Este miércoles, última oportunidad de la Femospp contra Echeverría

miércoles, 9 de marzo de 2005
* Una SCJN dividida, deberá determinar si avala o no procesar como genocida al expresidente México, D F, 8 de marzo (apro)- La Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) tiene este miércoles la última oportunidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avale su petición de procesar como genocida a Luis Echeverría Álvarez por la masacre estudiantil del 10 de junio de 1971 Los cinco ministros que integran la Primera Sala de la SCJN, emitirán su fallo definitivo sobre las posibilidades de la fiscalía para procesar al expresidente por ese delito, de acuerdo con la legislación nacional El pasado 23 de febrero esa instancia del máximo tribunal determinó que Echeverría no puede ser acusado de genocida conforme al derecho internacional aplicable a México, pues la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigor en junio de 2002, un año después de haber prescrito el delito Fuentes judiciales adelantaron a Apro que la presidente de la sala, la ministra Olga Sánchez Cordero, a quien correspondió elaborar el nuevo proyecto de resolución, propondrá turnar el expediente al Quinto Tribunal Unitario del Distrito Federal para que decida sobre el amparo interpuesto por la Fiscalía ante la negativa del Juzgado Segundo Penal del Distrito Federal de otorgarle la orden de aprehensión de Echeverría Precisaron que para Sánchez Cordero no se trata de un asunto constitucional en el que deba intervenir la Corte, sino de un caso en donde la controversia tiene que ver únicamente con la legalidad procesal Entre los ministros de la sala hay quienes apoyan esta interpretación, pero otros consideran que los tres argumentos que presentó el fiscal Ignacio Carrillo Prieto sí son de interés y trascendencia nacional, y por tanto deben ser atendidos por la sala de la Corte encargada de los asuntos penales relevantes para el país El proyecto de Sánchez Cordero será discutido por sus colegas José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls Hernández y Juan Silva Meza, quien en la sesión pasada fue el único que propuso enjuiciar a Echeverría y a 10 coacusados de acuerdo con la legislación internacional sobre derechos humanos, por la muerte de 40 estudiantes el jueves de Corpus de 1971, cuando fueron reprimidos por Los Halcones, el grupo paramilitar creado desde que Echeverría era secretario de Gobernación, en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz Según el fiscal, existen tres condiciones establecidas en la legislación nacional que le permiten interrumpir la prescripción del delito: Su primer argumento se apoya en el artículo 110 del Código Penal Federal (CPF) Si bien pasaron 31 años entre la fecha en que sucedieron los hechos y el 2002, cuando se presentó ante la Femospp la denuncia que dio origen a la investigación, es posible interrumpir la prescripción por las actuaciones que se practicaron en la averiguación del delito Según Carrillo ocurrieron diligencias tanto en los años ochenta como en los noventa Además de las averiguaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en 1971, existen dos indagatorias más Una, con el número 376/FESPI/97, está radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la PGR La otra es la CUH-2T3/02760/02-06, en la que aparece como denunciante el diputado del PRD, Pablo Gómez Álvarez, y en la que señala como probable responsable a Echeverría El fiscal asegura que cuenta con constancias de que en 1982 todavía se encontraban en trámite, al menos, una de las indagatorias iniciadas en las investigaciones de la PGR en el año de los hechos; lo mismo que de una averiguación acumulada a otra en 1997 El segundo argumento de Carrillo y con el que coinciden algunos ministros es que al cómputo de la prescripción se le deben descontar los cinco años y medio en los que Echeverría y su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia –uno de los coacusados– gozaron de fueron constitucional en función de los cargos públicos que ocupaban Ese periodo se refiere al tiempo en que ambos permanecieron en sus puestos después de la masacre La acusación de la Fiscalía señala como probables responsables a 11 personas, seis de ellos exfuncionarios: Echeverría; el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia; el creador de Los Halcones, el general Manuel Díaz Escobar Figueroa; su jefe en el entonces Departamento del Distrito Federal, José Antonio González Aleu; y los exdirectores de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro El tercero de los agravios enunciados por el fiscal es que tanto los titulares de la PGR como de la PGJDF carecían de independencia para hacer las indagatorias, pues eran designados directamente por el presidente de la República En caso de que la Corte vuelva a fallar en favor de Echeverría, los denunciantes de los hechos del 10 de junio de 1971 interpondrán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según lo ha adelantado Jesús Martín del Campo, cuya denuncia por la muerte de su hermano Edmundo permitió a la Fiscalía iniciar la averiguación en contra de Echeverría y Los Halcones Si Echeverría, de 83 años, es procesado, aún le queda otra salida para evitar la cárcel: la reforma hecha el año pasado por la Cámara de Diputados al artículo 55 del CPF para permitir que los ancianos mayores de 70 años enfrenten sus procesos penales o condenas en su propio domicilio

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