México, D F, 22 de marzo (apro)- Mientras en este periodo vacacional se hace más evidente la pobreza de los contenidos en la pantalla y en las estaciones radiofónicas de AM y FM, el futuro de la reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión está empantanado en tres escenarios: que se aborte el proceso legislativo; que se prolongue más allá del 7 de abril o que se aprueben cambios light, a gusto de la agenda de los concesionarios y de las propias autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Los plazos legislativos se acercan a la hora de las auténticas definiciones El pasado 18 de marzo, el presidente del Senado de la República, Diego Fernández de Cevallos, exhortó a las tres comisiones unidas que dictaminan la reforma para que presenten un dictamen final, a más tardar el próximo 7 de abril Si no lo hicieran, los propios senadores pueden acordar que la iniciativa sea analizada por otras comisiones Este último hecho se observa como altamente improbable Por lo pronto, los tres escenarios antes expuestos merecen un análisis preciso: 1 Una iniciativa congelada: Por supuesto, este es el escenario que quisieran tanto la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, como las propias autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no pocos precandidatos presidenciales, incluyendo al propio líder de la fracción del PRI, Enrique Jackson Sin embargo, ya es demasiado tarde para ignorar o mandar a la congeladora la reforma El proceso legislativo llegó más allá de lo que los propios intereses de las dos grandes televisoras y de las seis familias que controlan la industria de la radio habían podido prever: se elaboró una iniciativa que ha sido discutida desde noviembre hasta esta fecha; los propios industriales tuvieron que entrarle a la discusión de la reforma, a pesar de las múltiples resistencias y del evidente menosprecio que demostraron durante todo el proceso previo Su estrategia de cabildeo ha consistido en asegurarse que ninguno de los tres presidentes de las comisiones dictaminadoras –Héctor Osuna, del PAN; Jorge García Torres, del PRI; y Gildardo Gómez Verónica, también del tricolor-- se pronuncien claramente en favor de la reforma, tal y como se expresa en la iniciativa que elaboró durante año y medio un grupo de 9 senadores encabezados por Javier Corral, Felipe Vicencio, Manuel Bartlett y Raúl Ojeda Ni siquiera los senadores más reacios a la reforma, como el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio Gamboa Patrón, se han atrevido a expresar públicamente que debe abortarse el proceso Al contrario, han insistido una y otra vez en modificar aquellos puntos que consideran negativos para los intereses de la industria: la existencia de un órgano regulador que esté ciudadanizado (una especie de IFE de los medios); la aplicación del derecho de réplica; que los medios públicos puedan comercializar hasta el 7 por ciento de su tiempo-aire; que el IFE distribuya y controle 60 días antes de las elecciones los 60 minutos diarios que le corresponden a los tiempos de Estado; que se fijen límites para que ningún consorcio mediático pueda dominar más del 35 por ciento de una plaza; que las concesiones tengan un tiempo límite de 12 años y que se incorpore a la televisión restringida a los mismos lineamientos El único senador que ha hecho el papel de distractor a modo de los concesionarios es el priista José Bonilla, concesionario de estaciones radiofónicas en el estado de Zacatecas En febrero presentó una “iniciativa” de ley que simplemente ruborizaría al propio “Tigre” Azcárraga En términos reales, nadie ha tomado en serio lo planteado por Bonilla Llama la atención que el único actor que no se ha pronunciado claramente en favor o en contra de la reforma legislativa es el gobierno federal Ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni la Secretaría de Gobernación y menos la Presidencia de la República han dicho si están en favor o en contra de una reforma integral a los medios electrónicos En las circunstancias actuales, su silencio opera en favor de los propios concesionarios El hecho más pernicioso sería que el gobierno federal optara por una reedición del decretazo de octubre del 2002 para imponer cambios a modo y de acuerdo con el gusto de los concesionarios Este sería el escenario del auténtico aborto de la ley Y los propios concesionarios saben que cuentan con esa arma en su favor, a pesar del elevado costo político que tendría para el foxismo 2 Una discusión legislativa prolongada: Si el 7 de abril las tres comisiones no presentan un dictamen para ser discutido y votado, el proceso legislativo tendría que rehacerse El costo-beneficio de este escenario es muy alto tanto para los concesionarios, como para los partidos políticos y para el grupo de senadores que se resisten a al reforma La razón es sencilla: empatar la reforma de la radio y la televisión con el acelerado y descompuesto proceso de sucesión presidencial tensará más el crispado ambiente político y mediático Para nadie es un secreto que la televisión se ha convertido en el auténtico factor determinante de las campañas presidenciales Miles de millones de pesos están en juego en materia de publicidad, relaciones públicas, acuerdos políticos y marketing electoral Si se prolongara el proceso legislativo, los sectores involucrados con la reforma (senadores, organizaciones ciudadanas, algunos diputados federales, especialistas, productores independientes, medios públicos, radios comunitarias, intelectuales y hasta los medios impresos que insisten en la necesidad de transformar el régimen de concentración televisiva y radiofónica) pueden generar un mayor debate en la opinión pública Prolongar la discusión legislativa sólo puede tener un elemento positivo para los concesionarios: tratar de ganar el debate en la opinión pública Sin embargo, desde hace cinco años que está a discusión este punto, ni Televisa ni TV Azteca han logrado convencer que la situación de la televisión en México es correcta Su apuesta por la telebasura y la subinformación genera cada vez más una reacción en contra de los sectores críticos y de las audiencias 3 Una reforma light: Este es el escenario más probable que podría generar una contraofensiva tanto de los sectores más reacios al cambio, como de los que impulsan la democratización de los medios electrónicos La reforma light tendría los siguientes ingredientes: un órgano regulador que estará radicado en la Comisión Federal de Telecomunicaciones; prohibir la comercialización en los medios permisionados (la mayoría, pertenecientes a los gobiernos, universidades y organizaciones sociales); restarle algunas facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y adoptar algunos criterios para regular las tarifas de la publicidad política, sin que se afecte el alto grado de discrecionalidad y concentración en esta industria En otras palabras, una reforma light no pondría en riesgo la enorme bolsa de recursos públicos que esperan los medios electrónicos obtener de la contienda presidencial del 2006 Estamos hablando de que la televisión comercial se quede con cerca del 72 por ciento de los 2 mil millones de pesos que se destinará al financiamiento público de los partidos El punto que quedará a discusión serán los topes de financiamiento privado y su destino a los medios electrónicos y, sobre todo, las precampañas políticas Esto será un proceso que generará un intenso debate en la Cámara de Diputados y al interior de los partidos políticos, donde la ausencia de reglas claras en este terreno está generando cada vez más problemas Del resultado de la recomposición de fuerzas políticas en el 2006 dependerá si la democratización de la radio y la televisión en México será una realidad hasta el próximo gobierno Por lo pronto, en la era del foxismo, el poder del rating impuso su dinámica