* Rechaza observaciones de la ASF y delimita sus facultades México, DF, 12 de abril (apro) - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón al presidente de la República en la controversia que interpuso contra la Cámara de Diputados, y resolvió que son legales los contratos del Ejecutivo federal con empresas privadas para la generación de energía eléctrica En una cerrada votación de seis votos contra cinco, el pleno de los ministros le dio la razón a Vicente Fox en lo que constituye uno de los juicios constitucionales más importantes de su gobierno La SCJN estableció que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo dependiente de la Cámara de Diputados, excedió sus facultades en la revisión de la Cuenta Pública de 2001, al emitir tres oficios en los que solicitó al Ejecutivo cancelar más de cien contratos de generación de electricidad por parte de privados La controversia fue promovida el 1 de abril del año pasado por el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, hoy aspirante a la candidatura del PAN para la Presidencia de la República En su revisión de la Cuenta Pública, la ASF consideró como irregulares los permisos otorgados por el gobierno federal a empresas privadas para la producción de energía eléctrica La SCJN estableció que la ASF no puede girarle órdenes al Ejecutivo federal, con lo cual estableció un criterio constitucional sobre las atribuciones y facultades del ente fiscalizador, y según el cual sólo puede emitir recomendaciones El máximo tribunal tiene pendiente de resolución otras atribuciones de la ASF a partir de la controversia interpuesta también por el Ejecutivo federal en contra de San Lázaro, también por una recomendación de la ASF En ese caso, también referido a la Cuenta Pública de 2001, el organismo fiscalizador le pidió a Hacienda --y a la Secretaría de la Función Pública-- dejara de pagar más de 4 mil millones de pesos a tres bancos a los que señala de haber incorporado créditos indebidos al entonces Fobaproa En la decisión, el voto determinante fue el del presidente de la SCJN, Mariano Azuela, quien se sumó a los ministros Juan Díaz Romero, autor del proyecto de resolución, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo Ortiz Mayagoitia Azuela argumentó que permitir a la ASF dar órdenes al Ejecutivo equivaldría a “desquiciar el sistema constitucional mexicano” Los argumentos en contra consideraban que la ASF tiene que fiscalizar todos los recursos públicos, incluidos los energéticos, en este caso los de la energía eléctrica, además que los permisos forman parte de las metas y objetivos de las dependencias que deben ser auditados Los ministros que estaban a favor de la Cámara de Diputados y de la ASF fueron José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza A excepción de Góngora, se trata de los mismos ministros que perdieron la semana pasada la votación sobre la tenencia de automóviles En esa ocasión, la mayoría de la Corte determinó que se trata de un impuesto constitucional y que, para su cobro, se pueden considerar el costo de la unidad y los impuestos que genera