Pachuca, Hgo , 2 de mayo (apro)- Luego de las revelaciones dadas a conocer por Apro sobre el tráfico y la venta de 10 mil concesiones de taxi entregadas sin control durante la pasada gestión, diversos grupos de transportistas han emprendido su protesta por esta acción El denominado Grupo 302, quien se diera a conocer por la oposición a la misma iniciativa que diera a conocer el gobierno estatal y que limitaba su operación, ahora ha manifestado su repudio “por la corrupción” que –sostienen-- se dio en la gestión de Manuel Ángel Núñez Soto, y que propició el otorgamiento de concesiones, ampliaciones y creación de rutas fuera de todo ordenamiento técnico y legal Ante esta situación, Vianey Acosta Santos y Arturo Gil Borja, asesores legales de este Grupo 302, explicarán este martes los conflictos que ha generado esta compra y venta ilegal de concesiones “por seudolíderes y autodenominados dirigentes del transporte en todo el estado” A esta inconformidad se han sumado organizaciones como la Federación Única de Permisionarios y Concesionarios de Hidalgo (Fupech), al denunciar que fueron excluidos de la entrega de estos títulos que tuvieron una entrega selectiva al haber sido privilegiados los dirigentes del transporte como la FUTV, quienes son “consentidos” del gobierno Ahí mismo, los inconformes abordarán la propuesta para la realización de los foros regionales en los que se tratarán los problemas de transporte público en las tres zonas metropolitanas de la entidad De acuerdo con diversos testimonios, esta venta indiscriminada de concesiones se realizó en el sigilo, y participaron como beneficiarios diversos exfuncionarios estatales, quienes recibieron aquéllas como pagos, incluido el exdirector del Instituto Estatal del Transporte (IET), Medardo Vicente Becerril Jiménez Incluso, hasta particulares que nada tenían que ver con el transporte alcanzaron una concesión para taxi, luego de pagar los 200 mil pesos en que se estaban vendiendo las placas, dejando sin oportunidad a decenas de choferes que esperaban su permiso Los asesores de la organización han adelantado que protestarán por este uso ilegal de las instituciones que sirvió para beneficiar a unos cuantos y dejar un nuevo desorden en el transporte público hidalguense