* Va al Reclusorio Oriente; los empleados le echan porras * Asambleísta demanda penalmente a Vega Memije México, D F, 21 de abril (apro)- Andrés Manuel López Obrador acudió al Reclusorio Oriente para “exigirle” al juez 12 de Procesos Penales, Juan José Olvera López, revoque la fianza que ayer pagaron “tramposamente” dos diputados panistas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) Luego de una reunión que sostuvo por la mañana en su departamento con sus abogados Álvaro Arceo y Javier Quijano, el político desaforado se trasladó hacia el mediodía del jueves al juzgado 12 para entregar una carta dirigida a Olvera López, en la que argumenta su “exigencia” de cancelación de la fianza en el proceso penal que le finca la PGR En medio de una gran expectación periodística, López Obrador llegó acompañado de su asistente, Nicolás Mollinedo, “Nico”, y estuvo menos de tres minutos en el tribunal para insistir, ahora ante el juez, que el proceso en su contra no es jurídico sino político Al momento que presentaba el documento en la oficialía de partes de los tribunales, recibía arengas en su favor surgidas entre empleados de los propios juzgados federales En su carta, de dos cuartillas, el tabasqueño asegura que no hay ninguna prueba directa o contundente en su contra para acusarlo de abuso de autoridad Al contrario, sostuvo, las leyes y las instituciones se están usando de manera facciosa, pues la consigna es “quitarme mis derechos políticos” El expediente que consignó ayer la PGR ante el juez Olvera “está sustentado en indicios y conjeturas”, pues “yo no cometí ningún delito ni grande ni pequeño”, dice López Obrador en el documento dirigido al juez, quien a partir de este jueves tiene diez días hábiles como máximo para mandar llamar a declarar al tabasqueño, como quiere la PGR López Obrador asegura que durante los once meses en que según la PGR desobedeció un mandato judicial que pedía la cancelación de las obras en una parte del predio El Encino, no suscribió ningún escrito ni dio ninguna orden para desobedecer a la justicia En ninguna de las 16 mil fojas del expediente existe ni un documento que haga referencia al incumplimiento del amparo promovido por el dueño del predio, asegura el tabasqueño Con base en el Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), solicitó la revocación de la libertad caucional otorgada “tramposamente” por el Ministerio Público Federal, sin que hubiera ninguna solicitud de su parte o consentimiento El pasado 7 de abril, en una manifestación que encabezó en el Zócalo poco antes que fuera desaforado por la Cámara de Diputados, López Obrador anunció que no se iba a amparar ni apelaría a la libertad bajo caución Electo jefe de Gobierno del Distrito Federal en los comicios generales del 2000, cuando Vicente Fox ganó la Presidencia, López Obrador acusó a la PGR de violar el artículo 399 del CFPP, según el cual “todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o el proceso a ser puesto en libertad provisional inmediatamente que lo solicite” Agrega que por tratarse de un derecho personal tutelado por la fracción 1 apartado A del artículo 20 de la Constitución, no hará ninguna solicitud para obtener la libertad provisional Por ello, “exijo al ciudadano juez se sirva en forma inmediata revocar dicha libertad provisional bajo caución y se proceda en consecuencia” Explica que de esa manera pretende contribuir a la resistencia civil pacífica no sólo para protestar por el juicio en su contra, “sino para evitar que se despoje al pueblo de México del derecho de elegir libremente a su gobernante” En las demandas y contrademandas que ha provocado el desafuero, el coordinador del PRD en el Senado, Jesús Ortega, dio a conocer que su partido pondera la conveniencia de entablar un juicio político en contra de los legisladores del PAN en la ALDF, Jorge Lara y Gabriela Cuevas, quienes pagaron la fianza de 2 mil pesos para que López Obrador no pise la cárcel en caso que el juez determine que desacató una orden judicial, como lo acusa la PGR Dijo que para pagar la fianza los panistas debieron tener acceso al expediente por parte de la PGR, el cual debería mantenerse en secreto hasta que se resuelva Por lo pronto, el diputado local del PRD en la ALDF, Alberto Trejo, presentó una denuncia penal en la delegación de la PGR en el DF, en contra del subprocurador Carlos Vega Memije Aunque expresó su desconfianza hacia la oficina en donde presentó su denuncia, acusa al funcionario federal de delitos contra la administración de la justicia, al filtrar información del caso López Obrador a los asambleístas del PAN Esta serie de demandas se suman a las controversias constitucionales admitidas la semana pasada para su estudio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y presentadas por la ALDF y la Cámara de Diputados en torno al desafuero del gobernante capitalino