advierte Aunque pondera las demandas, Margáin asegura a Proceso que se trata de la primera ocasión en que se pide que sea revocado el nombramiento de un representante de México en el exterior Irregularidades y mal desempeño Según Hernández Haddad, el caso de García-Moreno está repleto de irregularidades, no sólo por su negativa a informar de la presencia de Muñoz Rocha, sino porque su ascenso como embajador no cubrió los requisitos establecidos por la Ley del Servicio Exterior, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la propia Constitución Política, que estipulan que estas designaciones deben ser ratificadas por el Senado Alejandro García-Moreno ascendió al grado de embajador junto con Arturo Aquiles Dáger Gómez, titular de la Unidad de Coordinación Jurídica e Información Documental de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el 3 de diciembre de 2004, mediante sendos acuerdos firmados por el canciller Derbez y retroactivos al 28 de octubre de ese año Esos nombramientos son inconstitucionales, ilegales e irregulares, pues ambos se encuentran impedidos para ser promovidos hasta que no se conozcan los resultados de los procedimientos administrativos y de las investigaciones penales radicadas en su contra en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de la Función Pública (SFP), asegura Hernández Haddad, quien, como senador por Tabasco en la LIII Legislatura, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Cónsul en San Antonio entre 1989 y 1995, Hernández Haddad ha impugnado los nombramientos ante el presidente Fox, la SFP y la Cámara de Senadores En el caso de García-Moreno, además de la denuncia penal integrada en la averiguación previa 3615/DDF/2004 de la PGR, hay una investigación administrativa abierta por la Contraloría Interna de la SFP con el expediente 4593/04 La serie de irregularidades comenzó el 9 de junio de 1995, cuando Hernández Haddad informó al canciller Gurría que el cónsul obstaculizaba las investigaciones del caso Muñoz Rocha García-Moreno había sustituido al diplomático tabasqueño en el consulado de San Antonio apenas unas semanas antes García-Moreno tomó en sus manos el consulado teniendo como testigo a Enrique Loaeza Tovar, entonces director general de Asuntos Consulares, luego de que José Ángel Gurría destituyó a Hernández Haddad, quien había insistido en informar al gobierno mexicano sobre la presencia de Muñoz Rocha en San Antonio Loaeza Tovar fue nombrado posteriormente embajador de México en Venezuela y actualmente se encuentra en el país luego de ser retirado de Caracas debido a la crisis diplomática con el gobierno de Chávez Por haber informado los hechos de alta gravedad y prioridad judicial que quedaron claramente expuestos en mis informes consulares a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ordenaron represalias en mi perjuicio, incluyendo amenazas de muerte, y dar por terminada mi comisión como cónsul general de México para la circunscripción consular sur-centro de Texas, con sede en San Antonio, asegura Hernández Haddad La amenaza de muerte fue hecha por el propio Gurría, sostiene el excónsul Cuenta que, el 30 de mayo de 1995, luego de enviarle un informe al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la presencia en San Antonio de uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Ruiz Massieu, recibió esa misma noche una llamada del canciller, quien, afirma, le ordenó entregar de inmediato el consulado y trasladarme a México para sostener una entrevista con el procurador Antonio Lozano Gracia a fin de ampliarle el contenido de mi informe Pero sobre todo, su llamada fue para intimidarme, pues acabó con la siguiente amenaza: 'lo mismo te puedes morir en México que en Estados Unidos' Ocultamiento El denunciante asegura que García-Moreno conoció la información oficial del gobierno y la justicia estadunidenses acerca de la presencia de Muñoz Rocha en San Antonio De acuerdo con el testimonio jurado de dos agentes del desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, quienes seguían al abogado Enrique Fuentes León -cuya extradición había sido solicitada por México-, Muñoz Rocha lo el acompañaba 19 de octubre de 1994 Incluso, un empleado de la PGR en aquella ciudad, el sargento Adrián Tejeda, también fue testigo de la presencia del diputado tamaulipeco Las declaraciones juradas de los agentes fueron reportadas oficialmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos al agregado de la PGR en la embajada mexicana en Washington, Gustavo González Báez El Departamento de Justicia se habría quejado también de la injerencia del jefe de la Interpol México, Miguel Ponce Edmonson, y del agregado regional de la PGR, Jaime González Carrancá, en el proceso de extradición de Fuentes León, quien, en declaraciones ante agentes estadunidenses encubiertos, aseguró tener información sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, perpetrado en marzo de 1994, además de anticipar que habría nuevos crímenes Ponce Edmonson y González Carrancá se presentaron como mediadores ante el representante de la justicia estadunidense en San Antonio, el fiscal Glen Mac Taggart, quien se lo informó a Alejandro García-Moreno y también a Enrique Loaeza Tovar El cónsul dio cuenta de la queja estadunidense al titular de la PGR, el panista Antonio Lozano Gracia, aunque la Procuraduría y la cancillería aseguran que dicho informe no existe En su reporte, García-Moreno también informó de las gestiones de un despacho texano para desacreditar los testimonios policiales acerca del paradero de Muñoz Rocha Para evitar que su denuncia prescribiera, el 30 de junio de 2004 Hernández Haddad amplió ante la PGR la demanda contra los exfuncionarios de la cancillería, incluido García-Moreno, a quien acusó, además, de amenazas, abuso de autoridad en su modalidad de ejercicio indebido, robo y violación de correspondencia El embajador García-Moreno fue requerido infructuosamente por Proceso para que diera su versión sobre estas acusaciones Hernández Haddad logró recientemente, mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que la SRE certificara las copias de sus denuncias de 1995, las cuales se encontraban en los archivos de la Dirección General del Servicio Exterior y de Personal de la cancillería La SRE había negado la existencia de la denuncia y se había deshecho del documento original sin que se hubiera agotado el proceso El mismo Aquiles Dáger Gómez se negó a entregar la información, con el argumento de que era un reporte reservado por razones de seguridad nacional, porque podía menoscabar las relaciones con Estados Unidos, ya que se trataba de información confidencial Sin embargo, el IFAI le indicó que al momento de archivarse, el reporte no fue clasificado bajo ese rubro A través del IFAI, Hernádez Haddad también consiguió copias del informe enviado a Ernesto Zedillo sobre las supuestas amenazas y represalias del canciller Gurría, así como una declaración de Relaciones Exteriores acerca de la probable inexistencia del registro de entrega y recepción del consulado, que quedó en manos de Enrique Loaeza La obtención de estos reportes mediante la interposición de diversos recursos indica el propósito que la cancillería ha tenido durante años de ocultar la información sobre el caso Muñoz Rocha, asegura el excónsul Además de García-Moreno, Hernández Haddad denunció ante la SFP a José Ángel Gurría, al exsubsecretario de Relaciones Exteriores Juan Rebolledo Gout y al exdirector de Comunicación Social Óscar Ignorosa Mijangos, a quienes acusa de haber ejercido represalias en su contra Y también denunció a Dáger Gómez quien, como director general de Asuntos Jurídicos de la SRE, certificó en su respuesta al IFAI el contenido del boletín de prensa en el que se informaba de la destitución de Hernández Haddad como cónsul en San Antonio En dicho documento se señala que Hernández fue cesado por reiterado desacato a la autoridad, además de acusarlo de recibir viáticos para viajar a México sin presentarse a la cancillería El presunto desacato -asegura Hernández Haddad- se debió a mi negativa a avalar la intención de la PGR para que desacreditara el testimonio de los agentes federales estadunidenses sobre la presencia de Muñoz Rocha en Texas y de lo cual García-Moreno tenía conocimiento En el caso de los viáticos, se me acusa de cobrar dinero indebidamente, lo cual es una difamación que debe investigar el Órgano Interno de Control de la cancillería La versión del boletín fue utilizada nuevamente en octubre pasado por Allan Nahum Kaim, entonces director de Comunicación Social de Derbez, para desestimar las acusaciones de Hernández Haddad Ese boletín de prensa me ha causado daños morales, económicos, profesionales y políticos por referir hechos falsos, dolosos y difamatorios, con lo que afecta mi buen nombre profesional como abogado, diplomático, académico y exservidor público al que jamás nadie ha infraccionado, cesado, acusado o sancionado por realizar actos ilícitos o irregulares El uso de esta información por parte de la SRE condujo a dos nuevas demandas: una contra Nahum Kaim y otra contra el mismo canciller Derbez Si el Senado aprueba la designación de García-Moreno, no sólo violará la ley, sino que permitirá el encubrimiento de delitos cometidos por altos funcionarios, asegura Hernández Haddad

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