Pachuca, Hgo , 21 de febrero (apro)- Impulsada por grupos ultraderechistas y racistas de Estados Unidos, la llamada Ley 200 promulgada en Arizona, que impide a los migrantes acceder a servicios de salud y educación, no ha recibido una respuesta contundente del gobierno mexicano, asegura Dolores Cabrera de Parkinson, presidenta de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conofam) El gobierno mexicano ha reaccionado con tibieza a esta propuesta que viola los derechos humanos, acusa Cabrera, quien lamenta la postura poco firme del presidente de la República, Vicente Fox, y del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Entrevistada en esta ciudad, molesta afirma que por las declaraciones que el presidente y canciller han dado a los medios de comunicación, se desprende que existe poco interés del gobierno federal por defender a los migrantes La iniciativa ciudadana 1-03-2004, también llamada Protect Arizona Now, se sometió a votación el 2 de noviembre del año pasado en el marco de las elecciones generales de Estados Unidos y logró una abrumadora aprobación De acuerdo con la constitución del estado de Arizona una iniciativa aprobada en las urnas no puede ser vetada por el gobernador del estado, en este caso Janette Napolitano, quien ha mostrado simpatía por el pueblo mexicano y los migrantes, pero que quedó totalmente maniatada Presentada en julio del 2003 por la principal organización de ultraderecha de la entidad, Protect Arizona Now, cuya presidenta es Kathy McKee, fue aprobada con el 56% de los votos De los 15 condados que existen en el estado, votaron en contra de la medida Coconino, Greenlee, Pima y Santa Cruz En esencia, este es el espíritu de la ley: --Exige la prueba de ciudadanía al registrarse para votar --Reclama la prueba de identidad (identificación con fotografía) --Exige la elegibilidad (residencia legal) de los ciudadanos para demandar servicios públicos no federales como bonificaciones, contratos, préstamos, licencia de manejo, beneficios por retiro, seguridad social, servicios de salud, ayuda para alimentos y seguro de desempleo En este último punto, se incluyen sanciones a los servidores públicos que otorguen servicios a las personas que no cumplan con los requisitos de elegibilidad Detrás de Protect Arizona Now existen otros grupos abiertamente xenófobos como Federation for American Inmigration Reform, Americans for Better Inmigration, Popstop y Citizens Against Illegal Inmigration, United patriots of America, Numbers USA, American Border Patrol y Council of Conservative Citizens La Federation for American Inmigration Reform (FAIR), es una organización cercana a grupos de nacionalistas blancos Su programa de televisión semanal presenta a nacionalistas sajones destacados y a teóricos de externa derecha Otorgan importantes aportaciones a la American Border Patrol Su director ejecutivo es Dan Stein Incluso, han donado 50 mil dólares para las campañas del Partido Acción Nacional (PAN) en nuestro país, señala la coordinadora nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes Por su parte, la United Patriots of America, asegura un informe elaborado en Estados Unidos, es una organización que se dedica al patrullaje de la frontera entre México y Arizona por medio de grupos armados para evitar que los migrantes crucen Tal vez el peor de todos es el American Border Patrol, con sede en California, dirigido por Glenn Spencer, quien cree que la Iglesia católica y el gobierno mexicano están conspirando para reconquistar el sureste estadunidense Este personaje es conocido ampliamente en Estados Unidos por sus declaraciones racistas En ese nivel se encuentra el Council of Conservative Citizens, que se opone al movimiento en favor de los derechos civiles Esta lucha también tiene sus sectores en contra de la medida, entre los que se encuentran sindicatos, empresarios, legisladores y el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEUI) y la AFL-CIO Particularmente, estas últimas y el Center for Inmigration Democracy presentaron ante la Corte Superior del Condado de Maricopa una moción que buscaba atacar la legitimidad de las firmas y la imparcialidad de un documento realizado por el Consejo Legislativo Entre los grupos contrarios a la propuesta se encuentran la Coalición en Contra de la Aprobación de la Ley 200, que agrupa a más de 40 organizaciones opositoras, entre las que se encuentra la Iglesia católica del estado, American Jewish Comitee, la Cámara de Comercio de Arizona, instituciones financieras y bancarias como Bank One, la organización Residentes de Arizona por una Reforma Migratoria Real, encabezados por el exprocurador general Grant Woods, la Asociación de Hospitales e Instituciones para el Cuidado de la Salud, entre otros Además se encuentra la movilización de la comunidad hispana que luchó fuertemente para que se aprobara y ahora demanda su cancelación por violatoria de las garantías individuales No pasará la Ley 200: Conofam Para Dolores Cabrera de Parkinson, también titular de la Oficina de Apoyo al Hidalguense en el Extranjero y el estado, esta ley no pasará tal y como sucedió con la que un día apoyó el exgobernador de California Pete Wilson, la llamada Ley 187 Aunque ahora esta Ley 200 fue aprobada en urnas, la gobernadora de aquella entidad, Janette Napolitano y los líderes del Partido Republicano no pudieron oponerse a la iniciativa que fue avalada por el juez de la Corte Federal de Tucson, David C Bury, para su implantación Dolores Cabrera de Parkinson dice que aunque por el momento los hidalguenses radicados en Estados Unidos no han resultado afectados, es claro que esta ley es violatoria de los derechos humanos Las organizaciones ultraderechistas sostienen que los mexicanos “ociosamente” ocupan los beneficios como el seguro social y la educación Cabrera rechaza estos comentarios, ya que aseguró que los mexicanos no llegan allá a pasearse, sino exclusivamente a trabajar y lo que menos les importa es utilizar esos servicios Además, la Ley 200 prevé sanciones a los funcionarios que otorguen los servicios a los inmigrantes que para ellos son personas “de no elegibilidad”, según sus palabras para evitar los términos de ilegales La funcionaria hidalguenses asegura que los 29 estados que conforman la Coordinación de Atención al Migrante, han manifestado su preocupación por este nuevo golpe a los migrantes, aunque insiste en que “afortunadamente” esta ley no tiene futuro y quedará en el olvido, como lo fue la iniciativa 187 impulsada por Pete Wilson, que pretendía también impedir el acceso a la educación a los hijos de los migrantes El reclamo de la Conofam que ya fue turnado a la Cámara de Diputados y el Senado de la República, señala que “a pesar de que el presidente de Estados Unidos, George W Bush, se pronunciara recientemente por la reforma de las leyes migratorias, el estado de Arizona amenaza con privar de los más elementales derechos que, como seres humanos, deban gozar los migrantes” Añade que la medida afectará gravemente a familias enteras de migrantes que a pesar de pagar impuestos que aportan de manera importante a la economía de ese estado, no tendrán derecho a los servicios asistenciales tan esenciales como salud y educación “Aunado a esto –señala el texto--, aumenta el riesgo de que por falta de sensibilidad de cualquier funcionario de gobierno estatal o local se violen los derechos humanos de nuestros connacionales” Desde su oficina en el Congreso del estado, el diputado Héctor Pedraza Olguín, hasta hace unos días presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios y Fronterizos, menciona que no se puede entender la oferta de reconocer a los trabajadores migrantes a la par de estas medidas y la cacería en la frontera norte Los costos En caso de que la Ley 200 entre en vigor, se estima que los costos de su implementación serán demasiado altos Un estudio realizado por la gobernadora Napolitano, estima que se requieren de 20 millones de dólares para su operación anual y una cantidad similar para ponerlo en marcha Así mismo, el Departamento de Calidad del Ambiente estima que los residentes deberán esperar 15 minutos más en las filas para la revisión de emisiones contaminantes de sus autos y que la verificación de status migratorio costará 105 millones de dólares anualmente El Departamento de Servicios de Salud ha declarado que la medida desalentará a los inmigrantes indocumentados a llevar a sus hijos a recibir vacunas, por lo que existe el peligro de epidemias Igualmente, con la medida tampoco se podrá atender a las personas con enfermedades psiquiátricas y no podrá darse atención a niños con discapacidades y a personas sin hogar o con problemas de violencia familiar También el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos estimó que necesita cerca de 8 millones de dólares anuales para proveer a la Policía Estatal de los sistemas necesarios para determinar el status migratorio de los conductores que detienen Una vez que haya sido certificada por la Secretaría de estado, la ley tendrá que ser revisada por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia para verificar que no sea violatoria del Votting Rigth Act de 1965