Aunque el próximo mes de abril la Asamblea Legislativa discutirá cuatro iniciativas de reforma para reordenar el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, así como para eliminar candados y criterios discrecionales al respecto, un balance del tema arroja que ha habido burocratización, inercias, falta de recursos, lagunas legislativas, litigios y hasta una "guerra sucia" que han enconado y "partidizado" las discusiones, además de limitar el derecho de los capitalinos a acceder a la información gubernamental En menos de 15 meses, la transparencia en el Distrito Federal se convirtió en el asunto más opaco, y su discusión se ha "partidizado" y enconado, pues en nombre del acceso a la información ha habido de todo: Denuncias en el interior del Consejo de Información (Consi), una estructura inoperante de 18 funcionarios, tres de ellos consejeros ciudadanos; "guerra sucia" entre la consejera ciudadana, María Elena Pérez Jaén, y el presidente del organismo, Gustavo Velásquez; más de 200 solicitudes de información rechazadas con criterios diferentes; enfrentamientos mediáticos entre Andrés Manuel López Obrador y periódicos críticos y, por si fuera poco, la evidencia de que 63% de las dependencias públicas carece de criterios de catalogación, resguardo y almacenamiento de todo tipo de datos y archivos, según el informe anual de actividades del Consi El hecho es que el asunto de la transparencia en el Distrito Federal, después de un balance, deja un mal sabor de boca en todos los actores involucrados Así lo reconocen desde el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, hasta el consejero presidente del Consi, Gustavo Velásquez, y los propios diputados de la Asamblea Legislativa El origen del problema se remonta hasta las pugnas partidistas, las reticencias del gobierno capitalino, la inoperancia del Consi y su escaso presupuesto para este año (12 millones de pesos para atender los requerimientos de acceso de 86 millones de habitantes, es decir, 5% de lo que ejerce el Instituto Federal de Acceso a la Información, menor incluso que los 1212 millones del organismo de Nuevo León y los 1220 millones de Sinaloa), pero, sobre todo, hasta una mala ley que dejó innumerables vacíos desde que entró en vigor el 8 de mayo de 2003 Un estudio comparativo de leyes de acceso a la información pública, realizado por el IFAI, revela diversas deficiencias de la ley capitalina en la materia Por ejemplo: -Los partidos políticos no son sujetos obligados a hacer pública la información de sus cuentas -No existe obligación de hacer públicas las auditorías -Tampoco se prevén mecanismos de participación ciudadana -Se establece como requisito para el ciudadano que solicite información entregar copia fotostática de identificación oficial, lo cual ha sido considerado como una medida inhibitoria -La ley no establece mecanismos que sí existen en otras legislaciones estatales, como la positiva ficta para el recurso de revisión de la solicitud de acceso a la información -El órgano de acceso a la información es el más grande del país: 18 integrantes: tres consejeros ciudadanos, tres del Poder Ejecutivo, tres del Poder Judicial, cuatro del Legislativo y uno de cada órgano autónomo; no tiene atribuciones para desclasificar información (a diferencia de otros 18 organismos similares en los estados); carece de acceso permanente a información reservada y confidencial; y no cuenta con atribuciones para ordenar la entrega de información ni para sancionar a los sujetos que la nieguen Por estas deficiencias de la ley original, en la Asamblea Legislativa se discutirán, a partir de abril, cuatro iniciativas de reforma que buscan reordenar el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, eliminar candados y criterios discrecionales para acceder a memorandos, licitaciones, contratación de obras públicas o adquisiciones El legislador panista Obdulio Ávila, crítico insistente de López Obrador en este tema, propone eliminar la regla que exige que el ciudadano aporte su credencial de elector para solicitar información, y "ciudadanizar" el Consi para que se integre sólo por cinco miembros, aunque no aclara si los tres actuales deben quedarse El priista Mauricio López Velázquez propone que sólo continúen en el Consi los tres consejeros ciudadanos actuales y que se aumenten sus atribuciones para que elaboren su propio presupuesto anual Los diputados locales del PRD Alejandra Barrales y Miguel Ángel Solares Chávez también presentaron dos iniciativas Barrales propone un consejo de sólo cinco ciudadanos, cuya elección se realizaría mediante una convocatoria que se extendiera "a la sociedad en general" Solares Chávez propone transformar el consejo en un Instituto de Transparencia e Información Pública en el Distrito Federal, con las mismas atribuciones que el órgano federal (el IFAI) e integrado por cinco consejeros ciudadanos En medio de estas propuestas, el secretario de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas, dio a conocer un acuerdo que elimina los 43 acuerdos que servían para clasificar como información reservada y confidencial los datos de igual número de dependencias del gobierno capitalino "Toda la información que obra en los archivos de la administración pública del Distrito Federal es pública y, por lo tanto, se pone a la disposición de los habitantes del Distrito Federal, de los medios de comunicación y de quien lo solicite", señala el acuerdo, que apareció en la edición de la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de marzo En los mismos considerandos del acuerdo, el jefe de Gobierno capitalino elogió algunas de las medidas adoptadas en materia de transparencia por su administración: fue el primer gobierno en "publicar en internet la nómina de los servidores públicos, sus declaraciones patrimoniales y la forma de ejercer el presupuesto asignado", señaló Resistencias y discrecionalidad Gustavo Velásquez, consejero presidente del Consi, subraya que, desde la aprobación de sus integrantes hasta que el consejo comenzó a funcionar, pasó casi un año Apenas en septiembre de 2004 se consiguieron unas instalaciones definitivas, y no fue sino hasta diciembre cuando se contrató a los primeros 20 empleados Ahora, el organismo cuenta con 44 trabajadores, entre administrativos, técnicos en informática, asesores y choferes El mismo consejero presidente reconoce que un organismo de 18 integrantes "no es precisamente una gacela" y que la mejor opción sería "ciudadanizarlo por completo" "Por supuesto que tenemos resistencias y debemos vencer las inercias de la cultura de la secrecía Todo mundo coincide en que hay que facilitar el acceso a la información, pero este es un proceso que apenas se inicia", declaró Velásquez en entrevista con Proceso -¿Hay una cultura de la secrecía en la administración capitalina? -Por supuesto que sí Hay una actitud automática entre funcionarios que tienen 20 o 30 años de servicio y que nunca en su vida han tenido por qué rendir cuentas más que ante su superior y no ante la sociedad Tenemos que remontar esta cultura de la secrecía, pero que no le quepa la duda a nadie de que lo vamos a lograr -¿Cómo percibe el compromiso del gobierno capitalino en la transparencia? -Los grandes volúmenes de información se dan en el Ejecutivo y en el Judicial En el Ejecutivo hay unos espacios de enorme resistencia a informar, pero en general, entre los personajes responsables de los tres espacios que no son oficialmente poderes, existe conciencia de que la transparencia es algo que viene y que deben aceptar "En cuanto a los órganos autónomos, me he llevado una gratísima sorpresa porque ha habido una actitud muy favorable hacia la transparencia Por ejemplo, Emilio Álvarez Icaza, de la CDHDF, ha dicho que el acceso a la información es un derecho humano fundamental Hay que hacer un trabajo muy fuerte en las delegaciones Estuvimos con la delegada de Álvaro Obregón, porque este fue uno de los entes que no han proporcionado información" El último informe presentado por el Consi ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal señala que, hasta el 15 de marzo de 2005, sólo se habían presentado al pleno del consejo para su resolución cuatro recursos de inconformidad por información denegada de finales del año pasado Las 68 dependencias obligadas por la ley recibieron un total de 2 mil 675 solicitudes de información de ciudadanos y personas morales Dentro del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Transporte y Vialidad recibió el mayor número de solicitudes: 137, de las cuales cuatro fueron rechazadas, seguida por el Instituto de Vivienda, con 135 solicitudes, seis denegadas y con tres recursos de inconformidad que están pendientes de revisión La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tuvo el mayor número de solicitudes rechazadas: 17, de un total de 77 recibidas, seguida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con 14 denegadas de una suma de 32 peticiones de información De las delegaciones, la de Xochimilco acaparó el mayor número de solicitudes de información: 958, de las cuales 19 fueron rechazadas, y existe un recurso de inconformidad La delegación Benito Juárez, gobernada por el PAN, tuvo el más alto índice de rechazo de solicitudes: 56, de 113 recibidas, seguida por la delegación Álvaro Obregón, con 25 denegadas de un total de 100 En el informe se subraya que de los 273 casos en los que se negó la información, la gran mayoría fue por considerar que se trataba de "información restringida" Según el consejo, en estos casos operaron "la confusión y los diferentes criterios para negar la información, en lo que pareciera ser una mala interpretación de la ley" El reporte advierte que existe un "ejercicio discrecional" para clasificar la información La actual ley no utiliza el "denominado principio de la prueba del daño" para determinar la clasificación, y esto "obstaculiza" el ejercicio del derecho a la información Explica de esta manera cómo opera el principio de la "prueba del daño": Se debe demostrar que acceder a tal información representa un peligro presente, probable y específico "Si se reúnen estos tres elementos, el acceso a la información debe ser denegado; por el contrario, si no los reúne, se debe dar acceso", advierte Hasta antes del acuerdo del jefe de Gobierno, que libera toda la información de los archivos, existían 38 acuerdos entre las 68 dependencias que restringían el acceso "Guerra sucia" en el consejo El otro aspecto conflictivo es el alto grado de animosidad, cercano al insulto, con tácticas sucias y constante golpeteo, entre los tres consejeros ciudadanos: Gustavo Velásquez, María Elena Pérez Jaén y Odette Rivas Desde el inicio, la elección de estos representantes de la sociedad civil estuvo marcada por la opacidad, la controversia jurídica y hasta por una demanda contra Velásquez que impulsó el diputado local panista Obdulio Ávila Tres diputados locales de oposición -Federico Döring, del PAN; Marco Antonio Michel, del PRI; y José Buendía, del desaparecido Democracia Social- impulsaron la elección de tres consejeros entre una cifra inicial de más de 30 candidatos a mediados de 2003 En una primera votación, realizada con la ausencia de los legisladores del PRD en la Asamblea, quedaron Ricardo Raphael Madrid, entonces representante del partido México Posible ante el IFE; María Elena Pérez Jaén, quien trabajó para la Fundación Colosio del PRI, y Odette Rivas, exasesora del PAN (ver Proceso 1395 y 1450) Raphael Madrid tuvo que renunciar porque la ley prohibía tener un cargo partidista En su lugar fue nombrado Leoncio Lara, también impugnado por ser apoderado general del Instituto Politécnico Nacional El jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, presentó el 14 de julio de 2003 una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia argumentando que la ALDF violó la Constitución, el Estatuto de Gobierno y otras leyes al atribuirse facultades para elegir a los consejeros Ante la presión política y jurídica, en septiembre de 2003, Leoncio Lara renunció al consejo En noviembre del mismo año, la Suprema Corte le dio parcialmente la razón al jefe de Gobierno, pero le ordenó que instalara el Consejo de Información La nueva Asamblea Legislativa, con una amplia mayoría del PRD, dilató hasta el 2 de marzo de 2004, un día antes de que se detonaran los videoescándalos, para nombrar al sustituto de Lara, el ingeniero químico Gustavo Velásquez de la Fuente La oposición lo acusó de ser una "imposición" de René Bejarano y de provenir de una propuesta de la contralora Berta Luján Velásquez quedó como consejero presidente Desde entonces, el equipo de trabajo ha marchado cuesta arriba Pérez Jaén acusó en diversas declaraciones a la prensa al líder de la mayoría en la Asamblea, René Bejarano, de obstaculizar el trabajo y de "darle la vuelta" a la resolución de la Suprema Corte para removerla a ella y a Odette Rivas En paralelo, entre junio y julio de 2004, a la computadora de Gustavo Velásquez llegaron seis correos electrónicos con amenazas, presuntamente procedentes de una cuenta a nombre de René Bejarano Entre las frases de esos correos, de los cuales Proceso obtuvo una copia, están las siguientes: "Ya tienes a la PGR sobre ti, cuida tus espaldas"; "Por cierto, me dicen que en el restaurante Mercaderes te grabaron el viernes por la mañana Cuida lo que dices"; "A mí también ya me están hartando tus pendejadas"; "¿Has dormido bien, Gustavo?" Velásquez presentó una denuncia ante el agente del Ministerio Público Ángel Isaías Hernández, de la Unidad de Investigación 03 de la Fiscalía para Asuntos Especiales, perteneciente a la PGJDF El 10 de septiembre de 2004, Teléfonos de México envió a dicha autoridad el resultado de su seguimiento de las llamadas De acuerdo con el documento 05329/04, del cual Proceso obtuvo una copia, las amenazas provinieron de un número telefónico que no era propiedad de René Bejarano, sino de un domicilio perteneciente a Martín Patiño, asesor de María Elena Pérez Jaén El legislador priista Mauricio López y el panista Obdulio Ávila declararon el 23 de noviembre de 2004 que todas las acusaciones de espionaje eran una "fabricación" de delitos, para presionar a las consejeras Pérez Jaén y Odette Rivas, con la intención de removerlas del cargo -¿Se ha dado una "guerra sucia" en el interior del Consi? -se le pregunta a Velásquez -Sí, sin duda se ha dado El hecho es que, tratando de verlo con cierta perspectiva, la pugna partidaria entró al consejo Sí ha habido cosas lamentables entre nosotros, los consejeros, pero lo importante es lo que está por venir -Se ha especulado mucho sobre la remoción de los tres consejeros ciudadanos ¿Esto sería realmente una solución? -Desde un punto de vista estrictamente personal, yo no tengo el menor interés en construir un futuro político a partir de este cargo Ya tengo casi 70 años y estoy más allá del bien y del mal Lo único importante es que el Consi pueda funcionar, que la ley se reforme Confío en que la Legislatura actúe con sensatez, que las modificaciones que se hagan a la ley sean mejores, y veo como positivos estos cambios recientes del gobierno capitalino en materia de restricciones informativas Lo demás, los nombres de los consejeros, eso se lo lleva el viento