* Un error de cálculo ha dejado sin efecto el proceso, debido a que han sobrepasado el año que establece la ley Mérida, Yuc , 24 de marzo (apro)- Un error de cálculo de los asesores jurídicos que promueven el juicio político contra cinco de los seis magistrados del Poder Judicial de Yucatán desde hace más de un año, habría dejado sin efecto este proceso, al vencer el plazo constitucional para fincarles alguna responsabilidad Amparados en el artículo 10 de la Ley de los Servidores Públicos del estado de Yucatán, los magistrados Ángel Prieto Méndez, Ligia Cortés Ortega, Mercedes Pérez Fernández, Ricardo Ávila Heredia y Migdalia Rodríguez Arcovedo, pidieron al Congreso del estado suspenda el procedimiento en su contra, debido a que el plazo de un año previsto en ese ordenamiento para fincar responsabilidad ha vencido El diputado Rolando Zapata Bello, dijo que la petición de los magistrados yucatecos a quienes el PAN y sus legisladores intentan someter a juicio político por presuntas omisiones en su encargo, está debidamente sustentada en derecho, ya que ha “precluido” el caso que se ventila ante el Poder Legislativo De acuerdo con la Ley de Servidores Públicos del estado de Yucatán, en el capítulo II en el artículo 10, a la letra dice: juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público se encuentre en funciones y dentro de un año después de la conclusión de su empleo, cargo o comisión Las sanciones previstas se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento En el caso de Yucatán el procedimiento ha rebasado el año, porque fueron los diputados de la pasada Legislatura local los que impulsaron el juicio político Sobre el caso, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Benito Rosel Isaac, dijo que se tendrá que estudiar el caso para emitir una respuesta “Hasta que no se estudie el documento no podría decir si o no, posiblemente es otra ley Hay que darle entrada, darle estudio y darles la repuesta”, dijo en una entrevista radiofónica Consideró que los magistrados “están en su derecho de poner cuantos recursos sean necesarios” Por su parte Zapata Bello pidió que el Poder Legislativo emita una declaratoria de nulidad porque ha dejado de tener facultades para continuar con el procedimiento y debe declararse cerrado el caso También advirtió que si los legisladores del PAN, continúan con el proceso de juicio político, podrían hacerse merecedores a las sanciones penales, no solamente por violar los derechos de los magistrados sino por delitos al marco constitucional