* La propuesta de Fox carece de mecanismos para vigilar abusos de agentes, denuncia México, D F, 14 de julio (apro) - Ante la intención del presidente Vicente Fox, y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que participan, entre otros, el secretario de la Defensa Nacional y el de Marina, de crear una gran fuerza de policía con amplios poderes discrecionales, el futuro sobre la problemática en México se antoja incierto, por decir lo menos, afirma el Informe especial 2004-2005, "Seguridad pública, ¿represión o protección", elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) En los hechos, advierte, el proyecto se echó a andar sin consolidar mecanismos internos o externos de supervisión con los cuales vigilar y abordar abusos y deficiencias "La corrupción, la incompetencia y los abusos están profundamente arraigados en muchas fuerzas de policía", subraya El documento elaborado por el Prodh señala que el paquete de reformas resentado por el Poder Ejecutivo en marzo del año pasado en materia de seguridad pública, propone la unificación de las policías bajo una única Secretaría del Interior, con lo que se acabaría la separación entre la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP), y se facultaría a toda la nueva policía federal para realizar tareas de investigación En ese sentido, las propuestas de reformas otorgan a la Policía Federal autonomía operativa para recibir denuncias de probables delitos, incluso anónimas, y realizar investigaciones iniciales con independencia del Ministerio Público, aunque habrá una autoridad de éste sobre aquélla; es decir, la tendencia es que la policía tenga una estructura y mando paralelo al MP, impidiendo que este último controle su actuación Según la propuesta, el objetivo central es hacer eficientes las investigaciones criminales, mejorar los sistemas de coordinación y crear una policía profesional, que rinda cuentas a una sola autoridad ejecutiva Sin embargo, Amnistía Internacional (AI) considera que existen una serie de riesgos que no se han tenido debidamente en cuenta en las propuestas En primer lugar, la compleja relación entre el MP y la policía se califica de "funcional", ambiguo término que puede generar confusión; falta de una cadena de mando, y menor rendición de cuentas En segundo término, la enorme ampliación de las funciones de toda la policía en materia de investigación puede animar a ésta a adecuar las estrategias de investigación a las necesidades de seguridad, y falsear las pruebas presentadas a los agentes del MP Y más aún, la falta de autoridad clara sobre la policía y la escasez de medios para verificar el material de la averiguación previa, o ambos factores, pueden hacer a los agentes del MP excesivamente dependientes de la nueva policía, e incapaces de someter su trabajo a un escrutinio efectivo En ese sentido, el Prodh advierte que las Fuerzas Armadas mexicanas y las estructuras de seguridad pública tienen ante sí grandes retos El más importante es poder afrontar y asimilar las nuevas realidades que vive México "Nos estamos enfrentando ante una estrategia que modifica profundamente la doctrina garantista, a una de ley y orden que implica los cambios en las estructuras de política exterior, seguridad y defensa, a fin de lograr adaptarlas a las nuevas realidades y presiones de Estados Unidos, que se ha consolidado como la potencia-imperio líder del planeta; México es su vecino y ello implica serios riesgos para el disfrute de las libertades civiles y los derechos humanos" Añade que la vecindad obliga a mantener relaciones constantes, y México se vuelve vital para Estados Unidos, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001 Para Estados Unidos, nuestro país debe gozar de estabilidad, y muchas instituciones de seguridad, inteligencia y defensa mexicanas se preparan para ello, a cualquier costo, dice el Prodh Una policía autónoma y militarizada, en las condiciones actuales de nuestra vida política crispada, presenta diversos riesgos a considerar, específicamente en el campo de los derechos humanos, advierte el estudio Advierte que antes que dar mayores facultades a la actuación policiaca, debe acabarse con la práctica sistemática de la tortura hasta ahora utilizada como un medio de investigación criminal; las detenciones ilegales y arbitrarias, como mecanismo represor utilizado contra luchadores sociales, y la impunidad perpetuada con la jurisdicción militar El documento destaca que "el régimen foxista está aprobando el examen impuesto por Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre, que lo conduce a ´graduarse´ como una nación que se inserta con éxito en el nuevo orden global impuesto" Sin embargo, precisa que, en la otra cara de la moneda, se observa la continua desigualdad y encono social, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la parálisis de la reforma del Estado prometida pero no realizada por Fox En lo que concierne a las estructuras de seguridad nacional y seguridad pública, sostiene que se mantiene una clara intención de ampliar facultades discrecionales que pudieran convertirse en estructuras de represión social y política Existe una contradicción en las reformas al sistema de justicia penal y seguridad pública: por un lado, las presentan como una reforma bondadosa en términos de derechos humanos (reconocimiento constitucional a la presunción de inocencia, derechos de las víctimas, instauración de un sistema penal acusatorio con garantías al debido proceso, que si bien son perfectibles en la propuesta de Fox) y, por el otro, se incrementa la acumulación de poder a las Fuerzas Armadas, situación que pone en riesgo al Estado mismo y su avance democrático Por último, precisa que el origen de estas reformas es parcial e inacabado, y es posible que en contra de todas las buenas intenciones que las nutren, pasen a la historia más como adecuaciones parciales y como complicados maquillajes para responder a los políticos del país, que como nuevos paradigmas capaces de construir nuevas formas de relaciones sociales y mecanismos eficaces de acceso a la justicia