Transición y democracia judicial

viernes, 13 de mayo de 2005
México, D F, 12 de mayo (apro)- La transición a la democracia en México pasa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) El tránsito del régimen autoritario del PRI a uno democrático, se ha caracterizado por tener al máximo órgano del Poder Judicial como actor principal en la solución de problemas típicos del cambio de régimen, como el de las nuevas atribuciones de cada uno de los poderes y la solución de problemas del pasado Llamada a definir esas salidas dadas sus facultades de tribunal constitucional para dirimir diferencias entre los distintos poderes y niveles de gobierno, la SCJN es en este accidentado tránsito objeto de seducción de todos, pero ello bajo el riesgo de convertirse en resumidero de la inacción de quienes deben tomar decisiones políticas y asumir sus consecuencias La reforma constitucional de 1995, que le dio a la Corte ese carácter de árbitro, ha derivado en el fortalecimiento de un Poder Judicial que prácticamente durante todo el siglo XX fue un apéndice del poder presidencial El nuevo diseño institucional pronto empezó a funcionar Fue durante el gobierno de Ernesto Zedillo, autor de la reforma judicial, que la SCJN empezó a operar como tribunal constitucional Contrario al actual discurso oficial, que considera los cambios democráticos a partir del triunfo de Vicente Fox, la SCJN empezó a distanciarse de la esfera presidencial desde ese último gobierno del PRI Irónicamente, fue el propio Zedillo quien perdió una controversia constitucional interpuesta por el entonces gobernador de Tabasco y actual presidente del PRI, Roberto Madrazo, quien reclamó el derecho de su entidad, y no de las instancias federales, a revisar los gastos de su campaña electoral Una decisión que por lo demás le sirvió al expresidente para no escarbar en los estratosféricos gastos de las campañas del PRI en 1994, incluida la suya a Los Pinos Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se revelaron pronto como instrumentos del ejercicio democrático entre los distintos poderes y niveles de gobierno, pero inevitablemente se convirtieron también en una salida fácil de la clase política mexicana para soslayar, legalmente, sus responsabilidades Algunos ministros de la SCJN han dejado correr en los pasillos del máximo tribunal su inconformidad, no por la carga de asuntos que les han enviado partidos políticos, gobernadores, presidentes municipales o legisladores, sino por el recurso fácil de enviar a la Corte todo lo que por incapacidad y altura de miras no quiere o no puede resolver la clase política Otros más, sin dejar de ser comedidos, ya han empezado a apelar en las sesiones del pleno a la responsabilidad política de los poderes Ejecutivo y Judicial, como ocurrió esta semana a propósito de las discusiones sobre las facultades de ambos en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación A diferencia de otras transiciones democráticas, donde el cambio de régimen se ha conducido en el Congreso a partir de acuerdos entre los partidos bajo la guía del titular del Ejecutivo, asumido como jefe de Estado y no como cabeza de partido, en México la SCJN ha tenido que resolver parcialmente, o está por hacerlo, algunos de los temas centrales de la transición Problema clave en la superación de un régimen autoritario es el de las violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado En Chile, donde los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura del general Augusto Pinochet superaron con creces a los ocurridos en México, la solución, aunque limitada en un primer momento, se logró a partir de una decisión política de la clase gobernante El gobierno de entonces asumió el costo de investigar e intentar procesar a los responsables de tales crímenes, no sólo ante la oposición derechista, sino fundamentalmente ante el Ejército, encabezado todavía entonces por el propio Pinochet Aquí, el gobierno de Fox optó por dejarle a la Corte esa tarea aún pendiente de ser resuelta por los ministros Aunque estamos lejos de vivir en “un gobierno de los jueces”, a la naciente democracia mexicana le falta verdadero quehacer político y le sobran juicios resueltos por once sabios Comentarios: jcarrasco@procesocommx

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