Preocupa al Prodh la resolución de la SCJN sobre genocidio

viernes, 17 de junio de 2005
* Lamenta que los delitos de lesa humanidad sean tratados bajo normas procesales de derecho interno México, D F, 16 de junio (apro)- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó de preocupante la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a los eventos ocurridos el 10 de junio de 1971 Más aún: lamentó que el resolutivo de la Primera Sala haya sido excluyente de los estándares de protección más altos en materia de derechos humanos, porque delitos considerados de lesa humanidad en el ámbito internacional continúan siendo tratados bajo normas procesales de derecho interno El doctor David Velasco Yáñez, director del Prodh, destacó que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece en su artículo 27 que los Estados firmantes "no podrán invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado" Para el Prodh, el argumento dado por la SCJN respecto a la imposibilidad de aplicar retroactivamente la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los de lesa humanidad, es inaplicable porque este instrumento únicamente reafirma el principio ya existente en la comunidad internacional, el cual plasmaba el repudio en contra de estos delitos que afectaran a la comunidad entera Un sistema de justicia acorde a un Estado democrático, requiere establecer medidas de prevención en favor de los bienes jurídicamente tutelados, como son la vida, la libertad, la integridad y seguridad personal, así como la justicia, por mencionar algunos; además de garantizar que toda violación a los derechos fundamentales, será sancionada con el fin de evitar condiciones de impunidad que permitan su repetición, subrayó Por ello, sostuvo que "es necesario resaltar e imposible olvidar, que el contexto en que sucedieron tan aberrantes hechos fue dentro de un patrón de ataque sistemático contra la población civil, planeado, ordenado, ejecutado y tolerado desde los más altos niveles de poder en la época, que indiscutiblemente encuadran al genocidio como un delito de lesa humanidad, y por lo tanto es imprescriptible por naturaleza" La SCJN alegó que el Estado mexicano había establecido una declaración interpretativa en cuanto a que sólo podría aplicarse a los crímenes cometidos con fecha posterior a su ratificación, lo que evidentemente contraviene el espíritu de su creación y reniega otorgar una mayor protección a las víctimas sobrevivientes, familiares y sociedad en general, a quien está obligado a rendir cuentas por los delitos del pasado, precisó el doctor Velasco Yáñez Por esa razón, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano "reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos como eje fundamental de la misma, y reconocer a los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a los órdenes normativos federal y locales, con el señalamiento expreso de que todos los poderes públicos se someterán a dicho orden internacional cuando éste confiera mayor protección a las personas que la Constitución o los ordenamientos derivados de ella Además, establecer un programa para el retiro de las reservas y declaraciones interpretativas y ratificar los tratados internacionales pendientes en materia de derechos humanos" El director del Prodh destacó que el argumento jurídico dentro del ámbito nacional que en esta ocasión permitirá que Luis Echeverría y Mario Moya Palencia sean procesados judicialmente, no garantiza que elementos castrenses involucrados y responsables por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la denominada guerra sucia, sean procesados y llevados a juicio Dijo que al no contar con un fuero, al igual que las autoridades civiles, no habría pretexto para recorrer el término de la prescripción, y el tiempo empezaría a correr desde el momento en que ocurrieron los hechos En ese sentido, apuntó que la obligación del Estado mexicano, en sus tres niveles de poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de realizar una investigación a fondo sobre los aberrantes crímenes cometidos en el pasado, luego de más de tres décadas, sigue estando pendiente Un verdadero Estado de derecho jamás podrá construirse sobre la base de la impunidad, puntualizó

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