México, D F, 17 de febrero (apro)- La democracia entraña debate en la diversidad, combate abierto, a veces ruidoso, de ideas que en el extremo constituyen mayorías que, por supuesto, no arrojan satisfacción general, pero que sólo el apego a la ley da la certeza de legitimidad La sociedad mexicana es diversa, lo ha sido siempre y lo seguirá siendo, aun a costa de quienes aspiran --todavía-- a la unanimidad que degrada y que, a contrapelo de lo que establece la Constitución y las leyes, buscan imponer un proyecto hegemónico religioso, ideológico, tecnocrático, intelectual o lo que sea sobre las minorías Las libertades no se definen: se ejercen, se experimentan, se viven, siempre al amparo de la Constitución, de las leyes y de los principios éticos Podrán no gustarnos muchas manifestaciones de estas libertades, y quizá repugnarnos, pero estamos obligados --si creemos en la democracia, que por definición es abierta-- a respetarlas y, en todo caso, a combatirlas con el arsenal de las ideas y el derecho Los principios democráticos de derecho son claros: Los ciudadanos podemos hacer todo lo que la Constitución y la ley no prohíban, pero las autoridades sólo deben hacer --deben (obligación), no “deben de” (posibilidad)-- lo que la Constitución y las leyes expresamente les autorizan Esta es una diferencia sustantiva entre ciudadanos y servidores públicos, siempre de manera abierta Conspiran contra la democracia quienes la invocan para encubrir la tortura de la Constitución y de las leyes --sobre todo desde los poderes constitucionales y fácticos, y desde las catacumbas de las organizaciones secretas--, y también lo hacen quienes en nombre de la Constitución y de las leyes tratan de justificar acometidas contra ellas La Constitución y las leyes, en este sentido, valen menos que sus propósitos, tan repugnantes que se equiparan a un golpe de Estado Pero serenémonos, y no invoquemos la anarquía Como en el periodismo preguntar a los lectores se contrapone a los principios que por definición deben ser estrictamente informativos, afirmo que en el caso del proceso de desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se trata de una descarada tortura a la Constitución y a las leyes, y sus promotores conspiran contra lo que en la palabra proclaman Momento: No es una defensa de López Obrador que, por lo demás, encabeza un gobierno legal y legítimamente constituido, sino la exposición de argumentos jurídicos sobre lo que ha hecho que se desvirtúen los principios de la democracia con propósitos facciosos La Procuraduría General de la República (PGR) acusa a López Obrador de violar una suspensión provisional de un juez, una acusación que a manudo existe en todo el país, y decide ejercer la acción penal Como el jefe de Gobierno disfruta de la protección constitucional, en Ministerio Público –que tiene el monopolio de la acción penal-- solicita a la Cámara de Diputados lo despoje del desafuero La Cámara de Diputados procesa esta petición mediante un órgano previsto para ello: la Sección Instructora, que debe valorar, con pruebas presentadas por acusadores y acusado, si procede elaborar un dictamen que deberá ser sometido al pleno como jurado de procedencia y que será, al final, el que toma la decisión Así como ocurrió con René Bejarano, despojado del fuero y sujeto a proceso, y que no ha ocurrido con otros presuntos delincuentes, como por ejemplo el senador priista Ricardo Aldana, quien -- se ha comprobado-- desvió 500 millones de pesos del presupuesto federal a la campaña del PRI, en el asunto de López Obrador hay dos cosas fundamentales: Primero: Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que se trata de la comisión de un delito, el Código Penal debe establecer una pena, en este caso equiparable al abuso de autoridad; pero resulta que, en el Código Penal, no existe en sus causales una pena para ello y, como lo establece un principio general de derecho, no hay delito sin pena Aun en el caso de que se procediera el desafuero del jefe de Gobierno, el juez tendría que ponerlo en libertad Segundo: Justamente porque el Código Penal no establece sanción para la desobediencia a una orden de suspensión de un juez es que, en casos semejantes y aun idénticos, la PGR ha decidido no ejercitar la acción penal El caso más nítido es el del exalcalde priista de Jalpan de Serra, Querétaro Con documentos con que cuenta este reportero, firmados inclusive por el procurador Rafael Macedo, sólo es posible concluir que en el caso de López Obrador no hay sustento jurídico Es tratar de inhabilitar a este personaje para que la disputa por la Presidencia de la República sea entre el PAN y el PRI Elementos para concluir esto, además de los jurídicos, hay muchos Y las pruebas están no en la imaginación de los defensores de López Obrador, sino en documentos y en un libro clave para entender esta trama: El tango de Ahumada, del compañero reportero Raúl Monge, quien acredita la colusión entre Carlos Ahumada, Carlos Salinas, Diego Fernández de Cevallos y otros personajes del PRI y del PAN, así como de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante --se supone-- de la legalidad en la República Este es el fondo del asunto --inhabilitar a un contendiente político-- y no el proceso legalista que se sigue en la Sección Instructora, integrada por un diputado del PRD, que la preside, uno del PAN –que en automático da por hecho el desafuero-- y dos del PRI, a quienes corresponde la definición Por eso estamos viendo la defensa férreamente política de López Obrador, porque político es el asunto, por más que los puristas del derecho o los opinadotes políticamente correctos --esos que suelen hacer relaciones públicas a cargo del presupuesto y lo mismo hacen fortuna desde sus posiciones dizque de izquierda con los potentados de la extrema derecha-- digan lo contrario con argumentos tan elementales como el populismo, esa engañifa tan propia de Carlos Salinas Esos legalistas --como el exconsejero electoral Alonso Lujambio, quien dice que López Obrador desprecia la ley-- son los que le apuestan a estirar la liga para entrampar al jefe de Gobierno, quien también ha cometido torpezas de carácter ético, como coercionar a servidores públicos --no de base-- a dar una parte de su sueldo y a concentrar corporativamente a trabajadores Se puede estar de cuerdo con López Obrador o no, pero no es constitucional ni legal, y menos ético, cerrarle el paso mediante la tortura de la Constitución y las leyes Eso sí nos llevaría a la anarquía y al caos que proclama Vicente Fox, a quien la mayoría de los mexicanos convirtieron, legal y legítimamente, en jefe de las instituciones nacionales A propósito, los apóstoles de la legalidad guardan un obsequioso silencio ante la exhibición rotunda de los afanes de campaña del secretario de Gobernación, Santiago Creel, por la candidatura presidencial Claro, si gana, les ofrecerá una embajada, un consulado, asesorías o becas, el embute de los intelectuales Con todo, lo sano es que cada quién aporte su visión, enjundiosa si se quiere y aunque no nos guste En eso consiste, en una parte la democracia Serenémonos, aún es tiempo Comentarios: delgado@procesocommx