Tuxtla Gutiérrez, Chis , 24 de febrero (apro)- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC), expresó su beneplácito por la captura de Samuel Sánchez, uno de los dirigentes de Paz y Justicia, aunque la consideró “tardía e insuficiente” como para considerar que dicha organización ha sido desmantelada En un comunicado el organismo no gubernamental dijo que es tardía porque por falta de oficio de la Procuraduría General de la República (PGR), primero y la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), hoy Fiscalía General, no se ha buscado llegar al fondo de las investigaciones para fincar responsabilidades por los crímenes denunciados años atrás de manera pública y ante autoridades encargadas de procurar la justicia Así mismo, el CDHFBC consideró que esta detención es insuficiente si no se realizan las acciones necesarias para desarmar y desactivar a estos grupos El organismo expresó su preocupación, debido a que la detención de Samuel Sánchez –arraigado por 30 días por delitos del fuero común-- pudiera quedar sólo en una campaña mediática de parte de las autoridades responsables de las investigaciones; y no se llegue a fondo y finquen responsabilidad a funcionarios civiles y militares que diseñaron e implementaron esta estrategia contrainsurgente, que formó y financió a grupos paramilitares, la cual tuvo como consecuencia desplazamientos forzados, muertes y desapariciones de población civil entre 1995 al 2000 Dijo que no olvida que la PGR --que ha sido la responsable de investigar las acciones de estos grupos--, detuvo en octubre del 2000 a once integrantes de Paz y Justicia, entre ellos Samuel Sánchez y Marcos Albino Torres, quienes cinco meses después fueron exonerados por un juez federal por “falta de evidencias” “Nos preguntamos nuevamente, qué pasó con todas las denuncias y testimonios recabados por esta instancia de procuración de justicia, cuáles fueron los resultados de sus investigaciones, dónde están los desparecidos, cómo pueden las víctimas seguir confiando en estas instituciones, si pese a que los agraviados denuncian las acciones de violencia contra población civil y que las violaciones a los derechos humanos son contundentes, para las autoridades no hay evidencias que permitan fincar responsabilidades “Estos hechos, ciertamente, ponen en descrédito a las instancias de procuración y administración de justicia”, señaló en su comunicado el organismo no gubernamental El centro fundado por el obispo emérito Samuel Ruiz García, dijo que mientras los gobiernos federal y estatal no asuman su responsabilidad y garanticen una investigación seria y comprometida con el desmantelamiento de los grupos paramilitares que aún siguen armados; se indemnice y se proteja la seguridad e integridad de las víctimas y sus familiares, y se garantice la no- repetición de los hechos, las acciones de los gobiernos seguirán alimentando la impunidad Por su parte, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslindó del grupo paramilitar A la par ofreció asesoría jurídica para la defensa de Sánchez Sánchez, exdiputado del tricolor Andrés Carballo Bustamante, presidente estatal del PRI, pidió se garantice el beneficio de defensa jurídica en favor del líder del grupo paramilitar Samuel Sánchez, acusado de homicidio, delincuencia organizada y desvío de recursos públicos para financiar las acciones del grupo armado Carballo sostuvo que al interior del organismo Paz y Justicia “existen militantes de diversos partidos, no solo del PRI Hay diferentes ideologías y filiaciones”