La incapacidad de los actores políticos del país para llegar a acuerdos de naturaleza precisamente política conlleva un cúmulo de conflictos que terminan sometidos a los dictados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación De acuerdo con expertos, esta situación revela la inoperancia de los otros poderes y de los distintos niveles de gobierno y somete al Poder Judicial a intensas presiones políticas, además de hacerlo responsable de la estabilidad del país Las carencias de la clase política mexicana tienen en tensión al sistema judicial del país Desacreditado de por sí, al Poder Judicial le toca ahora resolver conflictos que gobernantes y legisladores han agravado o simplemente no han resuelto Los políticos no están haciendo su trabajo para llegar a acuerdos y les resulta más cómodo recurrir a otro poder para que resuelva por ellos Esta opinión, común entre constitucionalistas, es compartida por altos funcionarios de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes advierten no sólo sobre el abuso de peticiones para la intervención del máximo tribunal, sino de las presiones de que son objeto por parte de la propia clase política "Pero lo importante no es que existan las presiones, sino dejarse presionar", dice uno de los implicados en las decisiones de la corte Desde hace una década, como resultado de la reforma judicial de Ernesto Zedillo, la SCJN se ha convertido en árbitro de las diferencias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los distintos niveles de gobierno En ese período, de acuerdo con datos de la corte hasta febrero pasado, se han promovido ante el máximo organismo del Poder Judicial 873 controversias constitucionales y 222 acciones de inconstitucionalidad Pero estas peticiones no sólo se han ido rezagando, sino que cada año van en aumento debido a la falta de acuerdos políticos En el anterior sexenio, la corte admitió 451 recursos, entre acciones y controversias En el presente -a un año y ocho meses de que concluya- suman 644, aunque en esta cantidad deben contarse las más de 330 controversias constitucionales presentadas contra la reforma indígena de 2001 Fuera de ellas, en promedio se han presentado más de 70 controversias y acciones de inconstitucionalidad al año durante el gobierno de Vicente Fox Tareas inconclusas Desde la reforma de Zedillo, que entró en vigor en enero de 1995, la Suprema Corte se ha ido convirtiendo en el gran árbitro de la política nacional Pero eso ha dado lugar a una situación muy compleja, en la que los actores políticos no están cumpliendo con su tarea "Al descansar en la mediación de la Suprema Corte, los actores políticos han dejado de actuar en la búsqueda previa de arreglos y el resultado es que tenemos una hiperjudicialización de la política", dice Miguel Carbonell Sánchez, constitucionalista investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM Incluso, afirma, hay especialistas que ante el uso y abuso de la corte por parte de los políticos, le piden al máximo tribunal que haga más rigurosa la admisión de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad solicitadas por la clase política Ahora cualquier actor político apela a la corte, desde una autoridad municipal y estatal hasta el gobierno federal, pasando por las legislaturas federal y locales "Esto significa una ausencia de acuerdos políticos y de consensos de fondo Hay una gran irresponsabilidad de esos actores Y se ha llegado a casos absurdos como el del horario de verano, en el que los jueces tuvieron que decir qué hora es", dice Carbonell en referencia a la controversia constitucional que interpuso el ahora desaforado jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, en contra del presidente Vicente Fox Ante la falta de consensos políticos, el sexenio de Fox se ha caracterizado por que las diferencias entre los partidos, expresadas en el Congreso y entre los gobiernos federal y el del DF, principalmente, se han querido dirimir en el Poder Judicial Asuntos como la reforma indígena, los casinos, la reforma al artículo 122 de la Constitución para transferir al DF la obligación de aportar fondos para la educación o la asunción de la deuda pública de la capital del país, han surgido de esa carencia La corte se ha convertido en la arena de las pugnas políticas Así como el gobierno de Vicente Fox ha combatido las decisiones de la Cámara de Diputados, ésta ha hecho lo mismo contra el Ejecutivo federal Actualmente, la SCJN está por resolver el veto presidencial al Presupuesto de Egresos autorizado por la Cámara de Diputados para este año, pero también las decisiones de la Auditoría Superior de la Federación -órgano de la Cámara baja- en relación con los contratos de generación de energía eléctrica firmados con proveedores privados o con el pago de los créditos irregulares del Fobaproa a la banca privada, además de los contratos de servicios múltiples de Pemex Conflictos políticos que no se han resuelto en los estados también han acabado en los escritorios de los ministros de la SCJN, como la destitución del actual gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, decidida por el Congreso local; la separación del cargo del entonces presidente municipal de Benito Juárez, en Quintana Roo, Juan Ignacio García Zalvidea, acordada por los poderes Ejecutivo y Legislativo de esa entidad; el conflicto preelectoral de Yucatán del año 2000 y, más recientemente, la petición del exsecretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda Gutman de participar como candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2006 Incluso la decisión del gobierno de Fox de perseguir los delitos políticos del pasado como actos de genocidio está por definirse en el máximo tribunal La corte también fue requerida por el Gobierno del DF para que impidiera al gobierno federal la construcción del aeropuerto alterno en el exlago de Texcoco, aunque los ministros no tuvieron que dar un fallo porque las autoridades federales cedieron ante las presiones de campesinos de San Salvador Atenco En todos esos asuntos, los responsables políticos han designado al árbitro y determinado la agenda del Poder Judicial, en particular de la SCJN Presión política "Es normal y conveniente que la corte trate diferentes casos, pero no asuntos en los que los actores políticos no se ponen de acuerdo Es peor todavía cuando se utiliza a la Constitución como un instrumento para resolver conflictos que, más que constitucionales, son puramente políticos, en el sentido más peyorativo y ramplón del término, como con el caso de López Obrador", dice el constitucionalista Arturo Zaldívar, profesor de la Escuela Libre de Derecho y del Instituto Tecnológico Autónomo de México Lo que se está haciendo con esto es pedirle a la corte que todo lo político lo convierta a lo jurídico, pero hay un terreno de lo político que no puede llegar hasta lo jurídico, dice Zaldívar, también vicepresidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional e integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional La clase política ve a la Corte como la primera instancia y cada quien trae lo que quiere Eso es parte del trabajo de la SCJN, pero ocurre que los políticos no hacen su trabajo previo y luego, si los fallos no les favorecen, viene la descalificación hacia los jueces, los magistrados y los ministros, señala el alto funcionario del máximo tribunal del país Cuesta trabajo explicar la presión bajo la cual está el Poder Judicial, continúa, porque es difícil convencer de que resuelve conforme a derecho los criterios tradicionales de recibir las opiniones de una y otra parte Fue el caso de las críticas y suspicacias que surgieron cuando la ministra Olga Sánchez Cordero recibió a Javier Quijano, abogado de López Obrador y asesor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en la controversia constitucional que ésta solicitó en contra del desafuero aprobado por la Cámara de Diputados Pero Arturo Zaldívar también reconoce el descrédito en que quedó la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se supo que su presidente, Mariano Azuela Güitrón, se reunió con Vicente Fox en Los Pinos para tratar el tema del desafuero (Proceso 1456): "Esa relación mete mucho ruido y ha generado una mala percepción No hubiera pasado nada si la reunión se hubiera dado en la SCJN, como parte de la tradición de recibir a las partes en conflicto Afortunadamente, Azuela tiene sólo una onceava parte de los votos", dice Más complicado, agrega, es entender que la SCJN no es un órgano de cualidades políticas, pero que sí toma decisiones que tienen implicaciones políticas Incluso, cuando resuelve amparos realiza una función política en un sentido técnico, por no mencionar sus resoluciones que tienen trascendencia política "La incomodidad radica en que el máximo tribunal está sujeto a recibir todas las consecuencias de sus decisiones", indica Se refiere entonces a las controversias constitucionales interpuestas por la ALDF y por la Cámara de Diputados a raíz del desafuero: "El caso de Andrés Manuel López Obrador puede salir bien o fatal No se sabe qué puede suceder Si se complica, el Poder Judicial será un actor central Si no, López Obrador podrá competir en las elecciones y entonces los órganos judiciales serán ocasión para la paz Pero todo depende de condiciones que no están bajo el control del Poder Judicial", asegura Problema "de diseño" Por ser el árbitro de la política nacional, porque sus decisiones tienen trascendencia sobre millones de personas y debido a que está muy expuesta a la opinión pública, dice Carbonell, la Suprema Corte tiene que ser muy clara al explicar sus decisiones para que no ocurra como en el caso del dictamen de desafuero de la Cámara de Diputados, que estuvo plagado de inconsistencias y que generaron la indefinición sobre la situación jurídica de López Obrador Y tanto Carbonell como Zaldívar coinciden en que la solución al cúmulo de asuntos en la SCJN no pasa por reformar al Poder Judicial Radica, más bien, en que los actores políticos asuman su responsabilidad de hacer política y llegar a acuerdos Por la naturaleza de sus funciones, detalla Zaldívar, la SCJN no puede sustituir lo que le toca a los otros poderes políticos Hay que tener cuidado en querer que resuelva todo lo que ocurre en el país La Suprema Corte tiene atribuciones similares a la de los tribunales constitucionales de otros países, pero en ninguno de éstos se pretende que resuelva absolutamente todos los aspectos de la política Las controversias son la excepción en el proceso constitucional, pero en México se están convirtiendo en regla, dice Y añade: "Lo deseable es que en lo político y en lo constitucional los poderes y actores políticos lleguen a consensos, y lleven asuntos a la corte sólo de manera excepcional, cuando no puedan llegar a un acuerdo Pero ahora la están convirtiendo en una caja de resonancia de todo lo político del país El riesgo es que podemos sobrecargarla y no cuenta con los instrumentos para sustituir a los otros dos poderes" Por esa razón, Zaldívar sugiere que el máximo tribunal del país modifique sus criterios para aceptar las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad: "Se ha abusado de ellas Sería deseable que la corte vaya estableciendo criterios de mayor rigor para esa admisión A la luz de lo que ha sucedido en los últimos años, se ve que ha sido libérrima en ese sentido" El también constitucionalista, exconsejero del Instituto Federal Electoral e investigador del IIJ-UNAM, José Barragán Barragán, considera que el problema del uso político de la justicia tiene que ver con la inacabada reforma del Estado El ideal es que se intente una transición pactada, dice, pues hasta ahora sólo hemos vivido la alternancia sin llegar a los acuerdos políticos básicos Barragán considera que el Poder Judicial está en crisis: "Estamos ante un problema de diseño institucional Hemos avanzado en la alternancia, pero no en una verdadera reforma en la administración de la justicia, ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo, y mucho menos en la relación entre los poderes" l