* Persiste violación a derechos de presos y luchadores sociales: Clare Kamau Roberts Oaxaca, Oax , 5 de marzo (apro)- En la entidad persiste la violación a derechos humanos de indígenas, principalmente a presos y luchadores sociales, fue la denuncia que recibió el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Clare Kamau Roberts Por esta razón, la CIDH determinó enviar, en junio, al relator José Zalaquett, para que investigue la situación al interior de los penales de Oaxaca, en que se encuentran recluidos mil 775 indígenas, y conozca de primera mano la política de “criminalización” de la lucha social, a fin de emitir una recomendación al gobierno de México, y particularmente al de Oaxaca, con la intención de buscar mecanismos que mejoren las condiciones de justicia De igual forma, la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ratificó las medidas cautelares solicitadas a favor del dirigente del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”, Raúl Gatica Bautista, mismas que no han sido aplicadas adecuadamente por el gobierno mexicano, y principalmente por el de Oaxaca En una audiencia oficial celebrada el primero de marzo en Washington, los abogados del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes; de la Asesoría Jurídica Popular, Israel Ochoa Lara; del Consejo Indígena Popular, Beatriz Hernández Bautista, y de la Fundación para el Debido Proceso Legal, Yolanda Gopar Hernández, presentaron un documento sobre irregularidades en torno a la impartición de justicia penal a indígenas En el documento, de trece cuartillas, también destacaron que “se han criminalizado arbitrariamente las actividades de protesta, denuncia, resistencia y movilización, enviando a prisión por largo tiempo a presuntos responsables sin presentar pruebas objetivas” Y agregaron: “La situación es tan dramática, que la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, acaba de iniciar un proyecto en Oaxaca, que implicará la elaboración de un diagnóstico y la revisión de casos, tanto de sentenciados como de procesados indígenas, en los fueros civil, federal y militar, a fin de detectar y, en todo caso, remediar las irregularidades que pudieran existir” Durante la entrevista que sostuvo el grupo de abogados con el presidente y altos comisionados de la CIDH, dieron a conocer los principales problemas de las poblaciones indígenas involucradas en procesos penales, como lo es la falta de traductores especializados