* Ubica responsabilidad de agentes en la desaparición de tres personas, en 2001 México, D F, 1 de junio (apro)- Por la desaparición de Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez, quienes fueron detenidos en junio de 2001 por presuntos judiciales estatales y federales --y desde entonces se desconoce su paradero--, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su recomendación 9/05, dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno de Colima, El ombudsman nacional precisó que las evidencias reunidas están contenidas en 16 mil 413 fojas, que integran 55 tomos, sobre la desaparición forzada de eses personas Indicó que como parte de la indagatoria, la CNDH realizó 50 entrevistas, en las que logró testimonios de servidores públicos federales, estatales y municipales, así como de familiares, amigos y vecinos de los agraviados Con todo ello, la CNDH pudo establecer que la desaparición fue ejecutada o tolerada por servidores públicos Según testimonios, el 30 de junio de 2001, Jesús González Medina fue privado de su libertad por un hombre que se identificó como "policía judicial", y que lo ubicó en las inmediaciones de su domicilio, en la colonia Placetas Estadio, de la ciudad de Colima Acto seguido, el hoy desaparecido fue trasladado a un paraje cercano, donde permaneció inconsciente bajo la custodia de cuando menos nueve sujetos, dos de los cuales fueron debidamente identificados, mediante fotografías, como elementos de la Procuraduría de Colima Así mismo, los testigos identificaron a otros tres presuntos responsables, también adscritos a la misma dependencia, quienes de manera conjunta se abstuvieron de presentar al hoy desaparecido ante la autoridad competente, con lo que éste no pudo hacer valer los medios de defensa en caso que se le imputara algún delito Con González Medina también fueron detenidos Alejandro Martínez Dueñas y Gabriel Sánchez, por quienes se identificaron como agentes de la exPolicía Judicial Federal (PJF) La hermana de Martínez Dueñas presentó escrito de queja ante la CNDH el 27 de julio de 2001, y señaló que ante la falta de noticias de su hermano, se entrevistó en su oportunidad con el entonces procurador local, quien le manifestó que el caso era del orden federal, ya que estaba involucrado en un asunto de falsificación de billetes Al gobernador de Colima, la CNDH le solicita: instruya al procurador local para evitar se evadan de la acción de la justicia los tres servidores públicos plenamente identificados Intervenga el Órgano de Control Interno para que investigue las acciones y omisiones de esos funcionarios, y se dé a la CNDH cuenta puntual de los resultados Se tomen las medidas necesarias para lograr la reparación del daño a los agraviados También, se instruya a los funcionarios de la Procuraduría estatal encargados de hacer cumplir la ley Así mismo, la CNDH solicita al titular de la PGR dé la intervención que legalmente le corresponda al Órgano de Control Interno de esa dependencia, a fin de que investigue a los servidores públicos involucrados en las acciones y omisiones referidas, y se dé cuenta puntual de las actuaciones Con independencia de que les resulte responsabilidad a esos servidores públicos, se dé vista a la representación social de la Federación, a fin de que inicie una averiguación previa en contra de los mismos y se investiguen las posibles conductas antijurídicas en que incurrieron en el ejercicio de sus funciones Se fomente la actualización para todos los servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la integración de averiguaciones previas, con la finalidad de que se cumpla la imperiosa necesidad que tiene la institución del MP, de ajustar sus actuaciones a la legislación penal Al gobernador de Colima y al procurador general de la República, la CNDH hace la siguiente petición: Se cree un grupo de trabajo integrado por agentes del MP, tanto de la Federación como de la Procuraduría local, con la finalidad de que conjuntamente se avance en las investigaciones, hasta lograr la correcta integración de la indagatoria, ante la gravedad de los hechos que dieron origen a la presente recomendación, con el propósito de que no se retrase más ni se entorpezca la debida integración de la averiguación previa, misma que se encuentra abierta