Santiago de Chile, 23 de mayo (apro) - Después de dos años en que las “batallas del gas” han ocupado la agenda política, social y económica en Bolivia, el Senado promulgó el pasado 17 de mayo la nueva Ley de Hidrocarburos, con la que se espera se tripliquen los ingresos fiscales por conceptos de impuestos y regalías que pagan las empresas que explotan petróleo y gas en este país sudamericano Dicha ley fue ratificada por el Congreso y enviada al presidente Carlos Mesa el pasado 7 de mayo, pero Mesa no quería promulgarlo Lo consideraba “confiscatorio” Argumentó que su puesta en marcha derivaría en demandas contra el Estado por parte de las transnacionales petroleras Con la mente puesta en el objetivo de impedir la promulgación de la citada ley, Mesa le hizo un “veto conceptual” (figura jurídica no contemplada por la Constitución boliviana) y devolvió el proyecto a la Cámara de Diputados sin hacer precisiones específicas Al mismo tiempo convocó para el 16 de mayo a una “Cumbre por la Unidad del País” que buscaba hacer modificaciones a la mencionada ley Invitó a esta reunión a las cabezas de los poderes Legislativo, Judicial, así como a representantes municipales y empresariales El llamado lo realizó el martes 10 a través de una cadena de televisión En su discurso señaló que el proyecto emanado del Congreso “pone en riesgo la unidad del país”, y aludió a controversias en las cantidades de recursos asignadas a cada región y a la resistencia del empresariado de la región de Santa Cruz a la citada normativa La negativa del Congreso y de la Corte Suprema a participar le quitó el piso a la reunión, la cual finalmente no se realizó El martes 16 Mesa, a quien se le acababa el plazo legal de 10 días estipulado por la Constitución para pronunciarse, tuvo que decidir si promulgaba, vetaba, hacía observaciones, o devolvía la Ley sin modificaciones al Senado para que éste la promulgara Esto último fue lo que hizo Así, le correspondió al presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, promulgar la ley, lo que hizo en una reunión del Congreso dos horas después de que el proyecto llegó de vuelta a su despacho En su discurso, que fue interrumpido, tanto por aplausos como por expresiones de rechazo, Vaca expresó: “No voy a tomar ni un mes ni un año para tomar una decisión ¡Gobernar es decidir y no eludir responsabilidades! ¡Gobernar es decidir, aunque a veces el pueblo no entienda lo patriótico de una decisión!" La opción de Mesa de no pronunciarse respecto de la Ley delegando la responsabilidad al Senado, resultó sorpresiva, porque con anterioridad la había definido como “suicida”; y adelantó que si ésta llegaba a su despacho, la vetaría En su decisión (o indecisión) tuvo mucho que ver la enorme presión social de grupos de mineros, campesinos, profesores y estudiantes de diversas regiones del país, que en los días previos avanzaron sobre La Paz y realizaron bloqueos de caminos que amenazaban con convertir en ingobernable el país La Ley La recientemente estrenada Ley de Hidrocarburos mantiene las regalías de 18% vigentes en la actualidad, pero incorpora un impuesto de 32 por ciento no deducible, con lo que el Estado boliviano recaudará alrededor de 50% de los mil 100 millones de dólares que anualmente facturan las empresas que explotan petróleo y gas en este país sudamericano El nuevo marco legal obliga a las empresas de hidrocarburos a “migrar” hacia tres nuevas formas de contratos: producción compartida, asociación y operación Así mismo, la nueva ley da nuevas y mayores atribuciones a la estatal Yacimientos Petrolíferos Estatales Bolivianos (YPFB), la que supervisará todas las etapas del proceso de extracción, además de incentivar su participación en la comercialización e industrialización de los recursos que se extraigan Entre los puntos que el gobierno de Mesa rechazaba destaca el relativo a la obligatoriedad de la “migración” de contratos, debido a que estimaba que los ya vigentes debían adecuarse a la nueva ley y no ser reemplazados por otros, porque esto expondría al Estado boliviano a juicios internacionales Mesa también rechazaba el nuevo aumento de un 32%, debido a que, sumados a regalías y otros impuestos --como el del 25 por ciento a las ganancias--, supondrá una carga tributaria superior al 50%, lo que, a su entender, resulta excesivo y pone en riesgo nuevas inversiones Los grupos empresariales agrupados en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) rechazaron la nueva ley El presidente del organismo, Raúl Kieffer, expresó la “preocupación y frustración” de las empresas que él representa Señaló que éstas permanecerán en el país; pero detendrán los planes de inversión que habían presupuestado; y advirtió: “no habrá más exploración petrolera” Entre los proyectos que, a su entender, se suspenderán se cuenta el gaseoducto que estaba por construirse y que llevaría gas a Argentina, así como la planta petroquímica que se construiría en la frontera con Brasil A pesar de que la ley se aprobó, las protestas de los movimientos sociales han continuado Las asambleas vecinales del Alto (ciudad vecina a La Paz) pidieron nacionalizar los hidrocarburos, expulsar a las empresas transnacionales, la salida del presidente y el cierre del Parlamento Señalan que la nueva ley reconoce contratos entre el Estado boliviano y las transnacionales que el Tribunal Constitucional había declarado nulos por no contar con el aval del Congreso El Movimiento al Socialismo (MAS), principal partido del país, desestimó la posibilidad de pedir la renuncia de Mesa, pero manifestó que impulsará modificaciones a la ley recién aprobada, como la que busca aumentar las regalías a un 50%, o la que pretende que se incorpore el derecho de los pueblos indígenas de aceptar o rechazar proyectos petrolíferos que se construyan en sus territorios Octubre vs junio Aunque el tema del gas seguirá ocupando un lugar central en las preocupaciones de los actores políticos bolivianos, luego de la aprobación de la Ley de Hidrocarburos el debate rápidamente se va canalizando hacia problemáticas aún más profundas que las surgidas por la distribución de las riquezas naturales Y éstas tienen que ver con la estructura social, la constitución histórica, incluso la viabilidad de este mediterráneo país sudamericano En los últimos días se ha podido ver en Santa Cruz de la Sierra que las demandas autonómicas y/o independientistas, impulsadas fundamentalmente por el empresariado y las transnacionales allí instaladas, están encontrando el terreno apropiado para desplegarse con toda su fuerza El conjunto de exigencias cruceñas, que son conocidas como la “agenda de junio”, debido a que en ese mes del año pasado los comités cívicos de Santa Cruz las hicieron públicas, son fuertemente resistidas en el occidente boliviano (La Paz, Oruro, Potosí), debido a que es en Santa Cruz y Tarija donde se concentran las grandes reservas de hidrocarburos En el altiplánico occidente, donde los movimientos indígenas y campesinos llevan la batuta, los deseos de refundación del país, de redistribución de la riqueza y de construcción de un nuevo orden social son los que priman Los grupos que impulsan estas transformaciones, que se han sido definidas como la “agenda de octubre”, por la fecha en que campesinos e indígenas derrocaron a Sánchez de Losada, abogan por realizar una asamblea constituyente, para exigir al gobierno y al parlamento que sea en el contexto de esta asamblea y de una nueva constitución que se vea el tema de las autonomías Pero el Comité Cívico de Santa Cruz no tiene interés en reconstruir el orden social, proceso que ven como una amenaza a la histórica dominación que los blancos han tenido sobre los pueblos originarios Lo ocurrido el pasado jueves 19, cuando en la Cámara de Diputados se discutía sobre la realización del referéndum de autonomías, grafica muy bien la polarización existente Ese día, luego de aprobarse “en general” la realización de esta consulta, la sesión tuvo que ser suspendida debido a serios incidentes que hubo tanto dentro como afuera del Parlamento La controversia dentro del recinto fue “gatillada” por las palabras del diputado oriental Willman Cardozo, quien señaló: “El centralismo absorbente y parasitario se comió (en el pasado) la riqueza de Potosí y Oruro, y ahora viene disfrazado con plumas a hacer lo mismo” Ello provocó la inmediata reacción de tres diputadas indígenas que visten a la usanza tradicional y que se abalanzaron sobre Cardozo, provocando sucesivos conatos que impidieron que la sesión continuara y que se pudiera fijar una fecha para el referendo Por otra parte, en las afueras del edificio del Congreso, centenares de vecinos del Alto y militantes de la Confederación Obrera boliviana pujaban con la Policía por entrar al parlamento amenazando con llamar a medio millar de mineros que, con cartuchos de dinamita, esperaban el curso de los acontecimientos a pocas cuadras del lugar Estos grupos querían que se suspendiera la discusión sobre las autonomías y que el parlamento discutiera a la brevedad respecto de la realización de la asamblea constituyente Los debates sobre el referéndum, que los representantes de Santa Cruz esperan se realice el 12 de agosto, en conjunto con las elecciones de prefectos provinciales, se postergaron una semana Es incierta su realización debido a que el Comité Cívico de Santa Cruz decidió el mismo jueves 19, convocar solo al referéndum, más allá de lo que decida el Congreso, lo que implica un desconocimiento de la institucionalidad Ante este anuncio, el jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Aranda, advirtió que “cualquier manifestación que surja en las regiones no puede hacerse con demostraciones de hecho (Y si ocurriera) la vamos a controlar” El politólogo y profesor de la Universidad Católica de Bolivia, Jorge Lazarte, expresó a Apro que en el país “existe una amenaza de fragmentación”, que se ve acentuada debido “a que la construcción de la nación y el Estado boliviano es un proceso histórico inconcluso” Respecto de la convocatoria de un referéndum en Santa Cruz dijo “que desde el punto de vista normativo es inconstitucional; desde el punto de vista logístico, es inviable; y desde el político, puede ser desastroso” Señala que “hasta ahora las Fuerzas Armadas han dejado pasar varias crisis, pero la actual es mucho más grave que todas las anteriores porque afecta la integridad territorial del país, (situación) que puede agravarse por enfrentamientos étnicos y culturales, por lo que las Fuerzas Armadas, en tanto garantes de la unidad del país, se verán obligadas a intervenir” Lazarte define la situación actual de Bolivia como de “fragmentación interna incontrolada, donde todas las fuerzas centrifugas están desatadas, y, en ausencia de límites normativos y de un gobierno fuerte, están abandonadas a su propia dinámica, lo que está poniendo al país en una situación de entropía generalizada”