México, D F, 8 de noviembre (apro)- Contra toda lógica y evidente entreguismo, el Poder Judicial del país ha dado nuevamente la razón a Vicente Fox, confirmándole que sus cuestionados contratos para ejecutar obras de infraestructura en la Cuenca de Burgos a compañías extrajeras, están en regla No hay duda de que "algo" ocurre en ese Poder Primero fue la razón a la controversia que Vicente Fox interpuso para bloquear la demanda de la Auditoría Superior de la Federación para que no se pagaran 8 mil millones de pesos a Banamex por concepto de pagarés Fobaproa, ya que este banco había incumplido en sus obligaciones En ese caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca entró al fondo del asunto, que es la legalidad o ilegalidad con que actuaron quienes estaban en el Comité Técnico del Fobaproa con sus debidas consecuencias A este tema le siguieron otras controversias, las cuales resultaron siempre en favor del Ejecutivo Federal Pero ahora, el colmo, un juez de Distrito en Materia Civil está a punto de darle la razón a Vicente Fox al considerar que los llamados Contratos de Servicios Múltiples --otorgados por la Secretaría de Energía durante el breve paso de Felipe Calderón por esta dependencia--, no pueden ser impugnados por los senadores de la República, encabezados por Manuel Barttlet, ya que no tienen "personalidad jurídica" En el año 2003 Fox otorgó cinco Contratos de Servicios Múltiples a compañías extranjeras para que ejecutaran obras de infraestructura y mantenimiento en los campos de gas natural en la conocida Cuenca de Burgos, ubicada en el Golfo de México Los contratos van de 15 a 20 años y por los cuales las empresa Petrobras, de Brasil; Repsol, de España; y Teikoku Olil, de Japón, pagaron millonarias cantidades --aproximadamente 35 mil millones de pesos La Constitución establece que la explotación y exploración de los recursos naturales es exclusivamente para el Estado mexicano, por esta y otras razones más de tipo jurídico, el senador Manuel Barttlet interpuso un juicio de inconstitucionalidad antes de que se cumpliera el primer año de autorización para que realizaran obras en dicha zona petrolera El Poder Legislativo no respaldó Barttlet para interponer una controversia constitucional, por lo que se recurrió a un juicio de inconstitucionalidad, apoyado por otros legisladores, en tiempo y forma Pues bien, ahora resulta que el juez noveno de Distrito en Materia Civil desechó el pasado 20 de octubre el recurso, alegando que no tienen personalidad jurídica Los senadores aún tienen la oportunidad de recurrir al amparo y parece ser que éste ya se interpuso el pasado jueves 3, sólo falta la última resolución, de ser desfavorable para los legisladores, Fox podrá continuar con su proceso de entregar estas obras a empresas extranjeras Por lo pronto la pregunta es, ¿Si al interponer Barttlet su controversia, el gobierno federal regresó los millonarios recursos que ya le habían entregado, en parte, las empresas extranjeras o se quedaron congelados por la Secretaría de Hacienda? o ¿De no haber sido así, dónde está el dinero, en qué partida se registró? Esperemos que la lucha del senador dé resultado y el Tribunal Unitario de Circuito le otorgue la razón para detener esta entrega y lenta privatización del sector energético, y por supuesto, que antes de una resolución definitiva se piense en la Nación y no en intereses particulares