* Cuenta con 45 días para solventar las irregularidades * La ASF recomienda suspender los Contratos de Servicios Múltiples en exploración y explotación de gas no asociado México, D F, 31 de marzo (apro)- El gobierno de Vicente Fox incurrió en irregularidades económicas y financieras durante el año 2003 por un monto de 290 mil millones de pesos, determinó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) El gobierno de Fox cuenta con 45 días para solventar las irregularidades detectadas Entre los puntos relevantes de la revisión de la cuenta pública de 2003 destaca la sugerencia de la ASF para que se suspendan los Contratos de Servicios Múltiples en materia de procesos de exploración y explotación de gas no asociado También sugiere que se legisle sobre la materia, ya que la explotación y exploración de hidrocarburos sólo compete al Estado Además, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, cuestionó nuevamente que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se negara a entregar información del Fideicomiso Aduana I y de la empresa Servicios Operativos SA de CV (Isosa), donde están involucrados los secretarios de Hacienda y Gobernación, Francisco Gil Díaz y Santiago Creel Esta empresa y el fideicomiso no reportaron a la Tesorería de la Federación dos mil 586 millones de pesos, con la consiguiente afectación al erario federal El argumento del SAT para no entregar la información a la ASF fue nuevamente que se trata de un fideicomiso que actúa en carácter de gestor de negocios, “por lo que está legalmente imposibilitado para proporcionar información Sin embargo, se considera que su negativa infringe la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos” “Isosa tampoco proporcionó la información solicitada manifestando que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual maneja exclusivamente recursos privados”, agregó Contra Martha Sahagun El auditor también consideró que la Fundación “Vamos México”, que preside la esposa de Vicente Fox, no recibió recursos del erario, sin embargo, sí cuestiona el apoyo que ésta recibe en sus actos oficiales Establece con claridad: “Las disposiciones legales disponen que los actos oficiales son aquellos que constituyen un evento público o solemne, y cuyo carácter oficial solamente puede determinarse en razón de la existencia de una vinculación con el ejercicio de alguna función pública, política o de gobierno; por lo anterior, se considera que la cónyuge del presidente, al no ser servidora pública y al no ejercer función pública alguna, no puede otorgársele el carácter oficial a un acto público y solmene en el que participe” Pero no sólo eso: Establece que al no existir norma jurídica que defina las actividades públicas de la cónyuge del titular del Ejecutivo Federal, “es necesario definirlas, delimitándolas de las del ámbito privado” Además, González de Aragón sugiere que para contar con información desagregada, se deben normar los gastos que realiza la Presidencia de la República como son “la conservación, habitación, vestuario y funcionamiento de la residencia oficial, así como su regulación correspondiente” Finalmente, el auditor, al analizar el tema Fobaproa-IPAB, detectó una afectación al erario por 15 mil 688 millones de pesos, al haberse absorbido las pérdidas pendientes de pago de Promex por parte del organismo Todas estas observaciones que ascienden económicamente a 290 mil millones de pesos no necesariamente representan una entrada a las finanzas federales, ya que se cuenta con 45 días para que las respectivas secretarías presenten la justificación de dicho dinero El auditor presentó hoy este informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, como lo marca la Ley de Fiscalización Superior