Tuxtla Gutiérrez, Chis , 21 de febrero (apro)- Integrantes de la comunidad lacandona exigieron la semana pasada a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) la restitución de 112 mil hectáreas de selva en poder de varios poblados, o bien que el gobierno federal los indemnice con más de 672 millones de pesos En el marco del programa integral de solución al problema de las invasiones en Montes Azules, los miembros de esta etnia maya reclamaron a la SRA les entregue las tierras que originalmente indica la resolución presidencial que data de 1971, misma que no tomó en cuenta que dentro de esa porción territorial ya se habían asentado una docena de comunidades Génesis del conflicto Tras la solicitud de tierras que hicieran tan sólo 66 familias de indígenas lacandones al gobierno de Luis Echeverría, éste finalmente les otorgó en noviembre de 1971 al menos 614 mil 321 hectáreas, casi toda la extensión de la selva Lacandona, incluyendo el área hoy conocida como reserva de la biosfera Montes Azules Según organismos no gubernamentales prozapatistas, el gobierno le cambia el nombre de caribes por lacandones, e intenta presentarlos como los descendientes directos de los lacandones originarios, que en realidad desaparecieron en 1695 y que defendieron con dignidad su territorio y cultura Es decir, estos lacandones son emigrados de la región maya yucateca que vinieron a refugiarse a la selva chiapaneca tras un conflicto en aquella región de la Península hace unos 200 años El trámite de los supuestos lacandones duró tan sólo ocho meses, mientras que las peticiones de muchos poblados, que llevaban más de 15 años solicitando tierras, fueron ignoradas Los caribes reciben 604 mil hectáreas más de lo que habían solicitado Según un informe del Centro de Análisis Políticos e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise), aquel decreto no tomó en cuenta que para cuando se publica el mismo, en 1972, ya existían 17 comunidades con derechos ejidales, otras 30 habían presentado solicitudes de dotación y más de 20 reclamaban ampliación sobre los terrenos de la zona lacandona Es decir, no se tomó en cuenta que en esas tierras había más de 60 comunidades con derechos y con solicitudes agrarias anteriores al decreto y a la solicitud de los caribes El decreto dota a 66 familias caribes, e ignora la presencia de más de mil 500 familias tzeltales, choles, tzotziles y tojolabales Sin embargo, el decreto respeta a dos latifundios privados Las comunidades afectadas por el decreto empiezan a organizarse para la defensa de sus territorios Se forman varias organizaciones independientes, como la Quiptic ta Lecubtesel, antecedente directo de lo que hoy es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) Tras la puesta en marcha del programa de reubicación de poblados irregulares, los lacandones ahora han empezado a exigir al gobierno federal les restituya de 112 mil hectáreas que originalmente marcan los planos, en tanto la SRA sólo les reconoce 501 mil hectáreas Esas 112 mil hectáreas que reclaman los indígenas están en poder de más de una docena de pueblos que llegaron a posesionarse antes que el gobierno federal dotara de las 614 mil hectáreas a los lacandones De no ser restituidas, los miembros de la comunidad lacandona exigieron al gobierno federal la entrega de 6 mil pesos por hectárea, es decir, una suma de poco más de 672 mil pesos en efectivo La entrega de 112 mil 894 hectáreas de tierra significaría, más allá de la posesión real de la misma por parte de los lacandones –la etnia se compone de no más de 11 mil personas--, que a cada una de ellas le correspondería casi 56 hectáreas de selva, frente al reconocimiento legal de la posesión de dicho terreno a favor de más de una docena de núcleos poblacionales que se ubican ahí incluso desde 30 años atrás, y que de otra manera tendrían que ser reubicados El planteamiento de los lacandones se efectuó cuando se encuentra en proceso la reubicación o reconocimiento legal de más de media centena de poblados y pequeñas propiedades ubicadas en el corazón de la selva Lacandona La postura de la SRA ante el planteamiento fue que jurídicamente dicha dependencia no tiene la obligación de entregarles dicha superficie, ya que el plano definitivo levantado en campo les reconoce sólo 501 mil 106 hectáreas de selva Los representantes lacandones acordaron consultar a través de una asamblea la posibilidad de que especialistas de la SRA y representantes suyos realicen los trabajos técnicos para medir de nuevo las tierras, labor que se llevaría más de dos meses