Arremete la Femospp contra jueces

miércoles, 27 de abril de 2005
* Los escasos resultados, porque negaron órdenes de aprehensión, acusa * Pide 200 mdp para víctimas de la “guerra sucia” México, D F, 26 de abril (apro)- Criticado por la ineficiencia de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Ignacio Carrillo Prieto, desvió los juicios en contra de la oficina que dirige y responsabilizó de los escasos resultados a los jueces federales que le han negado órdenes de aprehensión Para el fiscal, su oficina no sólo ha hecho su trabajo, sino que se encuentra en su recta final, por lo que ya propone el pago de 200 millones de pesos para familiares de los desaparecidos, ejecutados de forma extrajudicial u homicidio y víctimas de genocidio, además de los presos políticos de la “guerra sucia” en México En un balance de más de tres años de trabajo, criticó a los jueces que le han negado siete de órdenes de aprehensión y anunció que consignará de forma acumulada alrededor de 200 desapariciones en contra de unos 10 exfuncionarios, aunque aún tiene pendiente la consignación del expediente de la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco Ante la insistencia de la prensa, Carrillo pidió que si en la Procuraduría General de la República (PGR) hay conflictos de interés en relación con esas detenciones se deben eliminar “Si los hay, exigimos que sean eliminados”, insistió La PGR, a través de la Agencia Federal de Investigación (AFI), tiene pendiente desde hace más de un año la detención del exdirector de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el capitán retirado del Ejército, Luis de la Barrera Moreno, sobre quien pesan varias órdenes de aprehensión acusado de la desaparición forzada de personas Según el encargado de esclarecer y fincar cargos judiciales en contra de los responsables de los crímenes cometidos durante la “guerra sucia” en México, han sido las decisiones de los jueces federales las que han impedido llegar a resultados concretos “Es equivocado decir que la fiscalía no ha dado buenos resultados para esclarecer los crímenes, pues ha solicitado 12 órdenes de aprehensión al Poder Judicial y sólo se han librado cinco “Varios jueces –dijo--, obstaculizan el cumplimiento de las órdenes de aprehensión contra exservidores públicos señalados por la Femospp como presuntos responsables” El caso más conocido y que le ha valido críticas a la Fiscalía es el del expresidente Luis Echeverría Álvarez y varios de exfuncionarios de su gobierno, civiles y militares, a quienes Carrillo consignó acusados de genocidio por la masacre de estudiantes del 10 de junio de 1971 en San Cosme, en el centro del Distrito Federal La orden le fue negada por el juez segundo de Distrito en Materia Penal, Julio César Flores Rodríguez, por considerar que ese delito ya prescribió, fallo que fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con los compromisos internacionales firmados por México La Corte aún está por resolver otros criterios que, según la Fiscalía, comprueban la existencia de genocidio cometido por agentes del Estado durante los años sesenta y setenta El fallo más reciente en contra de una orden de aprehensión ocurrió la semana pasada cuando el Juzgado Primero de Distrito de Pachuca, Hidalgo, rechazó obsequiarle a Carrillo órdenes de aprehensión en contra de los exdirectores de la DFS, Luis de la Barreda y Miguel Nazar Haro, acusados de desaparición forzada de seis personas en 1974 La decisión del juez será revisada por un tribunal unitario del estado El juez, que consideró improcedente la petición, “emitió una resolución aberrante con base en un criterio estrecho”, pues determinó que no estaba acreditado el delito de secuestro, pese a que las víctimas fueron detenidas y entregadas a la DFS, declaró Carrillo a la prensa Las personas permanecieron detenidas ilegalmente durante tres años hasta que se les pedió la pista en el Campo Militar número 1, en el Distrito Federal, y sigue sin conocerse su paradero, agregó El fiscal precisó que de las siete órdenes de detención que le han sido rechazadas; cinco son en contra de Luis de la Barreda, una contra el exprocurador del Estado de México, Miguel Galindo Camacho, y una más contra el exdirector de la Policía Judicial de Nuevo León, Carlos Solana Macías De la Barreda se fugó en diciembre de 2003 cuando un juez de Nuevo León ordenó su aprehensión, junto con la de Nazar Haro, por el secuestro y desaparición de Jesús Piedra Ibarra, en 1975 Los jueces, acusó el fiscal, han tomado decisiones “aberrantes, risibles e insustanciales” para favorecer a los presuntos represores En una conferencia de prensa a la que convocó para dar a conocer un balance de las actuaciones de la Femospp, y con ello “disolver la idea de que no sirve para nada ni ha hecho nada”, el fiscal dijo que a un año y medio de que concluya el sexenio la Fiscalía está en el tramo final de su trabajo “No me despido de nada, sólo digo que la Fiscalía está en su tramo final”, indicó Acompañado de sus colaboradores más cercanos, informó haber solicitado al gobierno de Vicente Fox cerca de 200 millones de pesos para iniciar el proceso de indemnización de las víctimas de los desaparecidos y presos políticos Las indemnizaciones, dijo, son parte del compromiso del gobierno además de las investigaciones judiciales Dio a conocer que en el caso de las desapariciones forzadas propone el pago de un salario mínimo diario tomando un plazo de 20 años En esa situación ubica a 375 víctimas, por lo que cada una recibiría 365 mil pesos y, en total, 136 millones 875 mil pesos En el caso de los presos políticos propone el pago de cuatro salarios mínimos, considerando tres años Menciona 150 personas con un costo unitario de 219 mil pesos y un total de 32 millones 850 mil pesos Para las ejecuciones extrajudiciales u homicidios calificados propone una compensación de 20 años de un salario mínimo, con un costo unitario de 365 mil pesos para 25 personas y un total de nueve millones 125 mil pesos Identifica también a 50 “víctimas de genocidio” con un pago individual de 365 mil pesos, lo que haría un total de 18 millones 250 mil En total, la Femospp identifica a 600 víctimas y un pago de 197 millones de pesos

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