Rechaza Fox ser obstáculo en aspiraciones de AMLO rumbo al 2006

martes, 1 de marzo de 2005
* Un eventual desafuero no lo inhabilita en sus pretensiones políticas, acota México, D F, 28 de febrero (apro)- Vicente Fox es inocente en el juicio de desafuero contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal pues, en opinión del presidente, no merece ser nombrado en las reiteradas críticas del tabasqueño, y la Procuraduría General de la República, que depende del Ejecutivo federal, tampoco “El presidente de la República no atenta contra los derechos políticos de ningún ciudadano Es el primer obligado a respetar la ley y ésta no le otorga facultad alguna para intervenir en el proceso de desafuero que se sigue al jefe de gobierno capitalino”, sentenció hoy Fox mediante su vocero, Rubén Aguilar Valenzuela Aunque Fox y el secretario de Gobernación, Santiago Creel, precandidato panista a sucederlo, dijeron que el presidente no tenía “para dónde hacerse”, ahora resulta que el primero “no decide a quién debe investigar el Ministerio Público”, pues “éste actúa en el marco de sus facultades y obligaciones legales” El nuevo comunicado, leído por el exguerrillero Aguilar Valenzuela, se transcribe íntegro: El presidente de la República no atenta contra los derechos políticos de ningún ciudadano Es el primer obligado a respetar la ley y ésta no le otorga facultad alguna para intervenir en el proceso de desafuero que se sigue al jefe de gobierno capitalino 1 El presidente de la República no decide a quién debe investigar el Ministerio Público Éste actúa en el marco de sus facultades y obligaciones legales Violar la orden de un juez es un delito penado por ley El Tribunal federal determinó que, en el caso de El Encino, se violó una suspensión decretada por el juez, informando de ello al Ministerio Público El MP, al realizar sus investigaciones y revisar el expediente del tribunal, confirmó que había elementos que demostraban la existencia de un delito y, por tanto, que era necesario iniciar un proceso penal El jefe de gobierno goza de un fuero que le otorga la Constitución que impide se le pueda seguir un proceso penal como a cualquier ciudadano Por ello, como lo indica la propia Constitución, para poder seguir este proceso, el Ministerio Público envió el expediente a la Cámara Diputados La Presidencia de la República quiere reiterar, una vez más, que no fue el presidente quien inició el proceso penal en contra del jefe de Gobierno y tampoco quien decidió que el caso se llevara a la Cámara de Diputados 2 La Cámara de Diputados es quien decide si procede el desafuero o no No es una decisión que corresponda al ámbito de la Presidencia de la República La Cámara de Diputados es quien estudia y analiza los elementos enviados por el Ministerio Público y decide si procede o no el desafuero El desafuero no significa que el funcionario sea inocente o culpable, simplemente debe responder a la ley como cualquier ciudadano Tampoco suprime los derechos políticos a quien está sujeto a juicio, lo único que hace es igualar al servidor público que goza de fuero al nivel ciudadano La Presidencia quiere reiterar que el desafuero no es ni puede ser un juicio sobre la culpabilidad o no del jefe de gobierno En este proceso de toma de decisiones no existe intervención alguna del presidente de la República La evaluación del caso corresponde en su totalidad a la Cámara de Diputados, que fija su actuación de acuerdo con las potestades que le otorga la ley 3 Los jueces son autónomos Ni el presidente ni nadie pueden interferir en sus decisiones Si la Cámara de Diputados decidiera, por mayoría de votos, que sí procede el desafuero, el asunto pasará a un juez, quien resolverá, en su momento, si hay alguna responsabilidad o no Nadie puede darse por juzgado sin juicio de por medio Durante el proceso que en su caso se inicie, el jefe de gobierno tendrá las garantías y los medios para aclarar, impugnar, reclamar y emprender su defensa, que la Constitución otorga a todos los ciudadanos del país Es a todas luces inexacto, y falto a la verdad, responsabilizar al presidente de la situación actual del jefe de Gobierno La democracia obliga a observar la legalidad En un estado democrático de derecho en donde prevalece la división de poderes, el Poder Judicial de la Federación ha dictado su resolución apegada a derecho, el Ministerio Público ha cumplido con su responsabilidad de aplicar la ley, y ahora es la Cámara de Diputados quien debe determinar si procede o no el desafuero La Presidencia no ha sido ni será obstáculo para que, una vez que el jefe de Gobierno resuelva los procedimientos que le impone la ley, y los de selección que indica su partido, pueda cumplir con sus aspiraciones de ser candidato a presidente del país Es preciso que quede esto claro: el desafuero no inhabilita al jefe de Gobierno para convertirse en candidato presidencial

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