* En el caso del sacerdote acusado de pederastia, la jueza aceptó que las víctimas vayan a un careo León, Gto , 9 de mayo (apro)- En contra de lo que las leyes generales del país y del estado establecen como un derecho de los ofendidos o víctimas de un delito, los defensores del sacerdote José Luis de María y Campos López –acusado de corrupción y abusos erótico sexuales contra 3 menores-- solicitaron presentar a los 3 exacólitos a un careo con el presunto pederasta (Proceso 1481), petición que la jueza del caso, Margarita Hernández Olvera, ha admitido hasta ahora Aunque el Ministerio Público presentó una inconformidad contra los careos –que tendrían lugar entre el 11 y el 12 de mayo--, la jueza decidió reunirse primero con los menores para que ellos mismos le digan si aceptan o no enfrentar ante la rejilla de prácticas a De María y Campos, lo cual para María S, madre de una de las víctimas y quien denunció pública y penalmente el caso, es una prueba que los niños no podrán tolerar El director de Control de Procesos de la Procuraduría de Justicia del estado, Alfonso Martínez Arellano, dijo a la agencia Apro que la jueza Hernández Olvera no cuenta con elementos para admitir el careo de los menores con el inculpado, pues, además, “de acuerdo con el artículo octavo de la Constitución del estado, dentro de las garantías de las víctimas u ofendidos de un delito… no serán obligados a carearse los menores tratándose de delitos sexuales o secuestro Y aquí estamos hablando de que las acciones llevadas a cabo por el sacerdote son de carácter sexual”, mismas que, aseguró, están suficientemente probadas por el Ministerio Público “No tenemos dudas Para nosotros, el delito se cometió”, agregó Otros careos que se efectuarán al iniciar el periodo probatorio del proceso 91/05 serán entre las madres de las presuntas víctimas y el propio De María y Campos, a partir del día 11 de mayo El expárroco del templo de María Auxiliadora en León permanece recluido en el Cereso de esta ciudad Pero está pendiente la resolución del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Fidel Teniente a la apelación hecha por los abogados defensores del exsacerdote contra la formal prisión decretada por la jueza José Luis de María ha recibido diversas expresiones de apoyo a través de marchas y desplegados en el semanario Gaudium –publicación de la Diócesis de León-- por grupos de laicos y algunos abogados, como Mariano González Leal, quien fue magistrado y presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado entre 1991 y 1994, mismo que en colaboraciones hechas al semanario ha señalado un “amarillismo” de parte de los medios de comunicación que han divulgado el caso Por cierto, uno de los pocos antecedentes que existen de denuncias penales hechas contra otros sacerdotes por conductas de pederastia quedó registrado durante el periodo de González Leal al frente del Poder Judicial del estado En un reportaje de Rodrigo Vera publicado en Proceso en el año 2001 –cuando comenzaron a desatarse los escándalos por abusos sexuales de sacerdotes en Estados Unidos y otras partes del mundo-- se hizo referencia a la denuncia hecha contra el sacerdote Juan Manzo Cárdenas, quien habría cometido abusos sexuales contra menores en la Casa Hogar del Niño Don Bosco durante 1994 Según información solicitada por la reportera a la Procuraduría de Justicia sobre este caso, la madre de una de las víctimas presentó una denuncia ante el Ministerio Público de León en julio de 1994 La averiguación previa fue turnada al juez III Penal (consignada bajo el número de proceso 320/94) Sin embargo, en octubre de ese año el juez negó la orden de aprehensión La PGJ apeló esa determinación Pero el 30 de noviembre, el magistrado de la segunda sala penal del Supremo Tribunal de Justicia –el guanajuatense Rafael Barba Crosby-- confirmó el dictamen del juez La Procuraduría no proporcionó más información sobre el seguimiento que dio al caso Sobre este caso la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos habría emitido una recomendación contra alguna de las autoridades involucradas en el proceso, a la que Apro tampoco tuvo acceso por decisión del ombudsman Manuel Vidaurri Aréchiga, a pesar del carácter público de las recomendaciones emitidas por el organismo El ombudsman alegó que la solicitante debía explicar cuál era la finalidad para la que se requería conocer dicha recomendación, por no ser una “parte interesada” en este asunto Respecto al actual proceso contra José Luis de María y Campos –cuyos datos ya fueron “borrados” de la página de la diócesis de León en internet, en su registro de sacerdotes--, el director de Control de Procesos de la Procuraduría aseguró que “se ha estado en permanente comunicación con las madres de los menores agraviados” para pedirles que tengan confianza, ya que “el asunto se va a manejar con todo profesionalismo” Aunque de entrada, la jueza Hernández Olvera reclasificó el delito de corrupción de menores en el caso de uno de los niños, al cambiarlo por “abusos erótico sexuales” Alfonso Martínez Arellano explicó que “para ella, respecto a uno de los 3 menores no se da la corrupción de menores, sino los abusos eróticos sexuales… que en el caso de este menor, como se dio en una sola ocasión, todavía en ese menor no había esa influencia para empezar a corromperse, por eso lo dejó en abusos erótico sexuales, que son sólo tocamientos” A pesar de esa decisión de la jueza, y de que una de las 3 madres involucradas en la denuncia no aceptó que examinaran a su hijo, tanto ellas como los niños continúan bajo tratamiento psicológico a cargo de la Coordinación de Atención a Víctimas Un tratamiento que, según han explicado las propias sicólogas a la madre de uno de los niños, requerirá de varios meses más