Desde el inicio de su gobierno en Oaxaca, Ulises Ruiz confirma la etiqueta de heredero de José Murat: más de 70% de su gabinete está formado con exfuncionarios de su antecesor Para el estado, sin embargo, esa sombra política tiene consecuencias de mayor alcance, pues se traduce en la continuación y el agravamiento de los conflictos agrarios, sociales y partidistas Y apenas lleva seis meses OAXACA, OAX- El gobierno de Ulises Ruiz ha convertido el estado en "territorio minado", dice Minerva Nora Martínez Lázaro en representación del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, y coinciden con ella políticos opositores y diversas organizaciones civiles Al solicitarle su opinión sobre la problemática del estado a seis meses del arribo del priista a la gubernatura, el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, advirtió que "la falta de atención puede provocar un levantamiento de grupos indígenas" Y el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, señaló que en Oaxaca "se reprimen las luchas justas y sus procesos" Según la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), las elecciones estatales de 2004 abrieron una extraordinaria coyuntura política en la entidad y conformaron un escenario que hasta ahora se ha caracterizado por la división y el conflicto heredados de la administración de José Murat, el quebrantamiento de la legalidad, las disputas por el poder político y la represión de los movimientos sociales Incluso Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han alertado acerca de las posibles consecuencias de los conflictos en la entidad y emitieron recomendaciones a la autoridad local Al respecto, el encargado de investigaciones de AI en México, Rupert Knox, dice haber detectado en Oaxaca la nula división de poderes, violación de derechos humanos, aplicación parcial de la ley, negación de defensa jurídica a detenidos, persecución de líderes sociales, campañas gubernamentales para desprestigiar a dirigentes sociales, apatía ante conflictos en las comunidades y desconocimiento de las autoridades judiciales de tratados internacionales en materia de derechos humanos Y es que hasta el momento los movimientos por la defensa de la tierra y los derechos políticos han tenido como resultado 27 muertos, 49 heridos y 31 detenidos, así como 64 funcionarios y policías retenidos, más un policía linchado Además, en Oaxaca se han instalado ya cinco ayuntamientos populares; hay protestas y marchas frecuentes de maestros y de otras agrupaciones; la Iglesia católica encabezó hace meses una procesión de desagravio por presuntos ataques en su contra (14 robos a templos, según el Arzobispado); se clausuró de manera simbólica la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y se ha denunciado la persecución y el hostigamiento contra organizaciones civiles y el periódico Noticias El Colectivo por la Democracia (CD), que agrupa a 24 organizaciones, afirma a su vez que en los últimos años las violaciones a los derechos humanos se han acentuado en Oaxaca, situación que ha empeorado a partir del gobierno de Ulises Ruiz En un comunicado, el CD asegura que el mandatario está pasando por alto las leyes, lo que "ha ocasionado que durante estos últimos meses la sociedad oaxaqueña esté presenciando, con asombro y perplejidad, conflictos sociales y políticos con desenlaces violentos, deterioro de la convivencia en los municipios del estado, persecución a dirigentes políticos, represión a medios de comunicación independientes, violencia contra las mujeres, una afrenta nunca antes vista contra la Iglesia católica y una sórdida confrontación entre grupos políticos" Agrega: "En el primer semestre de la actual administración se registraron 15 asesinatos por motivos políticos; el año pasado se denunciaron 46 feminicidios, y en lo que va del presente año se han revelado 11; por otro lado, en tan sólo cuatro meses se produjo el asalto y robo en 14 templos católicos, seguidos de agresiones contra sacerdotes comprometidos" De acuerdo con un análisis elaborado por 58 organizaciones no gubernamentales (entre ellas la red Todos los Derechos para Todos, Convergencia de Organismos Civiles, Movimiento Ciudadano por la Democracia, Alianza Cívica, además de ONG de Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Morelos y el Distrito Federal), "los crímenes políticos, los enfrentamientos comunitarios, las detenciones injustas y la criminalización de la lucha social son signos fehacientes de que en el estado de Oaxaca se vive en la inestabilidad política y, como consecuencia, en la ingobernabilidad" Pero el gobernador descalifica estos informes Antes de la visita del relator de asuntos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Zaquelett, Ulises Ruiz se burló: "Lo vamos a recibir y le vamos a invitar un tasajo y chapulines, para que nos ayude a revisar las cosas" Y cuando la prensa le pregunta por el acoso contra líderes sociales, contesta que "la única persecución que hay en Oaxaca es a los secretarios de Estado y al presidente Fox para que lleguen más presupuestos a Oaxaca" El coordinador de Comunicación Social, Héctor Pablo Ramírez Leyva, declaró a los medios locales que si al terminar la gestión de Ulises Ruiz "somos señalados como un gobierno represor por haber cumplido la ley, por haber tratado de que no se afecten los derechos de terceros pues ni modo, seremos un gobierno represor" Al pedírsele su opinión, el excandidato a la gubernatura por la Coalición Todos Somos Oaxaca (PAN, PRD y Convergencia), Gabino Cué Monteagudo, afirma que Ruiz administra el estado a capricho del exgobernador José Murat "Ulises no tiene tiempo Está trabajando desde ahora para la campaña de Roberto Madrazo" A principios de este año el Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadunidenses emitieron sendos informes en los que previenen sobre la inestabilidad y la violencia política en el sur de México "El burro hablando de orejas", respondió Ruiz para desestimar a su estilo las advertencias La sombra de Murat De acuerdo con el análisis de Educa, el vacío de poder se explica por dos razones: Ulises Ruiz Ortiz llegó a la gubernatura en medio de un cuestionamiento muy severo a su triunfo en la elección, lo que dividió a la sociedad oaxaqueña y desgastó a todos los actores políticos, pero en particular al grupo en el poder La segunda razón es el vínculo de la administración actual con la pasada Murat colocó en posiciones estratégicas del nuevo gobierno a funcionarios leales a su proyecto político, lo que genera problemas en el ejercicio de la función pública, aunados a un conflicto de imagen para el gobierno incipiente: "A la inexperiencia política del gobierno de Ulises Ruiz se suma el enorme desprestigio de la administración de José Murat, acusado de corrupción, fraude, falta de transparencia, persecución política y hasta de fraguar un autoatentado La falta de un claro deslinde político con la administración pasada amenaza con nulificar el ejercicio de gobierno de Ulises Ruiz", dice el documento de Educa La organización se basa en datos: 70% del gabinete de Ulises Ruiz formó parte del de José Murat o fue impuesto por él Por ejemplo, Bulmaro Rito Salinas, exsecretario particular de Murat, es el actual presidente del Congreso local; el secretario de Finanzas del gobierno muratista, Guillermo Megchum, es ahora contador mayor de Hacienda en la LIX Legislatura local; el exprocurador de Justicia estatal, Rogelio Chagoya Romero, es ahora oficial mayor del Congreso estatal, y el exsecretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud, fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Además, el exjefe de la escolta de Murat, Manuel Moreno Rivas, fue nombrado director de la Policía Ministerial, y el exsecretario de Protección Ciudadana es el director estatal de Seguridad Pública La secretaria del Transporte repitió en el cargo Beatriz Salinas Avilés, presidenta del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, califica al gobierno del estado como itinerante, oscuro y clandestino "Sin rostro político", Ulises Ruiz "como que anda a salto de mata" debido al cambio de la sede de los poderes Para Minerva Nora Martínez Lázaro, del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, el traslado "refleja que el gobierno tiene miedo de dar la cara, que no le interesan los problemas del pueblo" Sin embargo, el peor balance es el de la violencia En principio, los conflictos poselectorales y las demandas sociales culminaron en encarcelamientos y en la "represión institucional" El número de las víctimas de los conflictos políticos registrados tan sólo en enero pasado es revelador: nueve muertos -dos priistas, dos del Partido Unidad Popular, cuatro del PRD y un policía preventivo-, 15 heridos de gravedad, más de 100 personas retenidas en palacios municipales, cuatro alcaldías tomadas y una incendiada, cinco vehículos quemados y la fracasada persecución judicial contra Gabino Cué, Agustín Sosa (líder del Frente Único Huautleco) y el diputado panista Guillermo Zavaleta Dentro de esta cadena de inestabilidad se incluyen, por la violencia que podrían provocar, el robo al santuario de Juquila y el secuestro del sacerdote Alberto Pacheco A raíz de este hecho, el gobierno estadunidense emitió una recomendación para sus conciudadanos que viajan a territorio mexicano, debido a la inseguridad en Oaxaca, Guerrero y Chiapas Costo social Debido a los conflictos en los municipios de Santa Catarina Juquila, San Blas Atempa, Jalapa del Marqués, San Juan Lalana y Mazatlán Villa de Flores, se instalaron ayuntamientos populares En Juquila el resultado fue de dos muertos y 69 detenidos, más la toma del "Pedimento", un espacio religioso del santuario de la Virgen Tras un acuerdo político, sólo tres personas permanecen detenidas En San Blas Atempa, el palacio municipal y cinco vehículos oficiales fueron incendiados Hubo cinco heridos y tres perredistas detenidos En el desalojo del municipio de Jalapa del Marqués varias personas resultaron golpeadas En San Juan Lalana, la policía detuvo a 19 integrantes del ayuntamiento popular, a los que el gobierno engañó invitándolos a la capital para iniciar negociaciones Para colmo, los pobladores de Santa Cruz Nundaco se enfrentaron con los de San Isidro Vista Hermosa el lunes 4 de julio El resultado: tres heridos y 38 retenidos, entre ellos 16 niños No es todo En los primeros tres meses del gobierno de Ruiz, las cárceles se llenaron de presos políticos, como Abraham Ramírez, Juventino y Noel García Cruz (pobladores de Santiago Xanica); Alejandro Cruz López, Jacqueline López Almazán y Samuel Hernández Morales (pertenecientes a la Coordinadora Magonista Popular Antineoliberal, al Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo y al Frente Civil de la Sierra Sur, respectivamente), quienes fueron detenidos enfrente de visitadores de la CNDH en las oficinas del gobierno, a donde habían sido citados para dialogar a petición del ombudsman nacional También fueron apresados Daniel Martínez Dolores (presidente del ayuntamiento popular de San Juan Lalana), Agustín Sosa Ortega (del Frente Único Huautleco) y Mario Lorenzana de la Cruz (presidente del ayuntamiento popular de Mazatlán Villa de Flores), así como Miguel González Aquino y Santiago González (del Frente Popular Revolucionario) Esas detenciones provocaron marchas masivas encabezadas por el magisterio de Oaxaca, que presionaron para que la mayoría de los activistas quedaran en libertad La disputa de tierras ha derivado en enfrentamientos o en emboscadas en la Sierra Sur, la Costa, la Mixteca y el Papaloapan Hasta el momento se cuentan en esas zonas al menos siete muertos, siete heridos, 60 familias desalojadas y cinco casas incendiadas Además, las autoridades municipales afiliadas a la Organización Agraria Municipal de los Pueblos Indígenas de la Mixteca (OAMPIM) han sido amenazadas con el desalojo En su campaña, Ulises Ruiz prometió que no toleraría una sola marcha, plantón o bloqueo carretero Sin embargo, las manifestaciones de descontento se han incrementado pese a que algunas han sido controladas mediante policías antimotines y perros adiestrados (Con información de María Scherer Ibarra)